TEGUCIGALPA,HONDURAS.-En jaque se mantienen los pobladores del Distrito Central ante la más severa crisis de agua que experimenta la ciudad en la última década.
El escenario para el próximo año no es halagador y la angustia de muchos sectores ha reavivado la bandera de lucha para evitar que las fuentes de agua sigan debilitándose y se agudice la escasez del vital líquido.
Vía Poder Legislativo
La más reciente acción fue promovida por el diputado del partido Libertad y Refundación (Libre), Jorge Cálix, quien en la sesión legislativa del martes pasado presentó una moción para que se nombrara una comisión multipartidaria que se encargue de investigar los permisos de construcción otorgados en las zonas núcleo y de amortiguamiento de La Tigra, sobre todo los del polémico y millonario proyecto habitacional Condado Santa María.
Esta moción fue aprobada de manera unánime por los 112 diputados que se encontraban presentes en la sesión.
Cálix detalló a EL HERALDO que la comisión se nombrará durante el resto de la semana y que será presidida por el diputado nacionalista Oswaldo Ramos Soto y podría estar conformada por diez diputados.
Una vez conformada, la comisión tendrá 30 días hábiles para realizar las investigaciones necesarias para lograr brindar informes sobre el caso.
El parlamentario no descartó que se pueda solicitar una extensión en el plazo de la investigación.
“Esto es un tema de supervivencia humana, el agua la necesitamos todos, es necesario tomar cartas en el asunto, no podemos permitir que la capital se quede sin agua”, afirmó Cálix.
Además pidió a las instituciones involucradas que faciliten la información solicitada por la comisión, pues de lo contrario se aplicará la ley sobre ellas.
El diputado explicó que la comisión nombrada podrá incluso acudir a las autoridades del Ministerio Público (MP) para que muestren la documentación que tienen en su poder sobre el caso del proyecto habitacional.
Adelantó que entre los diputados que integren la comisión se deberían incluir a representantes de Francisco Morazán como Doris Gutiérrez, del Pinu y Edinora Brooks, del Partido Liberal.
Por su parte, Ramos Soto manifestó que la comisión tendrá la misión de mediar y buscar la solución a este conflicto.
Con esta moción aprobada, se establece también que la comuna capitalina no podrá extender permisos de construcción en la zona núcleo ni de amortiguamiento de La Tigra.
Las investigaciones
El portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, informó que la Fiscalía Especial de Medio Ambiente continúa con las investigaciones y que dentro de los procesos se han realizado estudios de suelo.
“No se ha concluido aún, porque es una investigación muy compleja”, afirmó Mora.
Además, expresó que si los integrantes de la comisión nombrada por el Congreso Nacional solicitan información sobre el caso, el MP está abierto para apoyar las investigaciones.
Y es que esta entidad secuestró documentación en el proyecto Condado Santa María, la Alcaldía Municipal, Instituto de Conservación Forestal (ICF), MiAmbiente y el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA).
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El caso está en investigación desde el pasado 10 de septiembre y no han dado informes.
¿Se hará o no el cabildo?
Las autoridades de la comuna capitalina dejaron en claro que el cabildo que se había pactado con los vecinos y pobladores de las comunidades de La Tigra se realizará, pero una vez que las autoridades del Ministerio Público emitan un informe sobre el proyecto habitacional del Condado Santa María.
A través de un comunicado, las autoridades edilicias manifestaron ayer que en cuanto al tema de la Municipalización del Agua, la creación de la Fundación Amigos de La Tigra (Amitigra) y la regularización de la tenencia de la tierra del ICF, es competencia del Congreso Nacional su discusión y no la comuna capitalina.
El regidor Jorge Aldana indicó que la comisión que nombre el Poder Legislativo deberá de investigar no solo el caso del controversial proyecto habitacional, sino que deberá indagar sobre si hay otros impactos de proyectos en el pulmón capitalino.
Además, recomendó que se debe ampliar el área de amortiguamiento, pues considera que con el aumento de la población se debe prevenir y proteger este recurso natural.
“El compromiso debe mantenerse, el cabildo debe hacerse aunque cambie la fecha. La información del pueblo le da fortaleza a la Alcaldía, porque lo hace legitimado en la opinión del pueblo”, afirmó Aldana.
EL HERALDO informó en exclusiva desde el 27 de octubre la decisión de las autoridades locales de postergar la consulta ciudadana hasta que haya un informe oficial del MP. Según conoció, las autoridades de la comuna esperaban resultados antes de cumplirse los dos meses de plazo pactados con los pobladores en El Hatillo. Las comunidades se sienten engañadas y anuncian protestas.
