TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Un total de 448 detenidos, decomiso de droga, armas y ejecución de requerimientos fiscales fueron parte de los resultados de la Operación Odiseo IX, que se desarrolló ayer a nivel nacional.
Agentes del Ministerio Público golpearon redes de corrupción a nivel gubernamental en consultorías y ONG y solicitaron además la privación definitiva de dominio de multimillonarios bienes de un exjerarca de la Policía Nacional.
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Hasta anoche se contabilizaban 532 requerimientos fiscales, 210 allanamientos, 606 inspecciones, 178 secuestros de documentos, 58,201 lempiras incautados, 1,745 decomisos de drogas, 130 acciones preventivas y 7,373 personas
capacitadas.
Personal de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción pública (Fetccop) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) investigan actos de corrupción que se habrían cometido en el segundo semestre de gobierno del año 2009 en la Secretaría de Gobernación y Justicia, mediante la simulación de pago de contratos de consultorías y a Organizaciones No Gubernamentales (ONG).
En esa dependencia del Estado se secuestraron documentos de las oficinas y archivos, con el fin de documentar los hallazgos relacionados al drenaje de recursos y contratos al margen de los procedimientos establecidos en la Ley de Contratación del Estado.
También se decomisaron documentos por irregularidades que en anteriores administraciones tuvieron lugar en el Registro Nacional de las Personas (RNP), por lo que se presentó un nuevo requerimiento fiscal contra Jorge Adalberto Discua Mejía, quien aprovechando sus funciones en el Registro Civil de Siguatepeque adulteró actas de nacimiento de una persona hondureña para que apareciera registrado en su lugar un extranjero.
Bienes de oficial
Mientras que la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración Policial (UF-Adpol) solicitó la privación definitiva de dominio de bienes de origen ilícito del exsubcomisionado de Policía, José Orlando Leiva Natarén, así como de su esposa Nancy Patricia Sánchez Cruz, a quienes se les acusó en mayo de 2018 del delito de lavado de activos.
De acuerdo con la petición hecha al Juzgado de Privación de Dominio, se trata de dos sociedades mercantiles, cinco bienes inmuebles, ocho vehículos, 31 cuentas bancarias, bienes combustibles por la cantidad de 2,068,475.33 lempiras y dinero en efectivo que asciende a 168,839.00 lempiras. Se logró determinar que Leiva Natarén, depurado en 2016 y contra quien existe una orden de captura con alerta roja internacional, en un período comprendido entre 2006 y 2017 presentó un comportamiento financiero atípico, llegando a mover en el sistema financiero alrededor de 913 millones de lempiras.
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