Tegucigalpa, Honduras.- Alrededor de 304.000 hogares hondureños son víctimas de extorsión, a pesar de que el país mantiene un estado de excepción parcial, vigente desde diciembre de 2022, con el objetivo de frenar la violencia criminal, informó este martes la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).
“A dos años de la implementación del estado de excepción como parte del Plan Integral para el Tratamiento de la Extorsión y Delitos Conexos, alrededor de 304,000 hogares hondureños continúan siendo víctimas de extorsión, un incremento preocupante de 74.126 nuevos hogares desde el inicio de la medida en 2022”, subraya un informe de la ASJ, capítulo local de Transparencia Internacional (TI).
El documento ‘Extorsión bajo la lupa: a dos años del estado de excepción’ señala que la tasa de victimización por extorsión pasó del 9 % en 2022 al 11,6 % en 2024, y a octubre pasado tres de cada diez hondureños se sentían “menos seguros” tras la aplicación del estado de excepción.
El Gobierno de Xiomara Castro ha prorrogado el estado de excepción en 16 ocasiones, convirtiéndolo en “un modelo de seguridad cuestionado por sus resultados limitados y su impacto en los derechos ciudadanos”, enfatizó la ASJ.
La ONG hondureña destaca que mientras el número de hogares víctimas de este delito “sigue creciendo”, las denuncias y detenciones por extorsión “han disminuido significativamente”.
Detalla que esas denuncias por extorsión en Honduras pasaron de 1.922 en 2021 a solo 484 en los primeros nueve meses de 2024. De igual manera, las detenciones por este delito también bajaron, de 461 en 2021 a 175 hasta el momento en 2024.
La organización señala que, según cifras del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), entre enero y septiembre de 2024 se reportaron más de 600 denuncias por violaciones a los derechos humanos relacionadas con el estado de excepción vigente en el país.
El fortalecimiento de unidades de inteligencia y reformas al Código Penal son tareas “pendientes” en Honduras para mejorar el combate a la extorsión, añade la ASJ, que recomienda robustecer el Plan Antiextorsión de “manera integral”.
La ONG hondureña sugiere además poner fin al estado de excepción y restituir las garantías constitucionales para garantizar la protección de los derechos ciudadanos.
Asimismo, destaca la necesidad de implementar estrategias que aborden las causas estructurales de la extorsión, fomenten la confianza en las instituciones y promuevan la denuncia de este delito.
En los últimos años, la extorsión se ha incrementado en Honduras, donde ha dejado centenares de muertos y en la ruina a miles de micros, pequeños y medianos empresarios, que tuvieron que cerrar sus negocios, mientras que otros se fueron del país.
Muchas de las víctimas mortales eran conductores del transporte urbano, interurbano y de taxis.
Grupos formados por jóvenes y adultos, conocidos como «maras», dominan algunos barrios de Honduras con un ‘modus operandi’ basado en el asesinato y la extorsión, prácticas a las que se suman la amenaza y la persecución.
