TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Manifestaciones por el aumento del pasaje del bus, el combustible, por plazas laborales y hasta por la reelección presidencial. Las protestas han sido un denominador común en los últimos gobiernos de Honduras.
Algunas han sido desalojadas de forma violenta, en otras ambas partes (manifestantes y gobierno) han llegado a un acuerdo, sin embargo, el solo hecho de que las personas salgan a las calles muestra “el descontento que vive la población por necesidades insatisfechas”, opinió el sociólogo Pablo Carías.
Desde 2014, cuando el expresidente Juan Orlando Hernández -preso en Estados Unidos mientras espero un juicio por nexos con el narcotráfico- comenzó su primer periodo de gobierno, hasta agosto de 2022 -contando seis meses y 8 días de gestión de Xiomara Castro), en Honduras se han reportado 8,342 manifestaciones.
Esto significa que en los últimos 3,141 días (ocho años, siete meses y siete días), ocurrieron entre dos y tres protestas cada día.
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Cifras por año
La Unidad de Datos de EL HERALDO Plus analizó las manifestaciones reportadas en el país desde 2014 hasta el 8 de agosto de 2022, año que reporta una importante cifra de protestas, en muchos casos lideradas por simpatizantes del mismo partido de gobierno.
Los casos varían de acuerdo con los años. Por ejemplo, en todo 2014 hubo 277 manifestaciones, mientras que un año después los reportes fueron dos veces superiores.
De todos los años analizados, el 2019 fue el que contabilizó más reportes, 2,066 para ser específicos, lo que coincide con las protestas lideradas por los maestros y médicos. En promedio cada día hubo seis manifestaciones.
Con menos casos que 2019, pero destacando entre los años con más protestas, 2017 se contabilizaron 1,482, muchas de ellas durante la crisis electoral en el marco de la reelección presidencial de Juan Orlando Hernández.
Cabe mencionar que en 2021 se tipificó en el nuevo Código Penal el delito contra otros derechos fundamentales (artículo 553), donde se penaliza a personas que protestan con la finalidad de cometer faltas a la normativa; los artículos que hablan sobre este delito son muy ambiguos, por lo que hay quienes afirman que solo buscan criminalizar el derecho a la protesta.
Entre las promesas realizadas por el actual gobierno, estaba realizar varias reformas al Código Penal, no obstante, la medida más frontal ha sido la ordenanza de la presidenta Xiomara Castro de no usar la fuerza en las manifestaciones.
En los primeros meses de gestión de la primera mujer presidenta de Honduras, el país ya registró 557 manifestaciones (hasta el 8 de agosto), al menos eso es lo que señalan las cifras facilitadas a este rotativo por la Secretaría de Seguridad a través de la solicitud SSSS-1502-2022.
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Para conocer si los casos de este 2022 son superiores a los de otros años, el equipo de EL HERALDO Plus decidió analizar las protestas ocurridas en cada año desde el 1 de enero hasta el 31 de julio, sin embargo, la mayor incidencia se acumuló siempre entre 2017 y 2019.
De enero a julio de este año hubo 520 manifestaciones, casi tres veces menos de los reportes en la mismas fechas, pero en 2019.
Violencia
Cuando hay bloqueos de calles debido a las manifestaciones el protocolo de la Policía Nacional es dialogar con las personas, llegar a un acuerdo y liberar el paso de vehículos o donde está tomado, sin embargo, el 10% de los casos en ocho años y siete meses fueron de forma violenta.
En el resto de incidentes (nueve de cada 10) el procedimiento ocurrió pacíficamente, tal y como demanda la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otros organismos internacionales.
Muchas de estas incidencias fueron durante la gestión del expresidente Hernández (2014-2018/ 2018-2022), que según el analista Pablo Carías era lógico cuando “obedecía a grupos de poder” por lo que actuaba como “un dictador”, irrespetando los derechos humanos.
“Eso es típico de un gobierno de la naturaleza de Juan Orlando Hernández... Ahora con Xiomara Castro la situación es diferente”, comparó.
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El experto se refirió a los casos de protestas registrados en años donde la crisis electoral o social llegó a su punto más elevado, especialmente en 2017, cuando de las 1,300 manifestaciones 160 fueron desalojadas de forma violenta.
En 2019, por su parte, los reportes de Seguridad mencionan 1,764 casos, de los cuales 302 fueron disociadas por la fuerza. Durante los primeros meses de gestión de Castro se contabilizan 557 manifestaciones (entre dos y tres por día), pero solo cinco tuvieron un tono violento.
La única diferencia es que muchas de estas protestas estaban lideradas por miembros de bases del Partido Libertad y Refundación (Libre), el mismo al que pertenece la presidenta.
“En este gobierno ellos fueron los que inculcaron las tomas y protestas afectando los derechos de otros, entonces hoy los mismos grupos y colectivos cuando no consiguen lo que quieren a través de la palabra, el diálogo, proceden a tomarse instituciones, calles y avenidas”, lamentó Erasmo Portillo, diputado del Congreso Nacional por el Partido Nacional.
El parlamentario tildó esto de “ausencia de liderazgo” porque los ministros no cumplen con la tarea que encomendó la mandataria, especialmente en departamentos como Francisco Morazán y Cortés.
Según la base de datos, de cada 10 manifestaciones ocurridas en lo que va de 2022, cuatro fueron en Francisco Morazán, específicamente en el Distrito Central, mientras que una fue en Cortés.
Normativa penaliza las protestas
El Código Penal deja a la interpretación de los entes de investigación los artículos relacionados con las reuniones y manifestaciones ilícitas, consideró Odir Fernández, coordinador de la Maestría en Derecho Penal y Procesal Penal de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
El exjefe de investigaciones del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) lamentó que en el artículo 554, donde se habla de asociación para delinquir, se criminaliza la manifestación.
“Penaliza y criminaliza la manifestación y específicamente en el tipo penal de usurpación, en donde hay requisitos del tipo penal que dan la posibilidad de que cualquier persona que ande en una manifestación con carácter lícito pueda ser llevado bajo la interpretación de la ilicitud”, detalló.
El Código Penal habla de penas de dos a cuatro años para quienes promuevan o dirijan una manifestación ilícita y de uno a tres para el resto de partícipes.
