TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Poder Ejecutivo continúa con la formación del presupuesto general de la República 2022.
Una serie de medidas están bajo análisis de los técnicos de las instituciones públicas responsables de elaborar el documento que será enviado al Congreso Nacional antes del 15 de septiembre próximo.
Además, los lineamientos de la política presupuestaria 2022, que están siendo elaborados por la Secretaría de Finanzas (Sefin), han sido presentados a la misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) que realizó la cuarta revisión del acuerdo Stand By 2019-2021, en mayo pasado.
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EL HERALDO tuvo acceso al documento que está sirviendo de bases para definir los ingresos y los gastos de la administración pública para el próximo año.
Una de las partes más importantes de los lineamientos presupuestarios es la referente a la política salarial.
Diversos sectores han venido exigiendo al gobierno la contención del gasto salarial para evitar que el déficit fiscal se dispare en el mediano plazo. En el año 2020 el gobierno emitió más deuda pública para cubrir el pago de sueldos y salarios por la caída de las recaudaciones tributarias derivadas del impacto económico del covid-19, así como de las tormentas Eta y Iota.
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Política salarial
Una de las medidas más destacadas, de las seis contempladas en el documento de la Secretaría de Finanzas, es que en vista de la grave crisis financiera suscitada en 2020 por efectos del covid-19 quedan prohibidos los incrementos salariales financiados con recursos del tesoro nacional para 2022. Se exceptúan aquellos que correspondan a una negociación previa y cuenten con los recursos.
Para el próximo año el sector público no financiero estima ingresos tributarios por 120,272.4 millones de lempiras, de los que 86,603.4 millones serán para salarios.
Lo anterior significa que por cada lempira recaudado 72 centavos serán para salarios. Respecto a la administración pública, la Sefin proyecta 115,849.4 millones de lempiras en ingresos tributarios, mientras que la masa salarial absorbería 60,971.2 millones, que es equivalente a 52.6 en remuneraciones.
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De acuerdo con el documento, en los últimos años la política salarial ha sido efectiva, ya que se ha evitado que este renglón presupuestario genere distorsiones en el nivel de déficit fiscal. “La política salarial continuará siendo congruente con el nivel de recaudación de los ingresos, bajo una programación que evite los déficits presupuestarios y regule el flujo de caja”, subraya. Apunta que se tendrá como meta para el año 2022 una masa salarial de la administración central respecto al Producto Interno Bruto (Masa Salarial/PIB) de 9% como nivel máximo y de 12.8% para el sector público no financiero.
Respecto a los casos de los contratos colectivos de trabajo, estos se cumplirán siempre que la institución demuestre que cuenta con la capacidad financiera de recursos propios para hacer frente a estos compromisos.
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