Honduras y El Salvador invierten arriba del promedio latinoamericano en seguridad

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Escudados en una iglesia, con la cruz de frente, que fue perforada por cuatro disparos, varios integrantes de la pandilla 18 se enfrentaron a bala viva contra elementos de la Policía Nacional, generando horas de terror en los habitantes del barrio Buenos Aires de la capital de Honduras.

La Policía Nacional envió a parte de sus equipos élites, acompañados por elementos de la Policía Militar del Orden Público (PMOP). Los uniformados protagonizaron un extendido cruce de fuego que al final no tuvo ningún resultado, más que el escape de los temerarios gatilleros.

Los vecinos, que transmitían en vivo el hecho, llamaban a los medios de comunicación. “Por favor, manden las Black Mamba, para eso deberían de servir”, pero los costosos carros blindados -destinados para operaciones especiales- estaban guardados.

Las maras y pandillas, la extorsión, el narcotráfico, la violencia contra la mujer y otros crímenes han sido problemas de seguridad en común que han vivido los países de Honduras, Guatemala y El Salvador, que conforman el Triángulo Norte de Centroamérica.

Estos tres estados en la última década han hecho millonarias inversiones en seguridad pública, con avances apreciables en el diseño, la efectividad y la eficiencia de las políticas de seguridad ciudadana, como las reducciones de las tasas de homicidios por cada cien mil habitantes.

No obstante, en varios casos, esos esfuerzos han derivado en intervenciones reactivas, fragmentadas, dispersas y carentes de mecanismos de seguimiento y evaluación, tal y como sucedió recientemente en barrio Buenos Aires.

Esas son parte de las conclusiones del informe “Análisis de la composición y evolución del gasto público en seguridad, justicia y derechos humanos en Guatemala, El Salvador y Honduras”, elaborado por Infosegura con apoyo de las Nacionales Unidas y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés).

El documento establece que en relación al Producto Interno Bruto (PIB) el promedio de inversión en seguridad a nivel de Latinoamérica es de 1.7% (el porcentaje del PIB que se destina a seguridad), mientras que El Salvador destina el 3.1% y Honduras el 2.1%.

Se estima que desde 1992 a 2022 más de 379,000 personas fueron víctimas de homicidios en los tres países, sin incluir el número de personas desaparecidas y víctimas de homicidios culposos por accidentes de tránsito.

Lo anterior significa que en ese mismo periodo de tiempo, 130,011 homicidios se cometieron en Guatemala, 131,350 en El Salvador y 118,103 homicidios en Honduras.

Estos indicadores convirtieron a los tres países en los más violentos de Centroamérica. En la actualidad, Honduras ocupa el primer lugar, con una tasa de 31.44 homicidios por cada cien mil habitantes al cierre de 2023.

Para el comisionado de Policía en condición de retiro, Henry Osorto, las estadísticas no mienten y, a su juicio, el problema de la violencia que se vive en el Triángulo Norte se debe a que estos países son el paso obligado de la droga que viene de Sudamérica y que va hacia Estados Unidos.

Osorto consideró que hay que tomar en cuenta la corrupción estatal, debido a que el crimen organizado está infiltrado en las estructuras del Estado y eso evita que hayan resultados más efectivos en el caso de Honduras.

Los resultados de diversas encuestas de victimización y percepción de la seguridad que se realizaron en la región muestran que la inseguridad figura consistentemente como una preocupación central de la población de esos países.

Cabe notar la drástica reducción de los homicidios que se ha registrado en El Salvador a partir del 2022, al punto que al cierre de 2023 la tasa era de 2.4 homicidios por cada cien mil habitantes. Esta reducción ha impactado en la percepción de seguridad de la población, según el informe.

El comisionado en condición de retiro consideró que se debe tomar como ejemplo el trabajo que se ha hecho en El Salvador. “Cuando se quiere se puede”, pero en el caso de Honduras hay que desmarcarse de muchas cosas.

Por ejemplo, investigar quiénes son los actores que tiene infiltrado el crimen organizado en los campos militares, policiales, políticos y hasta diplomáticos, como quedó evidenciado en el juicio del expresidente Juan Orlando Hernández.

“La plataforma criminal que él (JOH) dejó instalada, creo que aún sigue funcionando, no se ha desmantelado y en eso hay que trabajar, en el desmantelamiento de esa plataforma criminal que dejó instalada como gobierno”, recomendó.

Entre 2010 y 2022 el gasto total de los tres países destinado a seguridad pública, justicia y derechos humanos creció a una tasa promedio anual del 8.2 %, al aumentar de 1,430.6 millones de dólares a 3,637.2 millones de dólares, establece el informe.

Las tasas de crecimiento del gasto público para esas partidas por país fueron del 10.6 % en Guatemala, del 6.9 % en El Salvador y del 6.1 % en Honduras.

En Guatemala, por ejemplo, en el 2010 el presupuesto para seguridad, justicia y derechos humanos era de 587.1 millones de dólares y para el año 2022 la cifra subió a 1,849.1 millones de dólares, evidencian las mediciones.

En el caso de El Salvador, en el 2010 la inversión era de 560.5 millones de dólares y para el 2019, cuando asumió el presidente Nayib Bukele, fue de 858 millones de dólares.

En el 2020 ascendió a 1,020.9 millones, para el 2021 subió a 1,187.4 millones y en el 2022 se destinó 1,227.7 millones de dólares.

En Honduras, la inversión en materia de seguridad, justicia y derechos humanos ha sido menor a la de los países hermanos, ya que para 2010 el gasto era de 283 millones de dólares (5,365 millones de lempiras al cambio de esa fecha).

La tendencia fue al alza en los siguientes periodos, ya que para el año 2020 el presupuesto era de 531.5 millones de dólares (12,856 millones de lempiras), en el 2021 fue de 556.9 millones (13,588 millones de lempiras) y para el 2022 aumentó a 560 millones de dólares (13,776 millones de lempiras).

En Guatemala el 50.2% del presupuesto fue para seguridad, el 47.3% para justicia y 2.6% para derechos humanos; en El Salvador, el 52.1% fue para seguridad, el 43.5% para justicia y 4.4% para derechos humanos.

En el caso de Honduras, utilizó el 60% del presupuestos para seguridad, el 37.5% para justicia y 2.4% para atender problemas de derechos humanos, según el informe.

El gasto total de estas naciones en seguridad ciudadana, a nivel del gobierno central, creció a una tasa promedio anual del 8.2 % en los últimos 12 años.

Si el análisis se realiza por país, se observa que Guatemala destinó el menor porcentaje de su PIB a seguridad en el período analizado, que fue de 1.6 %, similar al promedio latinoamericano de 1.7 %.

En tanto, El Salvador estuvo muy por arriba del promedio, con 3.1 %, mientras que Honduras también siguió la misma tendencia, con 2.1 % de inversión de su PIB en seguridad.

Estos datos parecen indicar que El Salvador y Honduras han situado a la seguridad ciudadana entre sus prioridades presupuestarias, junto con las áreas de educación, infraestructura, salud y desarrollo social, menciona el documento.

Mientras que las partidas presupuestarias asignadas a las principales instituciones responsables de velar por los derechos de las mujeres y las niñas, para brindarles asistencia, a las que son víctimas de violencia, fueron muy modestas, igual que las de derechos humanos, concluyen los expertos.

En noviembre y diciembre de 2021, el 46.8 % de la población en El Salvador consideraba la inseguridad y violencia como el principal problema del país, seguido por problemas económicos (28.9 %).

Sin embargo, esta cifra ha disminuido con el paso del tiempo y, para marzo de 2023, solo el 6.7 % de la población encuestada identificaba la delincuencia y la violencia como el principal problema del país.

Mientras que en Honduras la inseguridad es el problema más urgente que enfrentaba la sociedad. Así opinaron el 42.8 % de la población en una encuesta desarrollada por el Instituto Universitario en Democracia Paz y Seguridad (Iudpas) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) en el 2019.

Si bien las tasas de homicidios han tendido a disminuir en la última década, los niveles de violencia en el norte de Centroamérica todavía son elevados. Del total de homicidios ocurridos en ese período 1992-2022, en los tres países analizados, el 33.6 % corresponde a El Salvador, seguido por Guatemala 33.2 % y Honduras (30.2 %).

Todo lo contrario ha pasado con los homicidios registrados en Costa Rica, que representan apenas el 3 % de ese total.

Hugo Maldonado, presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh), consideró que la inversión realizada por los gobiernos ha sido para proteger la vida y la seguridad de los ciudadanos.

“Pero la prevención debe ser como la inversión social que se hace en cada uno de los países, para contrarrestar este flagelo que tantas muertes nos ha causado, no solo al Triángulo Norte de Centroamérica, sino que en América Latina”, declaró.

Por ejemplo, El Salvador tuvo que tomar medidas extremas, inclusive hasta de violación de derechos humanos, para tratar de contrarrestar la violencia, siendo una inversión de reacción a los grupos criminales, citó.

Igual lo ha estado haciendo Honduras, la inversión ha sido de reacción contra los grupos criminales, como el narcotráfico y crimen organizado, ya que desde esa perspectiva la vida y la seguridad debe ser protegida y esa es una triste realidad que se va seguir viviendo por las malas políticas que se tomaron en los gobiernos que han pasado, lamentó.