TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Pese a los cuestionamientos y críticas de diversos sectores del país sobre la efectividad del estado de excepción, las autoridades de la Secretaría de Seguridad decidieron ampliarlo por 45 días más.
Es la décima quinta vez que se prolonga esta medida en el territorio como estrategia para luchar contra el crimen organizado; sin embargo, a criterio de representantes de la sociedad civil y organizaciones de derechos humanos, la iniciativa no ha dado los resultados esperados.
La ampliación de la suspensión de las garantías constitucionales entró en vigencia una vez más el pasado lunes 19 de agosto, al publicarse en el Diario Oficial La Gaceta; su duración será hasta el 2 de octubre y abarca 226 municipios del país.
Esta nueva extensión genera dudas en la sociedad civil, quienes se preguntan si la estrategia es de verdad una solución temporal o si se ha convertido en una política de seguridad permanente.
Nelson Castañeda, director de seguridad y justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) manifestó que las autoridades se han enfocado más en el estado de excepción que en un plan permanente de seguridad.
“Ha pasado más de un año y esta crisis no se ha resuelto, por lo tanto, lo que se ve es que los mecanismos que se han implementado no han sido efectivos, es así que instamos a las autoridades que no se siga poniendo en riesgo los derecho y garantías de los ciudadanos y con ello evitar violaciones que únicamente generan mala percepción de las autoridades, una mala imagen del país; exigimos de que se busquen otras medidas alternas para dar mejores resultados”, dijo.
De acuerdo a datos de la organización, la medida de excepción no ha sido efectiva para contrarrestar los delitos como la extorsión, pues son escasos los resultados que se han obtenido.
En mayo ASJ presentó un informe sobre el impacto del estado de excepción frente al delito de extorsión y sus conclusión fue que las cifras no avalan la medida.
Según la ASJ, la extorsión ha aumentado en los últimos cinco años en el país, al grado que, en noviembre de 2023, el 11.1% de los hogares hondureños eran víctimas de extorsión y los departamentos más afectados eran: Cortés (16 %), La Paz (15 %), Colón (14 %), Yoro (14 %) y Francisco Morazán (13%).
La organización alertó en ese entonces sobre que apenas uno de los 12 decretos para la instauración del estado de excepción cumplió en tiempo y forma con los requisitos establecidos en la Constitución de la República.
Que establece que la disposición puede extenderse por un máximo de 45 días; sin embargo, el decreto ha sido prorrogado por el Poder Ejecutivo en reiteradas ocasiones y ampliado a 17 de 18 departamentos del país.
”El estado de excepción no puede continuar siendo considerado un modelo de seguridad, es un error garrafal, y preocupa por que es una medida que se ha desnaturalizado, se ha implementado de manera ilegal y no ha sido ratificada en legal y debida forma en el Congreso Nacional”, cuestionó Castañeda.
Para algunos analistas es tiempo de abandonar las extensiones del estado de excepción y proponer nuevas estrategias para combatir la violencia y criminalidad.
Violaciones a derechos humanos
Desde diciembre de 2022 que se impuso por primera vez el estado de excepción en el país a la fecha, organizaciones defensoras de derechos humanos han recibido una gran cantidad de denuncias de ciudadano que dicen haber sufrido violaciones a sus derechos por parte de efectivos policiales que se actúan bajo esta medida.
A inicios del año, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) presentó su informe sobre la situación de los derechos humanos en Honduras en el que mostró su preocupación sobre la prolongada duración del estado de excepción.
El informe reveló que en el marco del estado de excepción se registraron diferentes violaciones graves de derechos humanos, en su mayoría cometidas por la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado (Dipampco) y la Policía Militar del Orden Público.
Entre las que resaltaron casos de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, torturas, tratos crueles e inhumanos, violencia sexual y alegaciones sobre detenciones ilegales, así como el uso excesivo de la fuerza, abusos durante allanamientos de moradas e implantación de pruebas, en particular en los departamentos de Cortés, Yoro y Francisco Morazán.
Las denuncias persisten a la fecha y de acuerdo a datos del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh) son al menos 660 agentes de seguridad pública que han sido denunciados por sus actuaciones amparadas en el estado de excepción.
Iliana Licona, oficial jurídico del Conadeh, informó que desde la implementación del estado de excepción en diciembre del 2022 hasta julio del 2024, hay más de 660 quejas en contra de agentes de seguridad.
Los más denunciados, según Conadeh son efectivos de la Policía Nacional con 248 quejas, seguida Dipampco con 177 y la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) con 127.
Las quejas están relacionadas con el uso desproporcionado de la fuerza durante los allanamientos o las detenciones, la incriminación con medios de pruebas falsas o con motivos aparentemente no comprobables y daños a la propiedad privada.
En ese sentido, Licona señaló que el Conadeh ha argumentado en reiteradas ocasiones su posición en contra de la ampliación del estado de excepción, y ha recomendado la necesidad de construir una política de seguridad basada en derechos humanos y con un enfoque de género.
Niveles de violencia
A pesar de las consecutivas ampliaciones al estado de excepción, Honduras sigue enfrentando altos niveles de violencia.
El Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH) contabiliza que en lo que va del año se registran 19 masacres en el país, que dejan a 61 víctimas.
La situación preocupa a la directora del observatorio, Migdonia Ayestas, quien manifestó que pese al estado de excepción Honduras continúa sumergida bajo una creciente violencia.
De las 61 víctimas que han muerto de manera violenta en homicidios múltiples 13 son mujeres.
Sin embargo, los señalamientos y críticas por parte de los sectores no son tomados en cuenta por las autoridades de seguridad, quienes argumentan que durante el estado de excepción la delincuencia en el país ha disminuido.
