Tegucigalpa, Honduras
Honduras ha fortalecido en los últimos años los controles para el lavado de activos y financiamiento al terrorismo.
Así lo dijo este viernes Wilson Martínez Sánchez, ex vicefiscal general de Colombia.
Martínez, quien es un consultor internacional y con mucho conocimiento sobre Honduras, participó en esta ciudad en un conversatorio con periodistas de varios medios de comunicación.
El conferenciante dejó claro que no existe en el mundo un país que sea inmune al lavado de activos.
No obstante, señaló que el sistema bancario de Honduras está cumpliendo con las normas internacionales para el lavado de activos procedente del narcotráfico, el trasiego de armas y el tráfico de personas.
“A la banca no se le pide que sea inmune al lavado de activos, sino que sea diligente”, subrayó. “La debida diligencia es la norma que debe observar un banquero”, agregó.
Martínez Sánchez expuso los sistemas de prevención y detención del lavado y del financiamiento al terrorismo.
“El trabajo de la banca en la lucha contra el lavado de activos ha sido efectivo”, dijo el experto. “Ahora es más difícil lavar activos”.
El conferenciante reveló que en el 95% de los casos de lavado hay la participación de un funcionario bancario.
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Cumplimiento
Uno de los temas más relevantes del conversatorio fue la adopción de los sistemas de prevención de los países miembros del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Para Wilson Martínez Sánchez, Honduras ha cumplido con las cuatro evaluaciones realizadas por Gafilat (Grupo de Acción de Financiera Internacional para Latinoamérica).
Agregó que el sistema financiero es la clave para que el gobierno combata el blanqueo de dinero.
Subrayó que los bancos han detectado y reportado los casos a la Unidad de Información Financiera (UIF-CNBS), quien posteriormente los comunica al Ministerio Público.
María Lidya Solano, directora ejecutiva de la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (Ahiba), dijo que están apoyando con tecnología y educación sobre la responsabilidad del sistema financiero en la lucha contra la corrupción.
La quinta evaluación que se realiza corresponde a la efectividad en la aplicación de las leyes, o sea cuántas personas han sido detenidas.
