“La violencia contra los periodistas y comunicadores sociales se ha convertido en una amenaza contra la libertad de expresión en Honduras”.
Esa es una de las conclusiones que establece el “Informe sobre la situación de los derechos humanos en Honduras en el 2013”, de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos (SJDH).
“Cuando se produce el asesinato de periodistas o comunicadores sociales, no solo se vulnera en forma grave su derecho a la vida, sino que anula su derecho a expresarse libremente. Consecuentemente, se afecta el derecho de los ciudadanos a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas”, dijo en su momento Ana Pineda.
Además, la violencia, peor aún si no se investiga y castiga, tiene un efecto de autocensura sobre el resto de los periodistas y comunicadores sociales, por lo que los entes encargados de la investigación del delito devienen obligados a redoblar sus esfuerzos para dar con el paradero de los autores de estos condenables hechos”, aseguró.
Existe impunidad
En el informe se establece que “la impunidad es un problema estructural históricamente presente en la sociedad hondureña, largamente incubada y arraigada, que constituye uno de los principales factores que favorece y perpetúa la cultura de irrespeto a los derechos humanos, vulnerando y debilitando directamente el sistema nacional de protección de los derechos humanos”.
Es por ello que, para disminuir los altos índices de violencia e impunidad que vuelven ilusorio el derecho de acceso a la justicia en nuestro país, resulta impostergable continuar con la reforma profunda de los sectores de seguridad y justicia del país.
De acuerdo a los datos de la SJDH, durante el 2013 la tasa de homicidios en Honduras por cada cien mil habitantes, según la proyección del observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), fue de 83, lo que indica una leve mejoría de 3.5 en relación al 2011 y de 2.5 en relación al 2012.
Del total de 7 mil homicidios que se proyectaron en el 2013, en el informe se da a conocer que 6,348 son hombres y 652 son mujeres.
En uno de los apartados se establece que en el 2013 fallecieron de manera violenta seis periodistas y comunicadores sociales, 19 abogados, 26 miembros de la diversidad sexual y 1,013 personas menores de 23 años.
Sistema penitenciario
En cuanto a la población penitenciaria, señala, en el 2013 se registraron 13,091 reos en los 24 centros penales del país, de los cuales cerca de la mitad de esta población, es decir un 48.7 por ciento, se encuentra en condición de procesada.
A raíz de la aprobación del Decreto Legislativo 56-2013 donde se prohíbe las medidas sustitutivas en 21 delitos, causa preocupación debido a que no se tomó en cuenta la precariedad del sistema penitenciario nacional y distorsionan el modelo asumido por la reforma procesal penal.
“Casi la tercera parte de los centros penales, es decir 7 de los 24, ha duplicado la población recomendada para su capacidad física o está por hacerlo, lo cual constituye un peligro inminente para la seguridad de las personas privadas de libertad y del personal penitenciario”, establece el informe.
