Honduras ha tenido 35 interventoras en 16 años, sin resolver crisis

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las comisiones interventoras, según la Ley General de la Administración Pública, deben ser creadas para administrar y evaluar una institución del Estado que presenta alguna dificultad y debe contar con la asesoría del Tribunal Superior de Cuentas (TSC).

+Clic aquí para registrarse y leer más contenidos de El Heraldo

Expertos e integrantes de excomisiones interventoras explicaron a EL HERALDO Plus que este tipo de figuras no se deben nombrar para solventar asuntos políticos partidarios o solo por dar una imagen de que se están haciendo las cosas.

Una recopilación de datos de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) y Revistazo, así como elaboración propia, evidencia que en los últimos 16 años (desde 2007 hasta 2023) se han nombrado al menos 35 comisiones interventoras en los últimos cinco gobiernos, pero los resultados no han sido los esperados en la mayoría de los casos.

Dentro de estos se ubica el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, que va por el mismo camino que los anteriores, al haber creado cuatro comisiones interventoras a un año y un poco más de un mes de liderar el país.

El tema es como un gobierno cierra un ciclo para que el siguiente lo abra y continúe.

Por ejemplo en el año 2007, cuando ocupada el poder el actual asesor presidencial y esposo de Castro, Manuel Zelaya Rosales, se realizó una de las tantas intervenciones a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), dirigida por el mismo Zelaya Rosales.

La ENEE, que es una de las instituciones que más han prometido rescatar los gobiernos, tuvo dos intervenciones, la última fue en 2020, a cargo de Miriam Guzmán, sin embargo, la crisis sigue vigente.

Luego, en la administración del expresidente Porfirio Lobo Sosa se intervino el Instituto de Previsión del Magisterio (Inprema); a la fecha van tres intervenciones.

Primero la del 2011, otra en 2021 y la última en febrero de 2022, cuando la presidenta Xiomara Castro firmó un decreto y nombró a Héctor Díaz para presidir la junta.

Lobo Sosa también intervino la Empresa Nacional Portuaria (ENP), el Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (Ihnfa) y la Secretaria de Seguridad.

También se nombró una comisión para el Hospital Escuela, liderada por la exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos.

La primera intervención en 2012 del centro hospitalario de referencia nacional no logró sentar bien las bases para un funcionamiento adecuado y se hizo la segunda seis años después (en 2018).

Luego se tomó la decisión de intervenir la desaparecida Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) y la Secretaría de Salud, está última es de las más intervenidas: el primer proceso fue en 2012, el segundo en 2013 y el último en 2018, pero los avances no se lograron percibir y los pacientes siguen sufriendo por falta de medicamentos, hospitales y personal médico especializado.

La Empresa Hondureña de Telecominucaciones (Hondutel), el Instituto Nacional de Migración (INM) y el Ministerio Público (MP) también fueron intervenidos entre el 2010 al 2014.

Luego tomaron las misma decisiones con Cultura Artes y Deportes y días antes de entregar el poder, Lobo Sosa, nombró la comisión del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

En total fueron 13 las intervenciones que se dieron durante la administración del exmandatario Lobo Sosa, surgidas muchas por actos de corrupción de los funcionarios públicos.

En cambio, en los ocho años del también expresidente nacionalista, Juan Orlando Hernández (2014-2022), preso en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico, continuó el mismo patrón con el nombramiento de al menos 17 comisiones interventoras.

La primera intervención que se realizó fue la del Instituto de la Propiedad (IP), liderada por el exsecretario de la presidencia Ebal Díaz, a quien el Ministerio Público investiga supuestos actos de corrupción.

También se intervino la que era la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vienda (Soptravi), el Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula, la Unidad de Registro y Seguimiento de Asociaciones Civiles (URSAC) y el Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (Senasa).

Ante la crisis de “manzanas podridas” que persistía al interior de la Policía Nacional se nombró la Comisión Depuradora de la Policía Nacional, provocando el despido de miles de agentes.

Le siguió el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa), la Universidad Nacional de Agricultura de Catacamas (Unag) y la Secretaría de Educación.

Lo mismo paso con el Registro Nacional de las Personas (RNP) y el Instituto Nacional Penitenciario (INP) que llegó a ser tomado por las Fuerzas Armadas (FF AA).

Ya en los últimos años de Hernández, surgió una serie de actos de corrupción y ante la presión social se intervinieron instituciones como Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), especialmente por la millonarias compra de siete hospitales móviles.

El actual gobierno de Castro no tiene nada que envidiarle a los anteriores, pues en poco más de un año ya tiene en su espalda cuatro comisiones interventoras de las cuales sus fines son más administrativos que de reestructuraciones.

Por ejemplo, en la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) los interventores estarán por un año y tiene como compromiso revisar los procesos internos sobre las incautaciones y aseguramientos, así como las subasta y venta de bienes.

Mientras que en la Dirección General de Servicio Civil, en seis meses los interventores deben establecer el orden, luego que se registraran una serie de protestas y supuestos abusos del exdirector, Juan Leonardo Bú Toro.

Mientras que en Inprema se amplió por seis meses más la intervención que comenzó en marzo anterior y que, según Castro, ha tenido importantes resultados en su gestión.

En tanto, en el el Sistema Nacional de Emergencia 911 se nombró una interventora por una duración de un año, pero podrá ser prorrogable.

Esta contratará una auditora internacional para determinar el precio justo de mercado del contrato de servicios suscritos con la Sociedad Mercantil Dynamic Corporation S.A. de C.V y así reactivar el sistema de vigilancia mediante cámaras.

El artículo 99 de la Ley General de la Administración Pública mencionada establece que el Poder Ejecutivo procederá a nombrar una comisión interventora, para que se encargue de la administración de la entidad intervenida y realice una evaluación de la misma, con la asesoría del TSC.

German Leitzelar, exintegrante de varias comisiones interventoras, explicó a EL HERALDO Plus que este tipo de comisiones se deban hacer en situaciones muy especiales y encaminadas a reestructurar y reorganizar cualquier institución dependiente del poder Ejecutivo.

Recordó que él estuvo en la comisión que nombró el expresidente, Carlos Roberto Reina (1994-1998), para separar a la Policía de la Fuerzas Armadas y trasladarla a lo civil.

Ahí se estructuró la Secretaría de Seguridad y la nueva Policía Nacional, porque en aquel tiempo la Policía reprimía a los ciudadanos, consecuencia de la guerra en aquellos años, comentó.

Pero antes de eso, en 1975 se registró el “Bananagate”, y el gobierno creó una comisión para esclarecer unos sobornos que las compañías babaneras habían dado a funcionarios de la Secretaría de Economía.

Luego en los gobiernos más cercanos se nombraron comisiones interventoras en varias instituciones por periodos determinados, con el fin de hacer correcciones, como el IHSS, donde todo se fue abajo por la derogación de la Ley Marco de Protección Social.

Ahora, el gobierno de Castro está haciendo intervenciones pero con otros fines, por ejemplo en Servicio Civil, supuestamente están elaborando proceso para la regularización y profesionalización de la administración pública, indicó.

Pero se espera que esto no sea una mampara para provocar el proceso de sustitución de personal dentro del Estado, simplemente por razones de tipo político, sectario y partidario.

Otro caso es al intervención del 911, que es algo completamente ajeno a la Ley General de la Administración Pública, porque se nombró una comisión para auditar contratos.

Leitzelar consideró que para eso no es necesario nombrar una comisión interventora, salvo que hayan otras intenciones, porque para eso está el TSC, cuando se presumen irregularidades.

“Intervenir instituciones debe ser la excepciones, no la regla, pero esta acción recurrente se está volviendo una evidencia de ineficiencia, desorganización y desgobierno”, señaló Leitzelar.

Esto porque hay cambio de gobierno y de autoridades, pero resulta que las personas que se nombran en las instituciones son intervenidas porque no pueden resolver los problemas.

El artículo 100 de la Ley General de la Administración Pública detalla que entre las potestades de las comisiones están: “suspender o remover, en su caso, al personal que se estime necesario y todas aquellas -personas- que correspondan, como los administradores de las instituciones la comisión -ejercerá la representación legal”.

En artículo 101 manda a que dentro del plazo que establezca el Ejecutivo, la comisión interventora rendirá un informe de la evaluación, con recomendaciones adecuadas para mejorar la situación administrativa y financiera de la entidad intervenida.

Asimismo, el artículo 102 reza que el mismo Ejecutivo en base al informe -de la comisión- dictará las decisiones que sean necesarias, deduciendo las responsabilidades estimadas.

En total 129 personas han formado parte de las intervenciones en 29 instituciones, pues algunas han sido intervenidas más de una vez, ganando jugosos salarios y engrosando la burocracia.