La trama de los uniformes que tiene preso a Francisco Cosenza

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Ante la indiferencia de las autoridades hondureñas para investigar los negocios alrededor de las compras por más de 30,000 millones de lempiras de la Tasa de Seguridad, realizadas entre el 2013 y 2021, es la justicia estadounidense la que va tras la corrupción y los sobornos alrededor de esos fondos.

Por prácticas corruptas en el extranjero, la Corte del Distrito Sur de Florida acusó judicialmente, en noviembre del año pasado, a los ciudadanos estadounidenses Carl Alan Zaglin y Aldo Néstor Marchena, así como al hondureño Francisco Roberto Cosenza Centeno, director ejecutivo de la Tasa de Seguridad.

Ambos son acusados de lavado de activos y reparto de coimas en relación con dos contratos para la compra de uniformes y accesorios destinados a la Policía hondureña por un monto de 10.4 millones de dólares, unos 241 millones de lempiras (según la tasa de cambio de 23.03 entre 2025 y2016), dinero que los contribuyentes aportaban para el combate de la inseguridad.

Tres resoluciones del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) de los años 2015 y 2016 exponen las raíces del caso por el cual la justicia de Estados Unidos pidió en extradición a Cosenza.

En junio de 2015, el CNDS redactó dos borradores de la resolución 055-2015; en el primero se estableció que se haría una compra de uniformes policiales valorada en 4,191,045.94 dólares, unos 96 millones de lempiras (al cambio de 23.03).

En un cuadro se detalló la adquisición de 26,064 fatigas, igual cantidad de pantalones y gorras, así como 13,010 fajas de fatiga por un monto de 2,035,912.94 dólares.

Luego, otro lote de 24,000 camisas diarias para hombre, igual cantidad de pantalones; 1,010 camisas diarias para mujer, similar monto de pantalones y 13,010 botas tácticas, todo esto por un valor de 2,155,133 dólares.

A los pocos días se redactó un segundo borrador, nada más que en uno de los considerandos se estableció una compra por un valor de 4,873,253.76 dólares, sin embargo, lo que aparecía como aprobado eran 4,191,045.94 dólares.

Al final, el 15 de junio, según los papeles de la Tasa de Seguridad, se firmó la resolución 055-2015 estableciéndose definitivamente la cantidad de 4,873,253.76 dólares, equivalente a unos 112.2 millones de lempiras.

En el escrito se especificó que la compra se le realizaría a la empresa Tactical Products Group (con sede en Florida, Estados Unidos), argumentando que presentó una oferta que reunía las especificaciones técnicas requeridas por la Secretaría de Seguridad.

No obstante, de acuerdo con la demanda en la Corte del Distrito Sur de Florida que tiene a Cosenza con un pie en una cárcel norteamericana, el 25 de junio de 2015 un ejecutivo de una empresa de Georgia firmó un contrato de 4.8 millones de dólares con el representante legal de la Tasa de Seguridad de ese entonces (Cosenza).

EL HERALDO Plus identificó que la empresa de Georgia es Atlanco LLC, de la cual Carl Alan Zaglin es propietario; junto a otro socio de nombre Aldo Néstor Marchena forman parte del juicio por lavado de activos y prácticas corruptas en la promoción de ofertas, promesas, autorización o pago de dinero o cualquier cosa de valor a un funcionario de un gobierno extranjero.

El 6 de julio de 2015 -once días después que el representante de Atlanco firmó contrato con Cosenza- el CNDS emitió la resolución 066-2015, modificando la resolución 055-2015, estableciendo que ahora la empresa que proveerá los uniformes policiales ya no es Tactical Products Group, sino Atlanco LLC, porque “su oferta reúne las especificaciones técnicas requeridas”.

En la nueva resolución, la cantidad establecida es de 4,873,253.76 dólares.

Según la acusación en la Corte del Distrito Sur de Florida, “en o alrededor del 9 de septiembre de 2015, Zaglin se reunió con Luis Berkman y Marchena en la oficina de Florida Company I en Miami, Florida, en el Distrito Sur de Florida, para discutir la realización de pagos de sobornos a funcionarios del gobierno hondureño”.

“El 6 de octubre de 2015, o alrededor de esa fecha, Zaglin, en nombre de Georgia Company 1, y Marchena, en nombre de Florida Company 1, firmaron un Acuerdo de corretaje falso, para ocultar los pagos de sobornos a funcionarios del gobierno hondureño.

El Acuerdo de Intermediación exigía a la empresa Georgia 1 pagar a la Empresa Florida 1 el 25.4% de los ingresos que la Empresa Georgia I recibía de Tasa, en virtud del primer contrato uniforme”, precisa la demanda.

En junio de 2016, Luis Berkman -en nombre de Atlanco- presentó oferta a la Tasa de Seguridad para vender uniformes y accesorios adicionales policiales por un monto de 5.6 millones de dólares.

Luego, en una sesión realizada el 15 de agosto del año 2016, según acta 010/2016, el CNDS aprobó una segunda compra de uniformes para la Policía, y mediante la resolución 032-2016 de fecha 26 de agosto, instruyó al Comité Técnico del Fideicomiso a erogar 7,344,868.78 dólares, equivalente a más de 168,931,981.94 lempiras para tales implementos.

En el documento se establece que ese dinero será para “la adquisición de nuevos uniformes y accesorios para la Policía Nacional de Honduras a la Industria Militar de las Fuerzas Armadas de Honduras (IMFFAA) y la Empresa Atlanco LLC”.

Esta resolución fue firmada por el entonces presidente Juan Orlando Hernández; por Mauricio Oliva en calidad de presidente del Poder Legislativo; Rolando Argueta, como presidente de la Corte Suprema de Justicia; Julián Pacheco como ministro de Seguridad; Samuel Reyes como ministro de Defensa y el teniente coronel Carlos Roberto Aldana como secretario ejecutivo del CNDS.

El 26 de octubre de 2016, Atlanco y la Tasa de Seguridad, representada por Cosenza, firmaron el contrato por 5.6 millones de dólares.

El 6 de enero de 2017, Marchena se reunió con Cosenza en Miami para hablar sobre la apertura de la empresa estadounidense Front Company 1, dice la acusación en la Corte del Distrito Sur de Florida.

Como lo que se hacía con el dinero de la Tasa de Seguridad se manejaba bajo el amparo de la secretividad que daba la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional, más conocida como “ley de secretos” -aprobada en 2014-, hasta la recepción de los uniformes policiales tenía un nivel de confidencialidad.

Documentos en poder de EL HERALDO Plus revelan que los uniformes y otros implementos fueron entregados en el área de embarque de la maquila Basic Apparel del parque industrial CBI ubicado en La Ceiba.

Así lo detalla un memorando: “Por medio de la presente informo a usted que se han recibido tres entregas de uniformes tácticos de la Policía Nacional por parte de la empresa Basic Apparel en el parque industrial CBI en la ciudad de La Ceiba, departamento de Atlántida”.

En otro documento policial se ordena recibir del representante de la Tasa de Seguridad Poblacional los uniformes, calzados y accesorios de la Policía Nacional levantando el acta respectiva de recepción de los artículos fabricados por la empresa Atlanco, Basic Apparel del parque industrial CBI, a la vez entregue al Centro de Apoyo Logístico Policial (Calpo).

A pesar de que la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus desde el 2018 viene denunciando casos de despilfarro de dinero de la Tasa de Seguridad en compras de todo tipo, realizadas por la Secretaría de Seguridad, las Fuerzas Armadas, entre otras entidades, el Ministerio Público no ha realizado ninguna investigación.

Anteriormente, la Fiscalía argumentaba que no podía investigar esos casos porque la documentación estaba protegida por la “ley de secretos”, no obstante, esta normativa que actuaba como un escudo de impunidad fue derogada por el Congreso Nacional en marzo de 2022.

Un ejecutivo de la empresa Atlanco LLC, de Georgia, firmó un contrato de 4.8 millones de dólares -lo establecido en la resolución 055-2015- con Francisco Roberto Cosenza Centeno, director y representante legal de la Tasa de Seguridad.

El CNDS emitió la resolución 066-2015 modificando la resolución 055-2015 y determina que ahora la empresa que proveerá los uniformes es Atlanco LLC, porque su oferta reúne las especificaciones técnicas requeridas.

La empresa Atlanco, a través de la maquila Basic Apparel, del parque industrial CBI, situado en La Ceiba, Atlántida, realizó la primera entrega: 10 mil pantalones tácticos, 10 mil camisas tácticas y 10,000 gorras de fatiga.

El CNDS, mediante resolución 032-2016, instruyó erogar más de 7.3 millones de dólares, equivalente a 168.9 millones de lempiras para la compra de más uniformes policiales. De este monto asignó un nuevo contrato de 5.6 millones de dólares a Atlanco LLC.

La Corte del Distrito Sur de Florida conoce el caso, donde la fiscalía acusa a los individuos estadounidenses Carl Alan Zaglin, Aldo Néstor Marchena y al hondureño Francisco Roberto Cosenza por lavado de activos y recibimiento de sobornos.

La Secretaría de Seguridad informó sobre la captura de Roberto Cosenza para fines de extradición luego que fuera acusado en la corte del Distrito Sur de la Florida de lavado de activos y recibimiento de coimas en contratos de uniformes policiales.