TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Desmantelar restaurantes en los centros penales -25 de ellos en la Penitenciaría Nacional de Támara-, desintegrar redes de fibra óptica que utilizaban líderes de estructuras criminales para comunicarse y reducir el ingreso de armas y la venta de drogas, son parte de las acciones de la intervención del Sistema Penitenciario por parte de la Policía Militar del Orden Público (PMOP).
El decreto ejecutivo PCM 28-2023 otorga hasta el próximo 23 de junio de 2024 el mando de las cárceles bajo la tutela de la Policía Militar.
El trabajo en las cárceles, una determinación que tomaron las autoridades gubernamentales a raíz del asesinato de 46 mujeres en el interior de la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), se ha ejecutado de manera gradual.
En la primera semana se tomó control de los centros penales de Támara, PNFAS, Ilama, Siria y La Tolva. “Cuando le digo el control, es que ningún privado de libertad tenía la autoridad sobre quien entra o quien sale, como se estaba haciendo anteriormente porque quien estaba haciendo las cosas eran los privados de libertad y nunca más se volvió a hacer eso”, indicó el coronel Ramiro Muñoz Bonilla, comandante de la PMOP y presidente de la Comisión Interventora del Sistema Penitenciario
Al tener la PMOP el control de la totalidad de los centros, se procedió a desinstalar los negocios particulares que funcionaban dentro de los centros penales. Para el caso en la Penitenciaría Nacional en Támara tenía 25 restaurantes adentro, donde el privado de libertad no se comía los alimentos que daban las autoridades del centro penal sino lo que le vendían los cabecillas que mantenían los restaurantes. Luego se desmanteló un millonario negocio de venta de drogas en Támara, donde se entregaban entre 15 y 20 millones de lempiras mensuales para mantener el negocio dentro. También, se depuró a miembros de organizaciones criminales, ya que los de la MS-13 fueron enviados a Ilama y los de la Pandilla 18 a La Tolva, al igual que se desinstalaron los sistemas de comunicación para evitar la salida de llamadas y por ende la extorsión, entre otros. “A partir de ese momento, nosotros tomamos el control de los centros penales, porque los líderes de las organizaciones criminales tenían comunicación con fibra óptica en las celdas en los centros penales. Quién se va a imaginar eso, pero así fue”, dijo Muñoz Bonilla.
De su lado, Hugo Maldonado, presidente del Comité de Derechos Humanos (Codeh), comparte “que se ha logrado la gobernabilidad en los centros penales, pues ya no son los cabecillas de las estructuras criminales los que tienen el control”.
Sin embargo, considera que se han presentado algunas violaciones a los derechos humanos de los privados de libertad, por lo que se han presentado las quejas ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh). En 2023 el Conadeh atendió alrededor de 553 quejas relacionadas a las personas privadas de libertad.
