TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los autogobiernos a lo interior de las cárceles del país no son nada nuevo, y la crisis suscitada en las últimas horas en la Penitenciaría Nacional no se va a solucionar negando los hechos, afirmaron defensores de derechos humanos que conocen la realidad penitenciaria.
Fuentes vinculadas a la Penitenciaría Nacional, ubicada en Támara, relataron que el lunes reciente la denominada Mara Salvatrucha tomó el control del reclusorio, tras obligar a que se retirara tanto el personal administrativo como el policial, el cual tuvo que replegarse en sus dormitorios, situación que la dirección policial dijo que era falsa.
Según un audio, los privados de libertad le comunicaron al subcomisario Fredy Ordóñez Lagos -quien se había quedado al frente del manejo de la cárcel- que el personal podía regresar a sus labores habituales el día siguiente, o sea, el martes.
A su regreso a la prisión los empleados se vieron sorprendidos por un enorme operativo policial que los registró exhaustivamente, situación que no sucedió dentro de la prisión que es donde está el problema.
“Hoy (martes) fue un día de mucha tensión dentro del área administrativa. La Policía reforzó el perímetro del penal, pero nadie se atrevió a entrar a los diferentes módulos”, relató la fuente.
Explicó que, a raíz de la crisis, las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INP) suspendieron al director de la cárcel, el comisionado Melvin Alexander Alvarenga, y al subdirector, comisario Olman Maradiaga.
Ante tal determinación, por la mañana se presentó el comisionado Hugo Velásquez como nuevo director y al subcomisario Fredy Ordóñez Lagos se le nombró como nuevo subdirector.
No obstante, ninguno de ellos firmó documentos manifestando que lo harían hasta que los antecesores les traspasen formalmente el mando.
Para Leonel Casco, veterano defensor de los derechos humanos, negar lo que está ocurriendo en las prisiones no solo es poner en peligro la seguridad nacional, sino que también se “está engañando al gobierno mismo, a la institución a la que pertenece; por lo tanto, en una investigación objetiva, en una evaluación, ese personal debe ser separado de su cargo y luego enjuiciados por incumplimiento de los deberes de los funcionarios”.
Los que dirigen las cárceles deben ser responsables y, frente a las amenazas del crimen organizado dentro de las prisiones, tomar acciones de prevención antes de que la crisis explote, como se está viendo en los centros penitenciarios, exigió Casco.
Igualmente, para Carlos del Cid, también experimentado defensor de derechos humanos, “nadie oficialmente le va a decir a usted que hay un autogobierno o que un grupo del crimen organizado controla una prisión”.
Incluso en Honduras “no se reconoce que hay una relación entre el gobierno y las maras y pandillas, pero detrás de los telones hay diálogos que se dan entre los grandes toros y, sobre todo, los directores de cada centro penitenciario”.
La crisis en la Penitenciaría es evidente y “la presidenta Xiomara no debe tener miedo de poner mano dura contra las estructuras criminales que están presas, pero esto no significa atacar solo a los cabecillas de las maras y del crimen organizado, sino también detener a todos aquellos funcionarios públicos que tienen indicios de estar coludidos con el crimen organizado, ya sea porque reciben dinero o amenazas y tienen miedo de llevarle la contraria”, demandó Del Cid.
