TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Cumplir con lo planteado en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) es una tarea difícil tomando en cuenta la severa crisis de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
Sin embargo, Marlon Tábora, coordinador del Gabinete Económico, dice que sabe lo que hay que hacer y que se enfocará a tiempo completo en ello.
“Me dedicaré al 100% a que las cosas que he planteado en el programa con el FMI se hagan”, comentó Tábora luego de que confirmara que dejará el cargo de embajador de Honduras en Washington el próximo 31 de julio.
Sobre su salida comentó que él mismo se lo había anunciado al presidente Juan Orlando Hernández desde noviembre de 2018 y que obedece a motivos personales.
“Creo que he cumplido mi ciclo y esa es una de las razones por las que notifiqué mi salida”, agregó el funcionario.
“Sé que hay bastante gente que se ha sentido incómoda con mi llegada, pero he tomado la decisión de seguir colaborando con mi país para poder restituir el tema del sector eléctrico”, advirtió Tábora.
Está programado que el próximo lunes 15 de julio se firme en el directorio del FMI el acuerdo stand by con 24 meses.
“Si he aceptado el reto es porque tengo claro qué es lo que tengo que hacer y en qué momento... el tema eléctrico lo he venido estudiando y trabajando casi durante dos décadas y sé que hay muchos intereses, pero eso no es lo que me asusta, todo lo contrario, puedo decir que es lo que me motiva”, comentó el también expresidente del Banco Central de Honduras (BCH).
La ENEE
La estatal eléctrica tiene pérdidas de alrededor de 450 millones de dólares al año y las deudas acumuladas superan los 50,300 millones de lempiras.
Además tiene una deuda con los proveedores que a mayo pasado sumó 13,309.9 millones de lempiras.
La situación financiera compromete las finanzas públicas, impidiendo que el gobierno invierta más en educación, salud u otros temas prioritarios para los hondureños.
En el plan de rescate se establece una readecuación de deudas con los ban-
cos multilaterales.
También se contempla una revisión de los contratos de energía onerosos y el fortalecimiento de la Comisión Reguladora de Energía (CREE).
