Por falta de estrategia conjunta no ha mermado la violencia durante estado de excepción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El estado de excepción ha resultado insuficiente para luchar contra la violencia generada por la delincuencia común y organizada producto de la falta de una estrategia conjunta de los operadores de justicia, coincidieron diversos sectores sociales.

Debido a que los homicidios y otro tipo de violencia, como las extorsiones, mantenían altos índices, el 6 de diciembre de 2022 el gobierno declaró el estado de excepción a través del Decreto Ejecutivo PCM 29-2022, suspendiendo las garantías constitucionales contenidas en los artículos 69, 78, 81, 84, 93 y 99, que incluyen la libertad de circulación, la inviolabilidad del domicilio y la libertad personal.

Con el paso del tiempo, el estado de sitio se vino ampliando mediante ocho decretos ejecutivos, expandiendo el espectro territorial de 162 barrios del Distrito Central y San Pedro Sula a 158 de los 298 municipios.

Para implementar el estado de excepción y la reacción policial, el gobierno aprobó mil millones de lempiras, no obstante, los resultados aún siguen siendo cuestionables por los hondureños, ya que la violencia persiste y las extorsiones, uno de los problemas que más golpea a la población, lejos de reducirse más bien aumentó en un 11% a nivel nacional, según un informe dado a conocer en diciembre por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).

Mientras tanto, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) registró en los 14 meses que van del estado de excepción un total de 51 masacres: cinco en diciembre de 2022, un total de 44 en el 2023 y dos en lo que va del 2024. Estos hechos violentos dejaron como saldo unas 230 personas fallecidas, entre hombres, mujeres, niñas y niños.

En lo que va del periodo de la implementación del decreto ejecutivo PCM 29-2023, el Conadeh también registró 361 quejas a nivel nacional.

Las denuncias van desde el uso desproporcionado de la fuerza en el momento del allanamiento o de aprehensión, incriminación sin motivos comprobables o con medios de prueba aparentemente falsos, falta precisión sobre las razones o motivos de la detención.

Por su parte, el Sistema Estadístico Policial (Sepol) reportó que el 2023 se cerró con 3,035 homicidios a nivel nacional, 626 menos que el año 2022 cuando se registraron 6,661 homicidios.

Los departamentos de Cortés, Francisco Morazán y Olancho destacan como los más violentos.

Según la Secretaría de Seguridad, la tasa de homicidios pasó de 38.14 en el 2022 a 31.14 en el 2023, presentando una reducción de 7 puntos, dato que todavía no es validado por el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), una de las entidades más confiables en la materia.

La coordinadora de esta entidad universitaria, Migdonia Ayestas, explicó que los datos oficiales todavía están en proceso de validación, por lo cual no puede asegurar que la tasa de homicidios cayó en siete puntos.

De acuerdo con Ricardo López, delegado adjunto del Conadeh, lo que la Policía hace con las saturaciones, por lo menos en el departamento de Olancho (el tercero más violento del país), es detener a las personas que ahí se encuentran delinquiendo, pero los agentes tienen que tratar con mucho respeto a los ciudadanos, ya que la presunción de inocencia es algo que tienen que respetar y al momento de ingresar a una casa de habitación se tienen que tener los medios necesarios para un abordaje.

“Nosotros consideramos que el estado de excepción, si bien es cierto es una medida que ya trasciende un año sin tener los resultados positivos. Consideramos que el Estado, a través de la Secretaría de Seguridad, debería realizar un análisis más a profundidad de los logros”, dijo López.

Lamentó que el tema de la delincuencia común y organizada no se ha detenido en los municipios en donde se ha establecido este estado de excepción, pues constantemente se observa incidentes en las comunidades, así como denuncias por redes sociales, donde la gente se queja de la violencia, del robo de sus pertenencias, que no pueden andar en las calles (peor en horas de la noche), así como los crímenes ocurridos en Roatán, que ponen en alerta al país.

De acuerdo con el abogado y criminólogo Nery Ordóñez, la población señala a la Policía por la falta de una reducción sustancial de los homicidios y de la violencia, sin embargo, eso es injusto porque esta es una tarea de todos los operadores de justicia, Ministerio Público, Poder Judicial y otras instancias del Estado.

Lamentó que no haya una estrategia conjunta de los operadores de justicia, sino que cada institución está trabajando aisladamente.

“Aquí todo el mundo solo tiene ojos para ver los resultados de la Policía. No tiene ojos para ver el actuar de la Fiscalía, que es el ente que dirige la investigación. Hay que ver la labor de los fiscales pues son ellos los que técnica y jurídicamente dirigen las investigaciones. El Ministerio Público debe rendir cuentas”, demandó Ordóñez.

“Hasta este momento no he escuchado que el Ministerio Público se pronuncie bajo el estado de excepción. ¿Por qué motivo? Porque al final se van en libertad todo ese montón de detenidos, porque los testigos no se presentan a sustentar el caso y los fiscales no hacen mayor cosa. Hay que recordar que con el estado de excepción lo que se busca es a los miembros de las estructuras criminales”, añadió.

“Han dejado sola a la Policía. Aquí la Corte actúa por su lado, lo mismo el Ministerio Público. El Congreso no aplica bien las normas y la normativa, el Instituto de la Propiedad no facilita el registro vehicular a la Policía y el 911 ahora ya no responde a las llamadas de la ciudadanía”, criticó.

Estos factores influyen para que los crímenes en Honduras queden en impunidad, uno de los retos más grandes de Honduras desde hace décadas.