Tegucigalpa, Honduras
Representantes de la empresa privada hondureña demandan mayor seriedad al gobierno en el tema del 1.5% del impuesto sobre la renta.
Reiteran que están en desacuerdo con una simple revisión, un cambio en el monto mínimo o aceptar una condicionante del gobierno para generar empleos.
“Nosotros no estamos dando a cambio nada. Lo que hemos pedido es que se derogue porque es inconstitucional...no revisar techos ni nada, lo que cabe es la derogación”, expresó Armando Urtecho, director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).
Aseveró que los funcionarios “tienen que ser serios. El país no está para estar dando atol con el dedo”.
Estas declaraciones surgen después de que el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, informara que el acuerdo preliminar es subir el monto mínimo actual, que es de 10 millones anuales, a 50 o 100 millones de lempiras.
Otra de las alternativas planteadas por Hernández es reducir de forma gradual el impuesto.
El cobro
Las empresas obligadas a pagar el 1.5% son aquellas que facturan 10 millones de lempiras o más durante el año. El cobro es aplicado sobre el total de las ventas y no sobre las utilidades, por lo que el sector privado lo considera confiscatorio para las finanzas de las empresas.
El cobro de este tributo fue aprobado por el Congreso Nacional mediante Decreto 278-2013 de la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, que entró en vigencia el 1 de enero de 2014.
Desde entonces, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada reporta que las empresas han pagado más de 8,000 millones de lempiras al Estado por ese impuesto.
Detallan que del 100% de las ganancias, las empresas entregan al fisco el 88%, lo que les impide invertir más.
El cobro es calificado como confiscatorio para las empresas y nefasto para la economía porque ahuyenta la inversión, un factor determinante para el desarrollo del país.
