TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La crispación por la propuesta de la Ley de Justicia Tributaria sigue a flor de piel entre el sector privado y el gobierno.
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En el marco de la asamblea general ordinaria del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Mateo Yibrín, quien preside la junta directiva de esta organización, salió ayer al paso y aseguró que “el impacto de esta reforma (tributaria) en la economía será devastador y no hay ninguna evidencia que indique que los beneficios superarán los daños”. “Detrás de esta pantomima populista lo único que hay es la aceptación del gobierno de que es incapaz de aplicar sus propias leyes. Es también la negación de su complicidad en acompañar los abusos de aquella minoría a la que me rehúso categóricamente a llamarles empresarios”, manifestó.
El dirigente empresarial no se había referido en propiedad a la normativa impulsada por la actual administración pública y con cuyos funcionarios socializaron el miércoles pasado. A través de sus redes sociales subrayó que la Ley de Justicia Tributaria implica un ataque directo tanto al empleo como a la inversión en el territorio hondureño.
Durante su discurso, Yibrín tildó como mal intencionada al igual que dañina el conjunto de enmiendas en materia tributaria planteadas en las que “priman el odio y la discriminación”. Desde la derogación de artículos y decretos contentivos de leyes vigentes que otorgan incentivos en diversos sectores productivos, la eliminación de beneficios, regímenes especiales en materia fiscal, incluso entidades son parte de los alcances del referido instrumento jurídico, tal como lo detalló EL HERALDO.
Además, en el articulado de la ley se ordena la liquidación técnica, administrativa y financiera de la Superintendencia de Alianzas Público Privada (SAPP) y del Consejo Nacional de Inversiones (CNI).
La polémica
El ministro director del Servicio de Administración de Rentas (SAR), Marlon Ochoa, junto al titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE), Pedro Barquero y Héctor Zelaya, que funge como secretario privado de la Presidencia, acudieron a la sede del Cohep a realizar una presentación sobre los efectos de la normativa que ha causado polémica en la cúpula empresarial.
Aunque el marco legal que consta de 41 artículos sigue en análisis, delegados de la institución que aglutina a 70 organizaciones que representan todos los sectores productivos del país advirtieron que el proyecto de decreto es peligroso debido a que ahuyentará el capital extranjero e implicará hasta una masacre para las empresas. La embajadora de los Estados Unidos de América en Honduras, Laura Dogu, exteriorizó su preocupación por el impacto que tendrá la Ley de Justicia Tributaria no solo en el crecimiento económico nacional, sino también en la generación de fuentes de trabajo.
“La mejor manera de movilizar más ingresos para el gobierno es aumentando la actividad económica formal, especialmente para las mujeres”, declaró la representante diplomática. A lo interno del gobierno, la proposición también ha desencadenado un nivel de confrontación entre servidores públicos responsables de promover la ley al grado de verter acusaciones de traición.
Detener
“Es nuestra responsabilidad por Honduras, no por ninguna empresa en particular, por Honduras detener esta ley antes de que sea demasiado tarde”, enfatizó Yibrín.Agregó que “mientras nuestro gobierno debería tomar las lecciones de nuestros vecinos en abrir sus economías a la inversión, nosotros también tenemos que tomar la lección de otro vecino, Nicaragua, donde una dictadura totalitaria ha despedazado el tejido empresarial y social, amenazaron y cumplieron; no desperdiciemos esa lección”.
Ante las amenazas a las que ha sido objeto el sector privado, la máxima autoridad del Cohep reiteró que no se quedarán callados e instó a los demás empresarios y miembros del Cohep a que compartan la tragedia que representará la que catalogó como “injusticia tributaria”. “Al derogar los decretos que están en ese proyecto -refiriéndose a la Ley de Justicia Tributaria- los productores que producen comida en Honduras como huevos, pollo, cerdo, leche, carne, van a tener incrementos en sus costos de producción, por ende, va a haber alzas al costo de los alimentos al pueblo y todos absorberemos ese aumento”, sostuvo el también director de Grupo Cadelga.
Controversia
Con la supresión de la Ley de Fomento Agropecuario, así como del artículo 2 del decreto 119-2016 contentivo de beneficios fiscales para el sector agroindustrial, repercutirá en la producción alimentaria y los bolsillos de todos los consumidores, verificó este rotativo.
En tal sentido, la presidenta de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras (Fenagh), Anabel Gallardo, explicó que “la derogación de este articulo donde se quitan todas las exoneraciones, exenciones de materias primas, de maquinaria agrícola, de sistemas de riego, de implementos que se utilizan en el agro, todo esto no es solo para los grandes productores, es para los medianos y pequeños que se le van a incrementar sus costos de producción y al final se va a ver reflejado en incrementos en los productos de la canasta básica”.
“De repente puede ser que algunas unidades productivas no sean capaces de salir adelante, puedan cerrar y eso pues viene en detrimento de la generación de empleo para muchas familias en el campo y de generar riqueza para las familias hondureñas”, consideró.
Por su parte, el expresidente del Cohep, Santiago Ruiz, alertó que con los planteamientos de la referida ley se pagaría un 15% de tributo por un tractor, disuadiendo a no efectuar la compra ni buscar la modernización por los productores.El efecto “positivo” de la iniciativa gubernamental de captar más impuestos no lo logrará, sino que tornará a Honduras como un país hostil y no atractivo a la inversión extranjera y local, reiteró.
Si bien el sector construcción no goza de ninguna prebenda, exención, tampoco exoneración, el extitular de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (Chico), Óscar Calona, afirmó que “gravar ya los servicios de construcción, donde ya están incluidos los materiales, la mano de obra y los servicios generales sería incrementar los costos de nuestra industria”. Destacó que si se impone un impuesto del 15% por una casa cuyo costo final es de un millón de lempiras al final se terminaría pagando un millón cincuenta mil lempiras, situación que encarecería más la adquisición de una vivienda.
Los beneficios contenidos en 10 regímenes, entre ellos los de energía renovable y térmica, serían cancelados con la Ley de Justicia Tributaria.El expresidente de la Asociación Hondureña de Productores de Energía Eléctrica (AHPEE), Salomón Ordóñez, estimó que 300 millones de dólares -equivalentes a un promedio de 150 megavatios anuales- podrían dejarse de invertir en la nación en caso de que desaparezcan los incentivos adecuados para este rubro.
“San Pedro Sula o la zona norte tiene que prepararse porque va a haber 80 megavatios menos de energía porque la Dirección de Franquicias y el gerente interino de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Erick Tejada) no suscribió un convenio de exoneración a favor de Electricidad de Cortés (Elcosa)”, informó el director ejecutivo del Cohep, Armando Urtecho. Lamentó que esta acción causará racionamientos de energía especialmente en la época de verano para este año, siendo la ciudadanía de esa área industrial la que va a sufrir las consecuencias.
El gobierno aún no cuantifica el impacto fiscal de la citada ley en las recaudaciones.
