¿Cómo operan las redes de secuestro en Honduras?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Fingiendo accidentes de tránsito, sacando a las personas de las casas o usando señuelos para privarlas de su libertad, los secuestradores en Honduras tienen múltiples formas de operar, pero en el 60% de los casos el modus operandi es interceptando el vehículo en el que viajan las víctimas.

La Unidad de Datos de EL HERALDO Plus tuvo acceso a las denuncias de secuestro registradas por el Ministerio Público y la Secretaría de Seguridad desde 2017 hasta noviembre de 2022. En cinco años, la primera institución reportó 166 casos, mientras que Seguridad 120.

Los reportes mencionan que hay casi una veintena de formas en las que los secuestradores operan, pero de los 120 casos registrados por Seguridad, 70 ocurrieron tras la interceptación del vehículo.

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Según los registros facilitados a través de la solicitud SOL-SSSS-1643-2022, el último reporte de esta forma de secuestro ocurrió el pasado 28 de noviembre de 2022 en El Rosario, Comayagua.

La víctima fue una mujer de 40 años, por quien los secuestradores pidieron rescate, sin embargo, lograron liberarla antes de concretar el intercambio.

Otra de las formas más usadas para concretar secuestros, según los casos, es a través de la interceptación directa de la víctima, es decir, cuando van caminando por la calle o frente a su vivienda son privados de libertad con la idea de pedir un rescate para liberarla.

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Seguridad también menciona 11 reportes de personas que fueron sustraídas de su propia vivienda, mientras que en cinco casos utilizaron “señuelo con mujeres”.

Entre las formas de operar más comunes también está la interceptación de lanchas, secuestro por engaño o engaño a través de las redes sociales. Bajo esta modalidad, las jóvenes son las más vulnerables ya que los tres reportes señalan que eran niñas o tenían entre 18 y 20 años.

Este rotativo también conoció que otra de las formas de operar es simulando incidentes vehiculares. Los grupos criminales provocan un roce de vehículos para lograr que la víctima se detenga, baje del automotor y, posteriormente, la secuestran.

El pasado 22 de noviembre, la Policía Nacional dijo que logró liberar a un joven que fue privado de libertad bajo este modus operandi.

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El hondureño de 29 años se dirigía a su trabajo cuando los secuestradores simularon un accidente de tránsito, lo que aprovecharon para llevárselo por la fuerza. El joven fue rescatado horas después; también detuvieron a los cuatro supuestos secuestradores, miembros de la Pandilla 18.

El abogado y criminalista Gonzalo Sánchez explicó que los grupos criminales “lo primero que hacen es investigar qué personas son acaudaladas o personas que sí pueden pagar un rescate o que sí vale la pena secuestrarla, según ellos, entonces lo primero que hacen es investigarla bien”.

El también experto en seguridad señaló que después de investigar a su víctima, los grupos criminales le dan seguimiento para conocer los lugares que frecuenta, hasta que detectan el punto más vulnerable (con menos presencia de personas y policías) para concretar el secuestro.

“Previo al secuestro comienza el tiempo de negociación, de empezar a amenazar a los parientes con quitarle la vida si no cumple con las exigencias, como es cobrar fuertes cantidades de dinero”, comentó.

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Los casos de secuestro han ocurrido en los 18 departamentos del país, pero hay mayor incidencia en los lugares con ciudades más desarrolladas.

Por ejemplo, Cortés y Francisco Morazán sobresalen como los puntos más vulnerables para concretar un secuestro, pero Atlántida no se queda atrás.

Solo en el Ministerio Público se reportó más de un centenar de casos en los que las víctimas fueron privadas de libertad en estos tres puntos geográficos desde 2017 hasta noviembre de 2022, mientras que Seguridad registró 54 casos.

Choluteca, Comayagua y Yoro también están en la lista de lugares con más reportes, lo que resulta preocupante pues “la Policía está enfrentando frontalmente a las estructuras criminales que se dedican a la extorsión, entonces se había olvidado de los secuestros”, cuestionó Sánchez.

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El experto afirmó que el “delito tiende a mutar”, lo que coincide con las declaraciones que dio el ministro de Seguridad, Ramón Sabillón, a un medio televisivo a inicios de diciembre, cuando afirmó que “los grupos criminales se reinventan”.

“Se está trabajando para detener los delitos de extorsión, secuestro, asalto a bancos y demás”, dijo el funcionario.

El abogado y criminalista, por su parte, expuso que en muchos casos se trata de secuestros exprés, es decir, la víctima fue privada de libertad por unas horas pero durante ese tiempo le quitaron sus pertenencias y vaciaron cuentas bancarias.

Hay casos en los que las víctimas no se atreven a denunciar (por miedo o amenazas), lo que se refleja en los pocos reportes que tiene el Ministerio Público o la Secretaría de Seguridad.

Durante cinco años (desde enero de 2017 hasta noviembre de 2022), ambas instituciones registraron 286 secuestros, habiendo un repunte en 2021, después de la pandemia del covid-19. Solo en este 2022, el Ministerio Público registró 12 casos, mientras que Seguridad contabiliza 17.

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“Todos los secuestros están resueltos. La estrategia ya funcionó”, respondió el ministro de Seguridad al ser interrogado sobre los registros de secuestro de este año.

El funcionario se refirió a los 17 casos que contabiliza esa institución, sin embargo, los reportes a los que tuvo acceso la Unidad de Datos de EL HERALDO Plus detallan que todavía hay dos casos que estaban en “cautiverio” a la fecha de recepción del reporte (9 de diciembre).

Las cifras facilitadas por Seguridad señalan que en el 82% de los secuestros de 2022 la víctima fue rescatada, pero también hubo un caso en el que falleció en cautiverio, de acuerdo con la descripción que dio la institución en el apartado “situación de la víctima”.

De los 120 casos registrados por Seguridad en los últimos cinco años, los reportes mencionan que hubo 16 personas que fallecieron en cautiverio, incluido el caso de 2022. Además, hay siete casos donde no se había detallado o actualizado el estatus de la víctima, ya que varias aparecían como cautivas, pese a ser reportes que datan desde 2018.

El criminalista Gonzalo Sánchez también lamentó que hay secuestros que son planificados por las mismas víctimas, un problema que se da más en jóvenes que fingen ser privados de libertad para obtener un rescate pagado por los mismos padres.

El Código Penal de Honduras no habla en ningún momento de penas por autosecuestro, pero los casos registrados son enviados al Ministerio Público para que proceda. En el caso de secuestro, las penas estipuladas hablan de entre cinco y siete años de cárcel, pero también detalla las agravantes. Una de las agravantes menciona que si la víctima es menor de 18 años, está embarazada, es un adulto mayor o tiene alguna enfermedad, la pena aumenta hasta nueve años.

La mayor parte de víctimas de secuestro en el país tenían entre 20 y 29 años, pero también hay reportes de niños, adolescentes y hasta adultos mayores, lo que significa que los culpables cometieron una agravante del delito.

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Miguel Martínez Madrid, portavoz de la Secretaría de Seguridad, no quiso dar información a EL HERALDO sobre los secuestros registrados en Honduras.

En primera instancia, el vocero de Seguridad facilitó la información sobre la cantidad de casos por este delito y la cantidad de casos en los que las investigaciones señalaron que eran autosecuestros, pero luego preguntó al equipo de EL HERALDO qué tipo de publicación sería, haciendo referencia sobre el enfoque que tendría la nota y cuestionando las publicaciones recientes de este rotativo.

Al ser informado que no se podían proporcionar detalles sobre el enfoque del reportaje porque violentaba y condicionaba el derecho a informar, desautorizó a EL HERALDO publicar sobre lo que había mencionado en la llamada telefónica. EL HERALDO intentó nuevamente realizar la entrevista informándole que sería grabado durante la llamada, pero contestó que debía pedir autorización a sus superiores, ya que se trataba de información que podía poner en riesgo la seguridad de las personas.

Este rotativo le hizo saber que nunca se le pidió información que vulnere la integridad física o emocional de las víctimas (como direcciones, nombres, descripciones físicas u otros detalles), a lo que nuevamente respondió que debía pedir autorización.