El economista y empresario venezolano Francisco Carmona evalúa la crisis de su país.
¿Hacia dónde puede ir el país en estas circunstancias tan difíciles por las que pasa?
Cada día que pasa la situación empeora, se vive un proceso de paulatino deterioro que no parece tener fin. Si se revisan las últimas encuestas publicadas en Venezuela, la percepción negativa acerca de la marcha del país es del 90%, y por otra parte se registra que entre el 75% y el 80% de la población tiene una pésima opinión acerca de la gestión del gobierno.
Así las cosas, el gobierno se siente perdido ante la posibilidad de que sean convocadas elecciones de cualquier tipo, a pesar del ventajismo y manipulación con que actúa en los comicios.
El deterioro real de la imagen del gobierno es pues algo presente en la mayoría de los venezolanos.
Hoy Venezuela vive en la zozobra, el abatimiento y la desesperanza, pero el gobierno, altamente militarizado y con la ayuda de “colectivos” paramilitares fuertemente armados, siembra el terror y reprime sin misericordia, para que la gente se abstenga de protestar en las calles ante la grave realidad que vive la nación.
¿Qué balance hace de los acontecimientos que sucedieron en el 2002?
Uno de los elementos que generó la crisis de abril fue que el gobierno decidió legislar mediante decretos-leyes que se imponían sin discusión, basándose en leyes habilitantes. Pero también el gobierno acabó con el diálogo tripartito y desconocía conquistas laborales, en especial en lo relativo a contratos colectivos en que estaba involucrado el Estado.
El detonante de la crisis del 2002 fue la politización de la empresa Petróleos de Venezuela, PDVSA. Efectivamente, el gobierno se propuso convertir a esa empresa, que fue manejada hasta entonces de forma meritocrática y que llegó a ser la segunda empresa energética del mundo, en una dependencia política más, y ello anunciaba un desastre para todos los venezolanos.
De otro lado, la desinstitucionalización del país ha sido dramática, me refiero a todas las instituciones medulares del país.
Las Fuerzas Armadas de la Nación profesionales han sido transformadas en un partido político armado, con una carga ideológica contraria a lo establecido en la Constitución, la cual estipula que las Fuerzas Armadas no deben estar al servicio de persona o de parcialidad política alguna y solo deben responder a los altos intereses del país, a la defensa de la soberanía y resguardo de la Constitución.
Es deplorable también la corrupción que ha permeado al estamento castrense, el haberlos involucrado en funciones de gobierno o en actividades que no le son propias, y tolerar su implicación en la corrupción y negocios como el narcotráfico.
A estas alturas hay evidencias de la existencia del “cartel de los soles” y en el gabinete ministerial hay miembros señalados en las listas de los Estados Unidos como integrantes de organizaciones ilícitas.
La DEA y el Departamento del Tesoro han hecho acusaciones contra más de 30 oficiales y contra el vicepresidente Tareck El Aissami, Diosdado Cabello y el ministro del Interior, general Reverol.
En tercer lugar, la economía está colapsada. Llevar a Venezuela a la bancarrota es una hazaña histórica que será analizada en el futuro como un caso de estudio.
Los ingresos han caído no solo porque los precios del petróleo hayan bajado, sino porque la producción de hidrocarburos ha disminuido dramáticamente.
Además, se destruyó el aparato productivo privado: el tejido productivo industrial, agropecuario y comercial está disminuido a un tercio de lo que existía en 1999. El Estado-empresario ha sido un total fracaso, hasta el punto de que todas las empresas que han sido expropiadas arrojan pérdidas y tienen que ser auxiliadas con las contribuciones del pueblo.
¿Qué pasó con la denominada Comisión de la Verdad?
La Comisión de la Verdad que Chávez solicitaba para investigar esos hechos nunca llegó a constituirse.
Los policías que trataron de impedir un enfrentamiento fueron apresados y los pistoleros del gobierno convertidos en héroes.
El gobierno llegó a contratar a un equipo de periodistas de la BBC para hacer un documental sobre aquellos hechos, desvirtuando los acontecimientos y sacándolos fuera de contexto.
Al retorno de Chávez al poder, juró ante un crucifijo rectificar los errores que había cometido, pero esas promesas quedaron en una farsa y el erróneo camino emprendido hacia el socialismo continuó sin cambios y con un plan autocrático, violatorio de preceptos esenciales de la misma Constitución bolivariana.
Parece que cada vez están más claras las conexiones del régimen con el narcotráfico, ¿qué hay de verdad en estas acusaciones que han llegado a implicar incluso a dos sobrinos de Maduro?
No debemos olvidar que un numeroso grupo de altos funcionarios del gobierno venezolano han sido investigados y señalados por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y por la DEA de estar implicados en delitos relacionados con el narcotráfico y por ello incluidos en la conocida como la Lista Clinton.
Por Venezuela están pasando unas 400 toneladas de cocaína al año procedentes de Colombia, con destino a Europa y Estados Unidos.
Venezuela produce cocaína, pero se ha convertido en país puente para el tráfico de esa sustancia. Ese negocio no solo ha servido para enriquecer a algunos en Venezuela, sino para financiar con ingentes recursos a organizaciones irregulares como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Se estableció una alianza entre un sector del régimen, que se ha lucrado con el narcotráfico, y las FARC, que han constituido un importante cartel de la cocaína.
En reportes bien informados del diario venezolano El Nacional se denuncia que en cinco estados de Venezuela hay presencia de las FARC y que desde allí se trafica con armas y droga.
Otro peligro es que estas fuerzas y otros grupos armados acaben enguerrillando a Venezuela, si algún día el régimen peligra o cae. Repetidamente Chávez y Maduro han dicho que si la oligarquía o la derecha pretenden volver al poder tomarán las armas, amenazando a sus supuestos enemigos si son desplazados del gobierno.
