TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Varios requerimientos fiscales contra exfuncionarios de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) y del Mecanismo Nacional de Prevención Contra la Tortura y Otros Tratos Crueles e Inhumanos o Degradantes (MNP-Conaprev) se realizan este viernes a nivel nacional en el marco de la operación Poseidón IV.
En el caso de Hondutel, el requerimiento es contra el exgerente Melvin Remberto Maldonado Maldonado, por suponerlo responsable de violación de los deberes de los funcionarios.
De acuerdo con el informe presentado por el Ministerio Público, este caso tiene que ver con retenciones al Impuesto Sobre la Venta (ISV) que pagaban los abonados y que no fueron entregados al Servicio de Administración de Rentas (SAR).
De esta manera, causó un perjuicio contra la administración pública por un monto superior a los 259 millones de lempiras (L.259,256,694.65).
A esto se suma el hecho que el exgerente Maldonado Maldonado no enteró al SAR más de tres millones de lempiras (L.3,400,609.76) por concepto de retención de la fuente o Impuesto Sobre la Renta (ISR) y finalmente otros 1.5 millones de lempiras (L.1,501,400.02) a razón de retenciones por ventas del Estado.
Más de 263 millones de lempiras (L.263,762,704.43) fue el total que dejó de percibir el SAR entre los años 2019 y 2021 por las actuaciones punibles del extitular Melvin Remberto Maldonado Maldonado.
Conaprev y las investigaciones
De la misma manera, este día también se presentó requerimiento fiscal en contra de la exrepresentante del Poder Ejecutivo en el Mecanismo Nacional de Prevención Contra la Tortura y Otros Tratos Crueles e Inhumanos o Degradantes (MNP-Conaprev), Jessica María Abufele Luque.
Según el MP, a Abufele Luque la suponen responsable de los delitos de malversación por aplicación oficial diferente y violación a los deberes de los funcionarios.
La acusada, quien se desempeñó en el cargo hasta marzo de 2022, solicitó y recibió de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) un apartamento en el edificio “Condominios Malibú” situado en la colonia San Ignacio de Tegucigalpa, bien inmueble asegurado por la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y la ATIC en el marco de la Operación Apolo en 2018, al que la exfuncionaria le dio un uso para beneficio personal (domicilio privado).
