TELA, HONDURAS.- La disputa del control para la venta de droga en el interior del penal de Tela, Atlántida, es la principal hipótesis que manejan las autoridades sobre las causas que originaron la matanza de 18 privados de libertad el pasado viernes.
Informes de las autoridades establecen que reos integrantes de la mara MS-13, que pretendían mantener el control de la venta de droga dentro de la prisión, son los principales sospechosos del asesinato de 18 reclusos y de haber herido a 16 presidiarios más.
José Coello, portavoz de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina), informó que “se supone que fue la mara MS” la que atacó a miembros de otras estructuras.
Acribillaron “se supone a miembros de la estructura contraria” y al mismo tiempo mataron a “miembros de otras estructuras criminales, entre ellos pesetas, chirizos...”, dijo.
“Son a través de riñas, de pelea de poder en los centros penales para mantener el control… De la venta y distribución de drogas y otros factores”, respondió Coello al ser consultado sobre el motivo por el cual los hechores dispararon contra los otros reclusos.
El viernes, un poco después de las 4:00 de la tarde, reos armados con pistolas nueve milímetros dispararon a sangre fría contra grupos de presidiarios que se encontraban en distintos lugares del presidio.
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Luego del tiroteo, que duró aproximadamente 25 minutos, las autoridades encontraron los cadáveres y heridos en la cancha y en los módulos 2, 3 y 4.
Algunos heridos relataron el sábado que los hechores son miembros de la MS-13 y salieron de uno de los módulos disparando a quemarropa.
Hasta el viernes, en este centro penitenciario había una población de 367 reos, pero el domingo la cifra descendió a aproximadamente 300 por los 18 muertos y unos cinco heridos (de los 16) que aún se encontraban internados en el Hospital Mario Rivas de San Pedro Sula.
Horas después de la masacre, las autoridades de Fusina, bajo la dirección de la Junta Interventora de Centros Penales, para recuperar el control, extrajo de ese presidio a 39 privados de libertad y los trasladó a otras cárceles del país.
Entre los 39 reos trasladados se encuentran los que ejecutaron la matanza, de acuerdo con informes de Coello.
Visitas
En la mañana del domingo, que era día de visitas, algunas personas llegaron al presidio para confirmar si realmente sus amigos o parientes que están privados de libertad se encontraban vivos o muertos.
“Bendito sea Dios”, exclamó Rigoberto Lobo cuando encontró el nombre de su padre Rigoberto Santos Lobo con el número 105 en la lista que colocaron en el portón las autoridades del presidio.
Lobo llegó con su hermano Erlin al presidio para reunirse con su padre de 83 años que, desde hace ocho años, se encuentra preso por el delito de homicidio simple.
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“Gracias a Dios que mi papá está vivo. Como no dejan entrar a nadie, nos vamos, otro día vamos a regresar, el 24 creo que sí van a dejar entrar a los familiares”, dijo Erlin Lobo.
Desde el sábado, la Junta Interventora de Centros Penales mantiene un contingente de militares dentro del presidio y no permite el ingreso de civiles.
“Yo venía porque los domingos es de visita. Soy de Colón, pero vine porque andaba aquí cerca”, dijo un ciudadano que buscaba en la lista de los vivos a José Isaí Cuéllar Landaverde.
Sin embargo, las autoridades permitían ayer que los familiares les llevaran platos de comida rotulados con los nombres de los presos y los cuales entregaban a un guardia penitenciario a través de la ventana del portón para que les efectuara una revisión. El sábado, agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) encontraron en una caleta 10 pistolas calibre nueve milímetros que, según las autoridades, utilizaron los criminales para causar la masacre.
Los familiares de Juan Alberto Turcios (20 años), uno de los asesinados, llegaron a solicitar los objetos personales que él utilizaba y guardaba en la celda.
“Desde hace poco estaba preso porque él compró una moto que era robada y él no sabía. Decían que iba a salir de la cárcel en 2020”, dijo Vicente Amaya, tío de Turcios.
Hasta ayer, la Junta Interventora de Centros Penales no había rendido un informe oficial sobre los hechos ocurridos el viernes en el penal de Tela.
