Tegucigalpa, Honduras
Policías al servicio de maras que se han enriquecido con dinero de la extorsión se han convertido en el principal obstáculo y amenaza de la Comisión Especial de Depuración de la Policía Nacional.
Los depuradores han enfrentado una serie de obstáculos para sacar de la institución armada a estos elementos corruptos porque no han llegado a un consenso para emitir los acuerdos por temor a represalias, confió a EL HERALDO una fuente de entero crédito.
Las pesquisas que han hecho los miembros de la Comisión establecen que un grupo de oficiales ha trabajado desde hace varios años con pandilleros, tanto con la Mara Salvatrucha (MS-13) como Barrio 18, para brindarles protección y participar en sus operaciones ilícitas.
La colusión de los elementos con los pandilleros ha generado que se conviertan en millonarios y que no tengan ninguna otra actividad comercial paralela que justifique esas fortunas.
“Existen casos de policías que trabajan con maras, son casi pandilleros, y cobran extorsión. Algunos tiene tres, cuatro y hasta cinco millones de lempiras y no lo pueden justificar”, explicó la fuente.
También existen sospechas de que algunos de los policías investigados por su relación con maras han participado en el asesinato de pandilleros de otras agrupaciones.
EL HERALDO dio a conocer que existen diputados que son parientes de policías ligados al crimen organizado que han presionado para que la Comisión no separe a estos efectivos.
Hay evidencias de un caso de un policía de alto rango al que los miembros de la Comisión lograron documentar ciertas acciones ilícitas, pero no se deciden a destituirlo por temor a que este tome represalias, de acuerdo a lo informado por la fuente.
Algunos comisionados depuradores son del criterio que este policía sea separado, pero otros mantienen bloqueado el proceso.
Conforman la Comisión el coordinador de la Asociación por la Paz y la Justicia (APJ), Omar Rivera; el presidente de la Confraternidad Evangélica de Honduras, Alberto Solórzano; la integrante de la Comisión Interventora del Instituto Hondureño de Seguridad Social, Vilma Morales; y el ministro de Seguridad, Julián Pacheco Tinoco, quien la preside.
Lavado de activos
La Comisión tiene la intención de presentar información ante el Ministerio Público contra policías que han acumulado bienes ilegalmente para que sean investigados por lavado de activos y no por enriquecimiento ilícito.
Se pedirá que sean investigados por blanqueo de capitales porque este tipo de casos se resuelven en menos tiempo que los de enriquecimiento ilícito.
Una indagación por enriquecimiento ilícito puede tardar varios años en resolverse, ya que el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), tras hacer la comparación de egresos e ingresos de los sospechosos, les permite varios recursos para que desvanezcan las imputaciones.
El lavado de activos se sanciona con una pena de seis a 15 años, de acuerdo a la cifra de dinero que fue objeto de una operación de encubrimiento.
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Pistola en mano
De acuerdo a lo informado por la fuente, hay evidencias sobre un policía que se ha dedicado a pedir dinero prestado bajo amenazas y de esta forma ha amasado unos cinco millones de lempiras.
“Con pistola en mano pedía dinero, debe cinco millones entre todo lo que ha pedido y nadie puede cobrarle por temor”, dijo la fuente.
Este policía se ha acostumbrado a pedir cantidades de entre 100 mil, 200 mil y 300 mil lempiras a sus víctimas, a personas que tienen negocios.
La información sobre supuestos actos ilícitos de miembros de la carrera policial que tengan se entregará en el momento oportuno a los organismos contralores, indicó.
El plazo dado a la Comisión, que inició funciones hace un mes, es de un año.
Omar Rivera, depurador, remarcó que ellos solo tienen la facultad de despedir a policías corruptos, pero “no podemos acusar”.
“Nosotros en la Comisión no somos investigadores criminales, no somos fiscales ni somos jueces; la acción de investigación criminal le corresponde a la DPI, a la ATIC; la acción penal, el monopolio de la acción penal le corresponde a las distintas fiscalías del Ministerio Público”, expresó Rivera.
Acciones
Por decreto legislativo 21-2016 y decreto ejecutivo 29-2016, la Comisión tiene la facultad de separar a los policías sobre los que existan evidencias de que están ligados a actos de corrupción.
La destitución de los elementos puede ser también porque no encajan en el nuevo organigrama de la Policía o no son idóneos de acuerdo a los resultados de pruebas de confianza.
La Comisión Especial de Depuración ha cancelado, de 164 elementos evaluados, a 56 oficiales (tres directores generales, 23 comisionados y 30 subcomisionados) “por reestructuración, en razón de la nueva estructura organizacional de la Policía Nacional”, según comunicados del ente depurador.
De igual manera han sido ratificados 88 uniformados, de los que tres son directores generales, 16 comisionados y 69 subcomisionados.
Mientras, han sido suspendidos 12 elementos, entre los que están dos directores generales, cuatro comisionados generales y seis subcomisionados.
En evaluación continúan cuatro oficiales y se aceptaron los retiros voluntarios de otros cuatro.
Este proceso de depuración se puso en marcha luego de que EL HERALDO revelara la participación de policías en actos criminales.
De acuerdo a expedientes de la Policía Nacional, oficiales y agentes de escala básica complotaron para ejecutar los asesinatos del exjefe de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, Julián Arístides González en 2009, y de quien fuera su asesor, Alfredo Landaverde, en 2011.
La Fiscalía no judicializó estos casos porque los expedientes fueron extraviados.
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1-. Comisión de Reforma fue un “elefante blanco”: El Congreso Nacional creó la Comisión de Reforma a la Seguridad pública, que fungió entre 2012 y 2013 con un presupuesto de 41 millones de lempiras, pero ninguna de sus acciones, que se centraron en hacer recomendaciones, sirvió para depurar policías y judicializar casos.
2-. La DIECP no justifica su creación y gasta millones: Con un presupuesto ejecutado de 156 millones de lempiras, entre 2012 y 2015, la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial evaluó a 8,546 policías, de los que 227 fueron depurados, entre subinspectores, inspectores, subcomisarios, pero no altos oficiales.
3-. Decretos y más decretos de depuración policia: El Congreso Nacional ha aprobado al menos cuatro decretos de depuración de la Policía en los últimos cuatro años y ninguno de ellos ha servido para adecentar la institución, pese a sonados casos de corrupción en los que se han vistos involucrados miembros de la carrera policial.
4-. En un mes ya hay 56 oficiales cancelados: La Comisión Especial de Depuración en 38 días de funcionamiento ha cancelado a 56 oficiales, entre directores generales, comisionados generales, comisionados y subcomisionados producto de la evaluación de 164 elementos de alto rango. La Comisión no tiene presupuesto.
