Después de departir de una fiesta, los jóvenes universitarios Rafael Alejandro Vargas Castellanos y Carlos David Pineda iban de camino a sus hogares, pero policías corruptos les segaron la vida.
En un inicio el caso parecía uno más de la ola delincuencia que azota el país, pero las investigaciones terminaron por apuntar a que elementos policiales miembros de una red policial criminal fueron los culpables.
Rafael Alejandro Vargas Castellanos era el hijo menor de la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, y estudiaba sociología; Carlos David Pineda era hijo del ingeniero forestal Carlos Pineda y cursaba la carrera de derecho.
Persecución mortal
Cuando ambos decidieron salir de la fiesta que se realizó en una residencia en la colonia Miraflores, Carlos David Pineda llamó a su padre al filo de la 1:30 de la madrugada del 22 de octubre de 2011 para informarle que iba con dirección a su casa.
Vargas y Pineda, luego de salir del convivió, se toparon con un operativo policial cerca del centro comercial Plaza Millenium.
Los efectivos policiales les hicieron señal de parada, pero los muchachos, al parecer, sintieron temor y no obedecieron la instrucción.
Fue así que se desató una persecución en la que los policías disparaban hacía el vehículo de los universitarios.
El seguimiento continuó por varios minutos hasta que se trasladó a la colonia América, de Comayagüela, donde los disparos finalmente terminaron por impactar en los cuerpos de Rafael Alejandro Vargas Castellanos y Carlos David Pineda.
Los jóvenes, ya mal heridos, fueron montados en una de las patrullas y llevados cerca de la aldea Santa Rosa, a la altura del kilómetro 8 de la carretera que conduce al sur del país.
Sus cuerpos fueron encontrados en horas de la mañana del mismo sábado 22 de octubre, específicamente en un abismo, con varios impactos de bala.
Para rescatar los cadáveres, personal de Medicina Forense y de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC) pidieron la colaboración de los elementos del Cuerpo de Bomberos de Honduras.
El carro en el que se conducían, un Toyota Rav 4, color champán, con placas PAJ 6582, fue dejado tirado cerca del sitio de hallazgo. En el asiento trasero encontraron la licencia de conducir del hijo de la rectora. Otros objetos personales que había en el carro no fueron encontrados.
En el automotor también se hallaron varios orificios de bala y restos de sangre.
Se destapa la olla
El hecho sangriento se a atribuyó a criminales comunes; durante el velatorio y entierro de los muchachos hubo una condena generalizada por el crimen.
Pero la historia tomó un giro sorprendente cuando se dio a conocer que los victimarios fueron policías de la posta de La Granja, donde funcionaba una banda de efectivos de la Policía Nacional a la que se denominó el “cartel de La Granja”.
