Aprobados los 1,000 millones de lempiras para que la Dipampco combata la extorsión

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El director de la Policía Nacional, comisionado general, Gustavo Sánchez, declaró que ya les aprobaron los 1,000 millones de lempiras que solicitaron al Poder Ejecutivo para combatir la extorsión.

Esa partida está destinada a fortalecer la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) con logística y más elementos.

“Estamos recibiendo ya la inyección presupuestaria para el crecimiento institucional y a la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado se le va dotar de una inyección presupuestaria de 1,000 millones de lempiras, precisamente para mejorar el ambiente de seguridad”, declaro el jefe policial en una conferencia de prensa a inicios de marzo pasado.

Dentro de la ampliación presupuestaria tienen planificado contratar 8,000 policías más, lo que significa una gran inversión, además de la adquisición de uniformes y de un lote de patrullas para distribuirlas en todo el país.

Al mismo tiempo aseguró ya visitaron El Salvador, para conocer los métodos que están aplicando allá para combatir a las maras y pandillas, que son los principales cobradores de extorsión.

Dentro de la planificación presentada al Poder Ejecutivo por la Policía Nacional está el combate frontal e inteligente al delito de extorsión y lavado de activos.

Se busca aplicar un modelo de seguridad ciudadana, que permita articular las capacidades y experiencias adquiridas por todas las instituciones del Estado que participan en la investigación y persecución penal efectiva, establece el informe.

La fase I consiste en patrullajes, saturaciones, retenes, registros en puntos fijos, terminales de taxis y buses, así como limitar el ingreso a los centros penales de cualquier dispositivo de comunicación digital, drogas, armas y aplicar la Operación Escorpión sobre el control de maras y pandillas.

La fase II está orientada a la elaboración de informes de inteligencia, investigación, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Además de establecer las matrices de asociación y diagramas de flujo de los cabecillas de maras y pandillas, se estableció realizar allanamientos y ejecución de órdenes de captura.

La fase III es de control, por medio de la persecución penal e investigaciones financieras paralelas a las personas acusadas de extorsión.

También propone a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) la creación de la Unidad Financiera Registral y la Unidad de Financiera Patrimonial.

A la par se crearán los fondos para el resarcimiento de las víctimas de extorsión y delitos conexos, así como realizar reformas legales para garantizar la prisión preventiva y las audiencias virtuales.

Las autoridades tienen planeado iniciar con planes pilotos para la articulación del modelo de Policía Comunitaria e identificar a los trabajadores del transporte y mejorar los sistemas tecnológicos para combatir el crimen.