Honduras: Los menores infractores al cumplir 18 años pasarían a cárcel

Como parte del plan antiextorsión, la propuesta de la Secretaría de Seguridad es que no haya adultos en centros para niños

Como parte del plan antiextorsión proponen que los menores infractores al cumplir 18 años pasen a las cárceles de adultos. Los menores son utilizados para cobrar extorsiones.

vie 25 de noviembre de 2022 a las 0:0

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TEGUCIGALPA, HONDURAS.- A los 17 años, Julián (nombre ficticio) fue detenido y acusado de extorsión, delito por el que un juez le dio siete años y siete meses de internamiento en un centro para menores infractores. Aunque ya tiene 19 años, sigue cumpliendo la sanción en medio de otros niños.

“Fue ya días... a mí me sorprendieron y me capturaron; evidentemente, estaba nervioso y solo me acuerdo de que me remitieron a los juzgados y luego para acá (un centro para menores infractores) y fue algo que me dio nervios”, contó en diálogo con la Unidad de Investigación y Datos de EL HERALDO Plus.

El joven, que parecía bastante ansioso por el movimiento de sus manos, no dio detalles sobre el delito que cometió, solo comentó que pasó en Jalteva Viejo el tiempo cautelar (seis meses) hasta que le dieron medidas sustitutivas.

Posteriormente fue enviado a su casa bajo la condición de cumplir con una serie de medidas, lo que, afirma, hizo “a cabalidad y luego me sancionaron injustamente”, por eso está nuevamente en Jalteva Viejo.

Con la nueva propuesta de la Secretaría de Seguridad, casos como Julián dejarían de existir, porque el plan antiextorsión propone que no haya adultos en los centros de internamiento para menores, es decir que, una vez cumplidos los 18 años, el infractor sería trasladado a un centro penal.

Los mayores, a la cárcel

Julián es un joven de voz tranquila, pausada y bastante coherente. A los 19 años tiene una hija de casi un año que, asegura, fue producto de una relación cuando “estuve libre y después volví”.

Todo esto podría cambiar con el Plan Integral para el Tratamiento de la Extorsión presentado al Poder Ejecutivo, que contempla que los menores infractores al cumplir los 18 años pasen a los centros penitenciarios.

La propuesta consiste en reformar el Código de la Niñez, decreto 73-96 artículo 11. “Deberá incorporarse tácitamente que los menores infractores internados en los diferentes centros correccionales del país, al cumplir la edad adulta de 18 años deben ser transferidos a los centros penales destinados para ese tipo de población”.

Yester Fernández, vocero de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas contra el Crimen Organizado (Dipampco), declaró a EL HERALDO Plus que hay menores que no solo extorsionan, sino que lideran pandillas.

No obstante, indicó que un 75% de los menores que cobran extorsión son obligados y el resto, es decir, el 25%, lo hacen voluntariamente y están vinculados directamente con las maras y pandillas.

El vocero policial aseguró que los menores no solamente están vinculados con las estructuras criminales, sino que ocupan el puesto de cabecillas, porque los jefes, que son los que mandan las órdenes, están en los centros penales.

De acuerdo con sus investigaciones, algunos de los menores cobran, otros son gatilleros, contadores y hasta se dedican a dar órdenes, es decir, tienen varias funciones dentro de las estructuras criminales.

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En centros de internamiento

La Unidad de Investigación y Datos de EL HERALDO Plus constató que en los centros de menores infractores todavía hay 206 jóvenes que son juzgados como menores de edad, es decir, como si tuvieran 17 años o menos, pero que ya superan los 18 años.

De acuerdo con Nelson Acosta, procurador legal de Nuevo Jalteva, esto ocurre porque cometieron el delito cuando todavía tenían menos de 18 años, por eso están en estos centros para infractores.

Hasta mediados de julio de 2022, un total de 2,388 jóvenes habían sido enviados a uno los cinco centros para menores infractores desde 2017 hasta febrero de 2022, algunos por cometer infracciones consideradas menores y otras como homicidio y asesinato (delitos graves), según establece el Código Penal.

Cifras facilitadas por el Inami muestran que desde 2017 hasta febrero de 2022 un total de 206 jóvenes mayores de 18 años estaban en alguno de estos cinco centros de internamiento de menores.

Los datos detallan que 107 eran jóvenes mayores de 18 años. Mientras que 58, entre ellos Julián, tenían 19 años y los otros 28 tenían edades de entre 20 y 21 años.

Además, unos 13 menores infractores tenían entre 22 y 24 años de edad.Cabe mencionar que la mayoría de estos muchachos gozan de medidas sustitutivas, pero los pocos que quedan en centros de menores es porque sus faltas o delitos representan una falta grave.

Los datos detallan que a mayor edad, más grave es el delito, al punto que a partir de los 18 años el asesinato sobresale entre las tres principales faltas cometidas por los jóvenes.

Por ejemplo, a los 18 años el delito que más cometieron los infractores fue la extorsión y, posteriormente, robo. Sin embargo, a los 19 años sobresalen el asesinato, el homicidio y, por último, el robo.

En el caso de los que tienen 23 años, la infracción más cometida es robo agravado, mientras que los de 24 cometieron en su mayoría violación especial.Según el vocero de la Dipampco, estos jóvenes no se rehabilitan en los centros para menores infractores y salen peor que como entraron, por eso cuando cumplan los 18 años deben pasar al centro penal con el propósito de que no sigan extorsionando.

Pedro Gómez, presidente de la Asociación Interdepartamental de Puntos de Taxis de Honduras (Aiterpt), declaró ayer que el problema es que las autoridades solo detienen a los “cipotes” que andan cobrando la extorsión y no llegan hasta el cabecilla, el que manda a recolectar el dinero.

Felipe Morales, exdirector del Inami, consideró que las nuevas autoridades no están entendiendo que los equipos técnicos y pedagógicos de los centros para menores infractores realizan un proceso de reinserción social con ellos.

En ese sentido, si un joven ingresa de 17 años con una condena de dos a tres años pero a los 18 lo pasan a un centro penal de adultos, implica que va a retroceder en el proceso de rehabilitación.

Morales expresó que los mejor es que se trabaje en agravar la pena a las personas adultas que mandan a los menores a cobrar la extorsión. También se pueden crear centros intermedios, para mayores de 18 años, como el que funciona en San Pedro Sula, Cortés.

Para Janeth Flores, especialista de protección de Plan Internacional, no se necesita una reforma al Código de la Niñez y la Adolescencia para esta medida, ya que se establece que la mayoría de edad es hasta los 18 años. El problema es que llevar a los menores a un centro penal es interrumpir el proceso de reinserción.

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