Tegucigalpa, Honduras.- Con apenas 15 años, en plena adolescencia, Ángel Ariel López Mejía, tenía metas claras y muchos sueños por hacer realidad junto a su familia, uno de ellos era construir una casa para dejar de alquilar.
Sin embargo, lo que sería una sencilla salida de casa a comprar alimentos la noche del domingo 6 de abril, se convirtió en una tragedia que terminó con su vida.
Según relatos de la familia, Ángel salió junto con un amigo a comprar comida en la zona de Sabana Larga, San Marcos, departamento de Ocotepeque.
El menor era pasajero de su amigo y se transportaban en una motocicleta; en el camino se encontraron un operativo de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT). Los agentes les hicieron señal de alto, pero el conductor no se detuvo, ante esta acción uno de lo policías sacó su arma y les disparó.
Luego de la detonación del arma, unos 200 metros más adelante, los dos jóvenes cayeron al suelo, el conductor salió huyendo, pero Ángel quedó tendido sangrando de la cabeza.
En un intento por salvarle la vida, el menor fue llevado a un hospital de la zona, para luego ser trasladado hacia el Hospital Mario Catariono Rivas donde falleció.
"Desde los cinco años que estoy con él, era un niño muy bien portado y bueno, lo vamos a recodar como un niño alegre, con una gran sonrisa. Tenía un sueño muy grande de trabajar y superarse, poder tener una casa", lamentó Nolvia Juárez, madrastra de Ángel.
"A mi hijo le dispararon a matar porque le dieron en la cabeza, nos entregaron los documentos y hay evidencia de eso", dijo sin contener el llanto.
Juárez sostiene que el hecho violento ocurrió cuando los jóvenes regresaban de comprar la comida.
Doña Sabina Mejía, madre biológica de Ángel, recordó a su amado hijo como un muchacho muy obediente, muy cariñoso y luchador.
"Fueron dos disparos, uno le cayó a él y otro le rozó al muchacho que llevaba la moto. Pedimos justicia, la muerte de mi hijo no puede quedar así", exigió Mejía.
Al clamor de justicia se sumó Bayron López, tío de Ángel. "Era muy humilde, trabajador, no se metía con nadie, apenas empezaba la vida, tenía muchos metas y deseos, pero todo se los arrebató un policía. Lo único que exigimos como familia es que se haga justicia, no queremos que se quede así".
El menor fue velado ayer en la comunidad de Las Vueltas, Protección, Santa Bárbara, donde familiares y amistades le dieron el último adiós el joven soñador.
El presidente de la asociación de Jóvenes Promotores y Defensores de Derechos Humanos (Joprodeh), Jorge Jiménez, condenó la muerte del menor a manos de elementos de la Policía Nacional.
"Consideramos que se hizo un uso excesivo de la fuerza, no se puede justificar diciendo que fue un disparo para disuadir, cuando fue un disparo directo a la cabeza de este menor de edad, el Ministerio Público debe capturar a este elemento policial y aplicar todo el peso de la ley", enfatizó Jiménez.
Ante estos hechos, el también experto en temas de seguridad, dijo que es necesario reforzar las capacitaciones del buen uso de la fuerza, para evitar que esta se haga de manera desproporcional.
"Se trató de justificar que el disparo se dio con la intención de disuadir, pero Medicina Forense pudo comprobar que sí había una perforación de bala en el cráneo del menor", dijo Jiménez.
Advirtió que la institución policial no debe proteger al involucrado y que se debe dejar un precedente para evitar que estas acciones se sigan dando de parte de los uniformados.
Investigación
La Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (DIDADPOL) inició de oficio una investigación por la posible participación de miembros de la Policía Nacional en la muerte de otro menor de edad durante un operativo ejecutado por la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), en el municipio de San Marcos, Ocotepeque.
Según informó la institución mediante un comunicado oficial, los hechos motivaron la intervención inmediata de DIDADPOL, que busca determinar si hubo o no faltas disciplinarias por parte de los funcionarios involucrados.
Para tal fin, se ha desplazado un equipo de investigadores desde la sede regional norte, ubicada en la ciudad de San Pedro Sula. Su labor será indagar y esclarecer las circunstancias en las que se produjo el lamentable suceso, además de establecer posibles responsabilidades disciplinarias.
“Reiteramos nuestro compromiso de continuar trabajando en la aplicación de los procesos disciplinarios, a fin de garantizar una función policial que cumpla un servicio correcto frente a la sociedad”, concluye el comunicado.
Proceso
El hecho ocurrido en el occidente del país, que involucra agentes policiales, recuerda un incidente similar que enlutó a una familia en la capital.
Han pasado casi 10 meses desde que se reportó la muerte de otro menor a manos de elementos de la Policía Nacional, que en una persecución abrieron fuego matando al joven.
Según las investigaciones, los uniformados hicieron parada a los jóvenes, pero estos no se detuvieron de inmediato, alcanzándolos en la cuarta avenida de Comayagüela y sin mediar palabra dispararon.
El conductor de la motocicleta, quien respondía al nombre de Erick Daniel Bonilla, de 16 años de edad, fue la víctima de este ataque.
Luego de estos hechos, cuatro policías fueron capturados por las autoridades del Ministerio Público para deducir responsabilidad.
