En 2009, la entonces presidenta argentina Cristina Fernández proclamó la estatización de las transmisiones de la l iga argentina de fútbol tras permanecer secuestradas, según ella, durante casi dos décadas por la empresa dueña de los derechos de televisión de los partidos.
La exmandataria dio así por iniciado el Fútbol para Todos (FPT), una iniciativa por la cual el Estado asumía el control de los derechos de los partidos de primera división y disponía su transmisión gratuita a todo el país por canales de televisión abierta. Ocho años después, el programa es señalado como un semillero de malversación y considerado un despilfarro de dinero, además de ser vinculado con el abarcador sobre corrupción en el fútbol sudamericano que se dilucida en un juicio en un tribunal en Estados Unidos.
“No es posible que sólo el que pueda pagar pueda mirar un partido, que además secuestren los goles”, exclamó la expresidenta durante aquel anuncio, que realizó junto con el entonces presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Julio Grondona, y el entonces técnico de la selección Diego Maradona.
La referencia de Fernández al “secuestro de goles” apuntaba a la empresa Torneos y Competencias, dueña de los derechos televisivos de la liga argentina desde 1992 hasta 2009 y pieza fundamental del entramado de corrupción que salpica a ex dirigentes de la FIFA y Conmebol. Bajo su control, los partidos se emitían en señales de cable por el sistema pague por ver. Los hinchas que no podían costear el abono estaban obligados a esperar hasta el domingo a la noche para ver los goles de sus equipos favoritos en el programa televisivo “Fútbol de Primera”.
Para adueñarse de los derechos, el gobierno de Fernández contó con la ayuda decisiva de Grondona, el veterano mandamás del fútbol argentino durante más de tres décadas hasta que falleció en 2014. El dirigente rompió el contrato que mantenía con Torneos y Competencias y su socio Grupo Clarín, el conglomerado de medios más poderoso del país, y se los entregó al Estado a cambio de un monto inicial de 600 millones de pesos (33 millones de dólares).
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Pero si bien el gobierno argentino le arrebató a Torneos y Competencias los derechos de los partidos, mantuvo con esa empresa un vínculo contractual para la producción de las transmisiones televisivas, lo cual incluía móviles, cámaras y periodistas.
Alejandro Burzaco, exdirector general de Torneos y Competencias, testificó el martes en el juicio en Nueva York que entre 2011-14 pagó cuatro millones de dólares en sobornos a ex funcionarios del gobierno de Fernández a cambio de los derechos de producción de la televisación de los partidos de la segunda división argentina, cuyo valor había aumentado gracias al descenso de River Plate, uno de los dos clubes más populares del país.
Burzaco, el testigo estrella de la fiscalía estadounidense en el juicio contra tres ex dirigentes del fútbol sudamericano acusados de recibir sobornos y otros delitos, apuntó a Pablo Paladino, ex coordinador de Fútbol para Todos, y al abogado Jorge Delhon, asesor de jefatura de gabinete de ministros durante la presidencia de Fernández (2007-2015), como las personas que recibieron las coimas. Delhon falleció el martes por la noche al tirarse a las vías ferroviarias a las afueras de la capital argentina pocas horas después de la declaración del ex ejecutivo.
“Es una locura sin sentido”, declaró Paladino sobre las acusaciones de Burzaco. “Mirá pobre Delhon si va a tener 4 millones de dólares e iba a trabajar todos los días en subte (metro)”. Para el ex funcionario, Burzaco “aprovecha para declarar en una causa que nada que ver, en un momento enrarecido en la Argentina, en que se pone en tela de juicio el sistema judicial, se estigmatiza constantemente a los funcionarios del otro gobierno, y se empieza a cobrar el futbol'.
El actual gobierno del conservador Mauricio Macri decretó el fin del fútbol estatizado y desde mediados de este año las cadenas Fox y Turner estadounidenses comercializan los derechos de televisión del torneo argentino. Los partidos se emiten por señal de cable y cada usuario paga 300 pesos (16 dólares) por mes para ver los 14 partidos semanales.
Acosado por varias denuncias de corrupción, el anterior gobierno de Fernández también debe dar explicaciones ante la justicia por el manejo de dinero del Fútbol Para Todos. Una jueza federal procesó a los ex jefes de gabinete de ministros Aníbal Fernández y Jorge Capitanich y al primer coordinador del programa, Gabriel Mariotto, por malversación de fondos públicos. Varios dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino, entre ellos el ex presidente Luis Segura, quien sucedió a Grondona, enfrentan cargos.
Paladino fue sobreseído en esta causa. Sin embargo, la diputada electa por el oficialismo Graciela Ocaña (autora de la denuncia penal) adelantó el miércoles que a partir del testimonio de Burzaco solicitará a la justicia el revocamiento de la medida que favoreció a Paladino.
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