Tegucigalpa, Honduras.- El discurso político que externó el pasado fin de semana el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, lo expone a un juicio político o a ser interpelado.
La sociedad civil y expertos consultados por EL HERALDO coincidieron en que el discurso de Roosevelt Hernández, en el que instó a cumplir con la agenda oficialista de aprobar la Ley de Justicia Tributaria, provocó un debilitamiento aún mayor de la institucionalidad.
Además, violentó el artículo 272 de la Constitución de la República y dejó un mar de incertidumbre en la víspera de las elecciones generales de 2025, concluyen analistas.
“Aquí debe actuar el Congreso Nacional. El Congreso debe llamar a la presidenta y a él (Roosevelt Hernández) para interpelarlos; incluso, a ellos se les puede hacer un juicio político”, explicó el abogado constitucionalista Oliver Erazo.
“Tienen que dar una explicación del porqué están incumpliendo el mandato inconstitucional”, añadió.
El analista mencionó que en el Poder Legislativo se necesitan 86 de los 128 para que el jefe de las Fuerzas Armadas dé explicaciones ante el pleno del Congreso Nacional.
Fuerzas Armadas deben ser apolíticas
Diversos sectores coinciden en que las Fuerzas Armadas de Honduras deben ser apolíticas, incluso, desde el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) instaron a esa institución a mantener neutralidad.
“Las Fuerzas Armadas son una institución que se debe mantener al margen de situaciones políticas”, se pronunció Anabel Gallardo, presidenta del Cohep.
La sociedad civil cuestionó las declaraciones de Hernández, quien, entre otras cosas, aseguró que “esa herramienta legal, cómo es la Ley de Justicia Tributaria, dónde nos dimos cuenta de muchas cosas, una de ellas la exoneración, hay 66 mil millones de lempiras al año beneficiando a un grupo reducido, en las matemáticas nos dice, de 10 familias, increíble”.
También opinó que “huele a influencia de un sector reducido en lo social, en lo económico y en lo político y hacemos conclusiones, hágalo usted también, pero lo que corresponde a mí es el presupuesto de las Fuerzas Armadas de seis años, qué es lo que no podemos hacer para beneficio de la población con un presupuesto como este (66 mil millones de lempiras) o imagínese este presupuesto en salud en educación fuentes de trabajo”.
Nelson Castañeda, director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), opinó, por su parte, que “el presidente debe velar porque las Fuerzas Armadas sean apolíticas, sean esencialmente profesionales, obedientes y no deliberantes, y estamos viendo que desde el Ejecutivo se está haciendo caso omiso a esta atribución y más bien se está forzando esa injerencia para que las Fuerzas Armadas sean políticas”.
Lo anterior, por consecuencia, está violando la Constitución, “porque si del Ejecutivo se buscan los métodos para que la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas sea allegada al gobierno de turno y este se adhiere a una fuerza política, obviamente genera un golpe al Estado de derecho a la democracia y una violación a la Constitución”, dijo.
El analista político Raúl Pineda Alvarado también es del criterio de que se deben respetar las leyes, especialmente la carta magna de Honduras.
“La Constitución es clara cuando dice que las Fuerzas Armadas no son deliberantes. Deliberar es expresar una posición a favor o en contra de una decisión por tomar, es totalmente contrario a la Constitución y a la doctrina militar”, señaló Alvarado.
Por lo tanto, “por su comportamiento contrario a la ley, el Congreso Nacional debería, al menos, hacer una referencia para reprender a las Fuerzas Armadas, más bien a su titular”, aseguró.
Incertidumbre previa a las elecciones
Analistas aseguran que el discurso político de Hernández dejó un mal sabor de boca en plena víspera de las elecciones primarias y generales de 2025, debido a que las Fuerzas Armadas deben ser apolíticas y respetar lo que la Constitución dicta.
“Toda esta situación ha hecho que las alarmas se enciendan. Este escenario a lo que conduce es a incertidumbre para las próximas elecciones”, manifestó, por su parte, la analista Julieta Castellanos.
“No puedo asegurar que las Fuerzas Armadas cumplirán con sus funciones para las elecciones, pero las acciones y decisiones del jefe del Estado Mayor Conjunto, obviamente, generan suspicacia entre la oposición y la población”, agregó la también exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
Otra situación que resulta preocupante, según la exrectora, es que la mandataria Castro nombró a la precandidata de su partido, Rixi Moncada, como ministra de la Secretaría de la Defensa Nacional.
“En ese sentido, si el jefe del Estado Mayor es un subordinado de la ministra de Defensa, esto genera suspicacia en la población”, lamentó Castellanos.
En medio de la incertidumbre política, Honduras celebrará las elecciones primarias en marzo de 2025 y las generales en noviembre del mismo año.
