TEGUCIGALPA,HONDURAS .-Mayor celeridad y compromiso por proteger el ambiente es la exigencia a la que se han unido varios grupos protectores de los recursos naturales.
La controversia que ha generado el proyecto habitacional Condado Santa María sigue generando que las voces continúen alzándose para demandar resultados a la Fiscalía Especial de Medio Ambiente (FEMA).
Ayer tres diputados del Congreso Nacional se apersonaron ante el Ministerio Público para indagar sobre las investigaciones que el ente realiza en el cuestionado proyecto.
Tal es el caso de la diputada Doris Gutiérrez, quien mencionó que aunque a todas luces el proyecto no será amigable con el ambiente, la actitud de los que dirigen la Alcaldía dificulta paralizar definitivamente los planes de levantar más de 1,800 casas que dejarían sin agua a unas 160 colonias en la capital.
A criterio de la también exregidora, resulta increíble que el tema de licencias ambientales se maneje en secretividad y no se considere el peligro de realizar un proyecto dentro de la zona de amortiguamiento de La Tigra, que es un área protegida que no deben invadirla con políticas extractivas que destruirán los recursos naturales.
En ese sentido, la parlamentaria reiteró la necesidad de exigir respuestas y avances de la investigación y así comenzar a deducir responsabilidades a los que autorizaron el permiso.
De igual manera, el diputado Jary Dixon explicó que si las comunidades aledañas a La Tigra demostraron su rechazo al proyecto, emplazaron al alcalde y hay advertencias de demanda contra el jefe de la comuna, Asfura aún así no desiste, es algo que resulta sospechoso.
“Cuando uno mira a alguien tan apegado a los intereses de un pequeño grupo de empresarios, nos preguntamos, ¿será que es socio de ese proyecto?, ¿cuánto dinero invirtió con estas familias de nombres raros?”, cuestionó.
Desde las afueras del Ministerio Público, Dixon advirtió que el proyecto pone en riesgo la vida de los capitalinos porque se diseñó sin pensar en el futuro, donde ya no habrá agua y eso creará un grave conflicto social en el Distrito Central.
Principio de prevención
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), a través de un comunicado, aseveró que una de las amenazas más críticas para el parque nacional son las urbanizaciones, construcciones de viviendas particulares e incendios forestales.
Además, explica que una de las partes del proyecto residencial se encuentra dentro de la zona de amortiguamiento y las otras adyacentes, por lo que pueden tener influencia directa en la actualidad y en un futuro sobre el ambiente, así como en la salud y vida de las personas y comunidades de la zona.
El Conadeh recomienda aplicar diligentemente el principio ambiental de precaución para la protección debida del derecho humano al ambiente sano, según el cual el Estado debe prevenir posibles daños graves o irreversibles al medio ambiente, en esta situación, aún en ausencia de certeza científica.
Asimismo resalta que el Estado debe garantizar el derecho a la participación pública en la toma de decisiones que pueden afectar el ambiente.
Y es que la crisis de agua que vive la capital es cada vez más sensible ante los severos racionamientos.
Por ello, una misión de funcionarios de Israel mantiene desde ayer reuniones con autoridades del gobierno central y también lo hará con autoridades edilicias, para elaborar un diagnóstico y recomendaciones de un plan de acción a corto, mediano y largo plazo. Según el gobierno, el fin es abordar de manera integral el tema agua, institucional y gerencialmente.
