TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La liberación de 69 miembros de la Pandilla 18 que están en el centro de detención denominado “El Pocito” es una de las acciones que está impulsando la interventora del sistema carcelario, alertaron el lunes fuentes vinculadas al Instituto Nacional Penitenciario (INP).
EL HERALDO realizó consultas con otras fuentes confiables sobre la respectiva determinación de la interventora que dirige la viceministra de Seguridad Julissa Villanueva y conoció que los menores infractores a liberar son los 69 que actualmente están en el nuevo centro de internamiento de Jalteva, Francisco Morazán, más conocido como “El Pocito”, considerado como el reclusorio de máxima seguridad para esta población.
La mayoría de los menores de este centro pertenecen a la Pandilla 18 -acusados por asociación ilícita, extorsión, homicidios y asesinatos- y la pretensión es enviarlos a sus casas con medidas sustitutivas, relató una fuente al más alto nivel del instituto policial.
Son jóvenes involucrados en la extorsión y asesinatos de transportistas, abogados y periodistas, relató otra fuente relacionada con estos centros de menores.
Describió que “varios de ellos están involucrados en horrendos crímenes como el asesinato de un señor dueño de una pulpería en La Paz, a quien un menor de edad además de quitarle la vida le cortó la cabeza por el hecho de no pagar la extorsión. Ese menor ahí está en ‘El Pocito’”.
Ahí también están los menores de la 18 que le quitaron la vida al periodista Igor Padilla y a un abogado en la colonia 15 de Septiembre, a inmediaciones de lo que fuera la casa de Ramón Matta Ballesteros, detalló la fuente.
El 9 de abril de 2023, dada la ingobernabilidad que se vive en el sistema penitenciario, sobre todo en las principales cárceles de adultos, la presidenta Xiomara Castro anunció vía Twitter una intervención enérgica de los centros penales.
Posteriormente, el 10 de abril, el Ejecutivo posteó que con el fin de desmontar las estructuras criminales que operan en los centros penales se nombró a la doctora Julissa Villanueva para presidir el plan de intervención y que el día viernes 14 de abril se anunciarían las medidas.
El martes 18 de abril, Villanueva anunció diez acciones encaminadas a recuperar el control de las cárceles, principalmente las más conflictivas: la Penitenciaría Central y su módulo de máxima seguridad, la cárcel de Ilama, Santa Bárbara; la de Morocelí, El Paraíso; y la de El Porvenir, Francisco Morazán.
La funcionaria aseguró que con requisas y tecnología iba a desarmar a los internos, pero horas después les pidió a los privados de libertad que entregaran las armas voluntariamente.
Lejos de acceder a la petición de Villanueva, los grupos criminales MS-13 y 18 han armado, en los últimos siete días, tres balaceras con un saldo de una veintena de presos heridos.
Aunque el Instituto Nacional para la Atención de los Menores Infractores (INAMI) desde hace varios años mantiene el control en los centros de internamiento, las fuentes ven con mucha sospecha que la interventora esté promoviendo mandar a sus casas a menores pandilleros de la 18 que han cometido horrendos hechos.
EL HERALDO intentó telefónicamente conocer la versión de las autoridades del INAMI y del INP, pero nadie respondió.
