TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El presidente del Comité Central Ejecutivo del Partido Nacional, David Chávez, manifestó que en Honduras la extorsión ha incrementado de manera desproporcionada.

Chávez criticó, entre otras cosas, que la oposición prometió en que “vamos a dar seguridad”, no obstante, ahora que está en el poder “la extorsión ha incrementado de manera desproporcionada”.

A continuación se pueden apreciar las palabras del también excandidato a la alcaldía del Distrito Central en un video difundido por Radio América el 9 de noviembre del año en curso.

El flagelo de la extorsión ha provocado que muchos negocios y mercados en el país cierren debido a presiones por parte de pandillas que exigen un impuesto ilegal.

Por ejemplo, se conoció que el mercado local de la comunidad de Zambrano, en el Distrito Central, cerró hace aproximadamente tres meses debido a presiones de pandillas particulares que cobran extorsión a los pequeños productores y locatarios que vendían frutas y verduras.

Los transportistas por su parte realizaron el pasado martes 22 de noviembre una manifestación en la capital para exigir al gobierno medidas que frenen la extorsión.

Los trabajadores de este rubro se quejaron de la falta de seguridad, pues varios conductores, ayudantes y hasta pasajeros han perdido la vida en medio de ataques de extorsionadores.

El equipo de Fact Checking de EL HERALDO Plus indagó en fuentes oficiales para comprobar o desvirtuar lo manifestado por Chávez.

La extorsión es un delito provocado mediante la intimidación, amenazas de muerte para obligar a comerciantes y personas comunes a pagar fuerte sumas de dinero.

El artículo 373 del Código Penal establece, entre otros castigos, una pena de 10 a 15 años para los que cometan el delito de extorsión.

Una investigación denominada “Impuesto de guerra: El fenómeno de la extorsión y la respuesta estatal en Honduras”, realizada por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), expone que esta problemática ha afectado a tres países en Centroamérica: Guatemala, El Salvador y Honduras.

No obstante, solo Honduras ha quedado rezagada en el combate al delito y, lejos de disminuir, ha aumentado comparado al contexto previo a la pandemia.

Según un sondeo realizado por ASJ, el 9% de los hondureños afirmó en 2022 haber sido víctima de la extorsión (ellos o sus familias), en contraste con el 8.5% de los encuestados en 2019.

La investigación de la organización proyecta que alrededor de 206,000 hogares en Honduras han sufrido alguna vez este cobro ilegal, lo que equivale a unas 847,000 personas perjudicadas, entre menores, jóvenes y adultos.

Además, se estima que la industria de la extorsión llega a recoger de los bolsillos de sus víctimas unos 18,270 millones de lempiras al año.

Uno de los aspectos relevantes del informe es que las modalidades de extorsión han cambiado, al punto que los esquemas incluyen pagos mediante depósitos digitales, transferencias electrónicas y billeteras digitales, pero las autoridades siguen la línea de combate de la extorsión tradicional de entrega de dinero en un punto.

El equipo de EL HERALDO Plus también verificó cifras recopiladas por la Secretaría de Seguridad y la Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas (FNAMP) -ahora Dirección Policial Anti Maras y Pandillas contra el Crimen Organizado (Dipampco)-.

Desde enero de 2017 hasta el 10 de noviembre de 2022 hubo 6,631 denuncias por extorsión, establecen los informes.

Es de resaltar que para el 2020 solo se tomaron encuenta 108 casos de denuncias reportadas por la Secretaría de Seguridad.

Según los datos estadísticos, en el 2021 se recibieron dos mil denuncias por extorsión, siendo el año con más incidencias dentro de los cinco analizados, incluyendo el 2022.

Le sigue el 2018 con más de 1,500 casos de denuncias por este delito, similar cantidad fue recibida en el 2019.

El primer año analizado por este equipo es el 2017, el cual tuvo una cifra de mas de mil denuncias por motivo de extorsión.

La baja de reportes de este 2022, según los expertos, puede obedecer a que la gente ha perdido la confianza en la denuncia, además de los cambios institucionales, al pasar la responsabilidad de las manos militares a las autoridades policiales.

Aunque los reportes de denuncias evidencian un notable descenso, la investigación de ASJ más bien reporta un leve incremento, ya que los encuestados que dijeron haber sido afectados pasaron de un 8.5% a un 9% de 2019 a 2022.

Además, el sector privado ha mostrado su preocupación por los constantes cierres de negocios y asfixia financiera de empresas asociados al cobro de la extorsión. Ante ello, el gobierno anunció la implementación de un plan para enfrentar este delito.

En ese sentido, este equipo califica de Verdadero lo manifestado por David Chávez.