También se interpusieron 607 requerimientos fiscales, 25 acusaciones, 350 inspecciones y 25 secuestros de documentos en varias instituciones estatales.
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Durante el operativo se decomisaron 1.3 millones de lempiras y 10,300 dólares.
Entre las acciones más importantes, destaca que la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate Contra la Corrupción Pública ejecutó una serie de diligencias investigativas.
Estas pesquisas fueron realizadas en municipalidades de San Pedro Sula, Santa Cruz de Yojoa y Omoa, Cortés, y Macuelizo, Santa Bárbara, donde se verifican presuntos delitos en perjuicio del erario público por el otorgamiento de permisos y contratos.
Los agentes investigan en la jefatura policial de la colonia Kennedy un caso de allanamiento, robo con violencia o intimidación agravado, detención ilegal de libertad realizado por funcionario público y violación de los deberes de los funcionarios.
Por su parte, la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de Funcionarios y Servidores del Sector Justicia interpuso un requerimiento fiscal en contra de Germán Othoniel Turcios Escobar, quien funge como secretario adjunto del Juzgados de Letras Civil de Francisco Morazán.
El abogado es acusado de falsificar documentos públicos para supuestamente favorecer irregularmente a una demandada con un desembargo de salario.
Los fiscales anticorrupción también presentaron acusaciones por supuestas irregularidades de empleados del Registro Nacional de las Personas (RNP) de Tegucigalpa y se decomisaron documentos en la oficina regional de esta misma institución en San Francisco, Atlántida.
En tanto, la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) llevó a cabo diligencias investigativas en diferentes instituciones del Estado, con el objetivo de recopilar información sobre el Proyecto Copeco-Mitigar que se desarrolló entre 2011-2015.
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La Fiscalía de Derechos Humanos realizó inspección en los albergues de la Villa Olímpica de Tegucigalpa, en donde aún hay 187 personas damnificadas, incluyendo 79 niños.
Asimismo, la Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural ejercerá acciones penales por el delito de abuso de autoridad contra funcionarios del Registro de la Propiedad (IP) de La Ceiba, Atlántida, y por los delitos de incendio y daños al medio ambiente en el municipio de Jutiapa, Atlántida, por afectaciones causadas a comunidades garífunas.
Adicionalmente, se interpuso una acusación por el delito de usurpación en perjuicio de la tribu Tolupán Agua Caliente de Reinada de Yoro y se efectuaron 30 inspecciones, siete de ellas en el municipio de Copán Ruinas relacionadas a daños al patrimonio cultural.
También se continuó las diligencias in situ sobre el asesinato del dirigente indígena lenca de La Paz, Félix Vásquez López, en coordinación con la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida.
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