El Ministerio Público y la Policía deben rendir un informe sobre los resultados de su desempeño, dijo Julieta Castellaños,
rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), al exigir que cese la impunidad en el asesinato de su hijo Rafael Alejandro Vargas Castellano y su compañero Carlos David Pineda a manos de elementos policiales.
Acompañadas por representantes de los sectores que conforman la Alianza por la Paz y la Justicia, Castellanos, Aurora de Pineda, madre de Carlos David Pineda, y la socióloga Hilda Caldera, esposa del asesinado Alfredo Landaverde, demandaron más responsabilidad a la Policía y al Ministerio Público.
En su exposición, la rectora dejó claro que junto a la señora de Pineda no solo han sido víctimas de la criminalidad policial, sino que han vivido en carne propia las atrocidades de un sistema de impunidad y negligencia que marca el actuar de los operadores de justicia.
Hechos
Ambos jóvenes universitarios fueron asesinados el 22 de octubre del año pasado por elementos de la Policía. Este hecho criminal evidenció la colusión de agentes y altos oficiales de la institución encargada de la seguridad ciudadana en los delitos e hizo relucir la negligencia de los fiscales en el manejo del caso.
Días después de este suceso, el 7 de diciembre de ese mismo año, el ingeniero Alfredo Landaverde,
un férreo crítico de la podredumbre en la institución policial, fue acribillado también por sicarios.
En este crimen los investigadores nuevamente involucran a miembros de la Policía. Estos dos hechos criminales sacudieron a la sociedad sacándola de su letargo. La ciudadanía, alrededor de las víctimas, comenzó a exigir el esclarecimiento de los casos y la pronta depuración de la entidad policial.
La demanda de los sectores sociales y de las víctimas para que se capture y lleve a los tribunales de justicia a los culpables de estos y otros crímenes, así como la implementación de una verdadera depuración de la Policía, continúa actualmente.
En el caso de David y Rafael Alejandro, “ahí hay una responsabilidad absoluta de los jefes de policía que los dejaron en libertad -a los agentes responsables del asesinato- y de la Fiscalía de los Derechos Humanos, que no actuó con el compromiso y con la diligencia correspondiente”, lamentó Castellanos.
Este caso no ha tenido avances significativos respecto a lo que había en diciembre de 2011 con la entrega voluntaria de uno de lo homicidas.
“Para nosotras lo que evidencia este año es un año de una permanente demanda de justicia, de una permanente demanda de depuración de los sistemas de seguridad, pero los resultados no han sido sustantivamente importantes. Como tarea pendiente está la lucha contra la impunidad de todos aquellos que hemos sido víctimas tanto de la delincuencia común como de la criminalidad policial o de otras bandas”, añadió.
Depuración
A criterio de la rectora, el proceso de depuración de la Policía ya debería tener en este momento una etapa más avanzada, pero no es así.
“La mayor tragedia del país ha radicado en que la institución que debe ser la garante de la seguridad, la que desarrolla el proceso de investigación criminal, ha estado infiltrada por bandas criminales”, expresó.
Las denuncias que antecedieron al asesinato de su hijo y de su compañero eran motivos suficientes “para una depuración rápida y absoluta de la policía, y que esta institución fuera devuelta a la sociedad con una mayor capacidad y compromiso en la defensa de la seguridad como un derecho de todas y todas”, dijo Castellanos.
El país necesita avanzar hacia el fortalecimiento de unas instituciones que den respuestas. No es posible que se tengan instituciones que consumen una gran cantidad de recursos públicos y que no haya resultados, criticó.
“En lo particular yo estaría solicitando al Ministerio Público que rinda un informe de los resultados del desempeño que tienen en los temas que abordan, porque una institución se mide por resultados. Igual estaríamos pidiendo a la Policía Nacional un informe de resultados.
Sobre sicarios al mando de la Policía, ella manifestó que eso “todo mundo lo sabe. Aquí no estoy diciendo nada nuevo”.
Esta lucha continúa, “no vamos abandonarla, vamos a estar exigiendo respuestas y vamos a estar exigiendo resultados de las instituciones que se han conformado para el fortalecimiento del sistema de seguridad en el país”, prometió.
Ampliación
Por su parte, Aurora de Pineda explicó que en la última reunión sostenida con la fiscalía en junio se le informó que se ampliarían las acusaciones a los oficiales Marco Tulio Palma y Jorge Alberto Barralaga.
A estos oficiales se les acusó de abuso de autoridad, pero la fiscalía, al encontrar evidencia de que incurrieron en otros delitos, como ocultamiento del arma asesina y encubrimiento, les está ampliando las acusaciones.
Entre tanto, Caldera en su intervención sostuvo que “esto es algo terrible, es una agonía, estar buscando qué pasa con la Policía, que pasa con la Fiscalía, es como una tortura, es como si la delincuencia tuviera todo el peso, todo a su favor. Nosotras no tendremos paz hasta que tengamos justicia. El país está de luto, aquí hay demasiado duelo”, lamentó.
Sobre el asesinato de su esposo, Caldera explicó que en una reunión que tuvo con la fiscalía le dijeron “que el caso va avanzando y que hay mucha sospecha que fue una acción organizada de la policía”.
Basta
En la conferencia de prensa, Josué Murillo, coordinador de la Alianza por la Paz y la Justicia, leyó un pronunciamiento mediante el cual exigió que se haga justicia y se deduzca responsabilidad a los mandos de la Policía que dejaron en libertad a los autores materiales del crimen de Vargas y Pineda.
Esta tragedia causó indignación en la sociedad civil, que se organizó en una alianza que lucha por la paz y la justicia a través del acompañamiento crítico al proceso de reforma de la seguridad pública, que pretende cambiar la situación de temor e inseguridad que vive el pueblo hondureño por una en la que imperen la seguridad y la justicia para las mayorías.
“Exigimos al Ministerio Público que agilice las investigaciones para la captura e enjuiciamiento de los autores materiales del crimen y que se deduzca responsabilidad a las autoridades policiales que encubrieron y dejaron en libertad a los agentes de policía que asesinaron a Rafael Alejandro y Carlos Pineda”.
Asimismo, se pidió que la Dirección de investigación y evaluación de la carrera policial (DIECP) impulse con mayor celeridad el proceso de limpieza de la Policía y que realice un análisis integral, sin olvidar que un proceso de depuración debe priorizar las investigaciones de los patrimonios, en especial de las cúpulas policiales.
Además de exigirle al gobierno que le entregue el presupuesto a la Comisión de Reforma de la Seguridad Pública para que cumpla su mandato, la Alianza por la paz y la Justicia espera que las reformas apunten hacia una institución policial eminentemente civil y comunitaria.
