El Estado hondureño tiene una enorme deuda con las personas discapacitadas

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Aunque en el 2005 el Congreso Nacional aprobó la Ley de Equidad y Desarrollo para las Personas con Discapacidad y en el 2008 Honduras adoptó la Convención Internacional sobre los derechos de esta población, este sector sigue siendo uno de los más invisibilizados, de los más vulnerados y desatendidos por los gobiernos de turno.

Es tal que desde el Censo de Población y Vivienda del año 2013 no hay registros actualizados sobre estas personas. Para ese entonces se registraban aproximadamente 306,296 hondureños con discapacidad, equivalente al 4% de los 8,303,771 habitantes que tenía el país en aquel momento. Hoy la población hondureña es de unos 10,5 millones.

De acuerdo con Betina Hernández, coordinadora de la defensoría de personas con discapacidad del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) el sector discapacidad está totalmente invisibilizado, experimenta un abandono; El tema lamentablemente todavíano es prioritario para el Estado.

Sostuvo que anualmente recibe muchas denuncias de esta población, sobre todas las quejas laborales, de accesibilidad a la salud, a la educación, a los servicios públicos, de abandono y de discriminación que al ser un delito el Conadeh las remite al Ministerio Público.

Hernández contó que entre el 2022 y 2023 han recibido denuncias de personas discapacitadas que fueron despedidas de las oficinas públicas con el cambio de gobierno, sobre todo de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) y otras instituciones del gobierno.

El Conadeh logró que el SIT contratara nuevamente a casi 60 personas con discapacidad que habían sido separadas, pero otra cantidad quedó sin ninguna protección.

Recordó que hace unos años el gobierno se dijo que iba a crear una plataforma donde se incluirían todos los curriculum de las personas para apoyarlas, pero nunca funcionó. Igual, se acaba de cumplir la política pública para las personas con discapacidad, pero nunca se aplicó, “De que sirve una política pública si no se asignan recursos”, cuestionó Hernández.

La situación de atención a esta población es terrible, a tal grado que si una mujer con discapacidad de oído y habla llega a parir a un hospital, tiene que tener a su hijo en el pasillo porque nadie le entiende y la atención que le brinda es inadecuada. .

Esto pasa en los servicios de salud y lo mismo sucede en el área educativa, es más dentro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no hay un experto del lenguaje de señas por eso cuando una persona sorda va a un juicio tiene que pagar su Interprete porque la justicia no lo tiene, lamentó Hernández.

Incluso si una mujer con discapacidad es víctima de violencia, las casas refugio no las reciben, y no hay un lugar para enviarlas, argumentando que no saben cómo atenderlas. Se piensa que solo porque tiene discapacidad no pueden valerse, sin darse cuenta de que muchas personas con discapacidad son independientes”, cuestionó.

De las aproximadamente 306, 296 personas con discapacidad censadas hace diez años, 150,455 eran hombres y 155,840 mujeres. La cantidad de personas ciegas era de 72,883 de ellas 32,956 se trataba de hombres y 39,927 eran mujeres.

Las personas con discapacidad auditiva se identifican 23,906 de ellas 12,417 varones y 11,490 mujeres. Asimismo, había 31,783 personas con discapacidad de habla, 17,037 hombres y 14,701 mujeres. La población de personas con discapacidad para moverse o caminar ascendía a 61,704, un total de 29,821 eran del género masculino y 31,883 del femenino.

También se identificó una población de 25,905 con discapacidad en el uso de brazos y manos, de ella 13,530 hombres y 12,375 mujeres. Este censo también reveló que existe una población con discapacidad psicosocial de aproximadamente 21,658 personas, 11,671 hombres y 9,986 mujeres.

Wendy Liz Aguilar, directora general de discapacidad de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) sostuvo que su oficina tiene una base de datos de más de más de78 mil personas discapacitadas carnetizadas en esta gestión gubernamental, “pero sabemos que esto puede representar solo el ocho o diez por ciento de la colectividad de personas que hay a nivel nacional”.

“Tenemos identificadas aproximadamente 150 personas sordociegas”. No es un número exacto, es que ningún gobierno se ha encargado de hacer un censo nacional de discapacidad, añadió.

Deploro que las personas sordociegas constituyen uno de los grupos más subrepresentados dentro de la discapacidad. “Es que en realidad hay mucha discriminación, mucha invisibilización de las personas con discapacidad a nivel nacional, pero dentro del sector discapacidad los sordociegos son los más excluidos, entonces “estamos tratando de escuchar su voz de saber cómo podemos interpretar sus necesidades y dejarlas plasmadas en la nueva ley de discapacidad”, añadió Aguilar.

Explicó que en los gobiernos anteriores solo se le otorgaba el carnet a cuatro tipos de discapacidades. Era la auditiva, la física, la visual y las intelectuales. Ahora se agregaron tres categorías más: la discapacidad orgánica, que son todas aquellas personas que tienen órganos de su cuerpo que no funcionan como las enfermedades renales, la discapacidad psicosocial, que son todas aquellas personas que tienen diagnósticos psiquiátricos o neurológicos crónicos y las discapacidades Múltiples que son aquellas personas en las que atraviesan una, dos o tres más discapacidades.

Aguilar detalló que se está trabajando en una ley que será más rigurosa con aquellas empresas o comercios que no brindan los beneficios establecidos en la normativa a las personas discapacitadas, igualmente se está elaborando la política pública de atención a las personas con discapacidad donde se plantearán esfuerzos técnicos y también presupuestarios para lograr mejor atención a esta población.

Según ella, el presupuesto que actualmente maneja la dirección a su carga es de aproximadamente113,5 millones de lempiras, de este monto 30 millones son para transferencias a 54 organizaciones o instituciones que trabajan con la población con discapacidad, 65 millones en el bono para la esperanza, 15 millones en el fondo solidario y 3.5 millones destinados al funcionamiento de su oficina.

El Estado hondureño posee una Ley de Equidad y Desarrollo Integral para las Personas con Discapacidad aprobada mediante decreto legislativo 160-2005 el 30 de septiembre del 2005, luego el 14 de abril del 2008 ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

En uno de los preámbulos de esta Convención establece que la discriminación contra cualquier persona por razones de su discapacidad constituye una vulneración de su dignidad y el valor inherente del ser humano.

Julio Moncada, presidente de la Coordinadora de Instituciones y Asociaciones de Rehabilitación de Honduras (CIARH), Honduras al suscribir la Convención, “adquirió una responsabilidad de que toda la política pública; la legislación nacional tendría un enfoque de derechos. O sea que a la persona con discapacidad se le vería como un sujeto de derechos, sin embargo, el enfoque ha sido un poco asistencialista”.

Realmente del gobierno anterior a este, muy poco ha cambiado el tema del discurso a la realidad. Como sector organizado no hemos sentido que la agenda del gobierno haya incluido a las personas con discapacidad para garantizar más efectivamente sus derechos. "En el tema de presupuestos no hemos tenido ningún aumento, estamos recibiendo a través de subsidios estatales los que recibimos con el gobierno anterior", criticó Moncada.

Ese subsidio es de unos41 millones para 54 organizacionesque atienden a personas con discapacidad o trabajan con ellas. CIARH es una red que aglutina a 38 organizaciones en este momento, pero solo 30 reciben ese beneficio. En el tema de educación el Estado dice que distribuye 30 millones entre instituciones educativas que atienden a personas con discapacidad. “Eso es lo que hemos identificado claramente en línea presupuestaria”.

En materia de empleos, el gobierno anterior había programas que por lo menos generaban alguna posibilidad de inclusión temporal de trabajo para las personas con discapacidad, pero en esta administración esos programas se han cerrado. “Ellos están con la intención de una bolsa de empleo, sin embargo, creo que solo tiene identificadas 500 personas con discapacidad que están con posibilidades de trabajar.

En el tema de accesibilidad el gobierno también tiene una gran deuda con esta población. “Sin accesibilidad, no podemos hablar de garantía del resto de derechos, porque ¿de qué sirve que el centro de salud me pueda atender a mí, como persona con discapacidad, pero no puedo yo, como usuario de silla de ruedas o persona con muletas, transitar adecuadamente dentro de las instalaciones de ese centro de salud, de ese centro educativo?

Igual deuda posee con el sector discapacidad auditiva ya que muy pocos programas estatales y programas de televisión comercial tienen el tema de intérprete de lengua de señas. “Quiere decir que esta persona medianamente tiene acceso a la información dentro de sus posibilidades. Situación similar pasa con las personas con discapacidad intelectual, los mensajes no llegan adecuadamente.

Otra deuda es que “no tenemos un censo que pueda decir Julio Moncada es una persona con discapacidad física que vive en tal lugar y estas son sus necesidades. Entonces nosotros nos guiamos un poco por los datos de lo que determina la OMS (Organización Mundial de la Salud)”.

La encuesta de salud del 2015 determina que más o menos el 15% de la población hondureña tiene una discapacidad, pero lastimosamente no podemos determinar cuáles son personas con discapacidad severa, cuáles son personas con discapacidad moderada, cuáles son personas con discapacidad leve o los diferentes tipos de discapacidad. Esa es nuestra realidad, deploró Moncada.