No hay interés en el Congreso Nacional para aprobar reformas electorales

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las revelaciones en Nueva York, en el reciente juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández, no calaron en la conducta de la clase política aglutinada en el Congreso Nacional, la cual actualmente se resiste a impulsar las reformas electorales.

Fue la justicia estadounidense que develó la corrupción del sistema electoral hondureño, comenzando por las campañas financiadas por el narcotráfico y las tretas para cometer fraude al momento del escrutinio y registro de los votos.

Dejó claro también que los presidentes que últimamente llegaron al poder lo hicieron sin la mayor representatividad del electorado, por lo cual sus gobiernos son muy débiles.

“Mire, eso de las reformas electorales está parado. La comisión electoral del Congreso Nacional ha estado haciendo consultas, trabajando sobre eso, pero hasta el momento no miro que haya condiciones así reales para hacer cambios”, expresó Julio Navarro, presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Explicó que hay dos tipos de reformas planteadas por la población, las de carácter estructural que requieren reformas constitucionales, como la aprobación de la segunda vuelta, y otras que nada más necesitan modificaciones de la Ley Electoral.

Las que demandan cambios constitucionales como el balotaje deben aprobarse con 86 votos y ser ratificadas en la siguiente legislatura. “Todavía se pueden hacer porque está la legislatura de 2024 y luego la de 2025 y las elecciones primarias se van a hacer hasta el 9 de marzo del 2025. Se puede convocar a elecciones con una ley y realizar las elecciones con otra ley. Parecerá raro, pero eso ya pasó en el 2021 cuando se realizaron las primarias con la ley del 2005 y las generales con la ley del 2021; tiempo hay, lo que no veo es voluntad”, añadió.

Explicó que la segunda vuelta daría a los candidatos ganadores una mayor representatividad y legitimidad. Honduras tendría gobiernos fuertes, no presidentes que llegan al poder con 40% o menos porcentaje de votos.

Para una segunda vuelta se necesita tener capacidad institucional para hacer unas elecciones en los siguientes 30 días después de las elecciones generales, y hoy en día el CNE tiene esa capacidad, aseguró Navarro.

Otro aspecto que la población exige es la modificación en la Junta Receptora de Votos. Se habla de ciudadanizar las mesas, o sea despartidarizarlas. Que no sean los partidos los que administren el conteo, sino que sea gente no partidaria.

Otro punto es la transmisión de resultados. “Mire, en eso nosotros en Honduras todavía estamos en deuda. El día de las elecciones la gente se va a dormir sin saber quiénes ganaron; en la mayoría de los países de América Latina, bueno incluso hace poco en Guatemala, a las 9:00 de la noche ya se sabía quién había ganado”, reflexionó Navarro.

En ese sentido, exigió que “nosotros necesitamos ajustar eso y para eso ocupamos que los 1,495 centros electorales que no tienen conectividad a internet lo tengan. Hay que exigirles a las compañías que venden ese servicio que lo provean. Si no vamos a seguir con eso de las urnas rurales”.

También manifestó que se están planteando elecciones presidenciales, municipales y de diputados separadas, aunque esto no abona mucho a la democracia. Asimismo, dada la enorme papeleta de diputados en aquellos departamentos con derecho a nueve congresistas o más como Cortés, Francisco Morazán, Yoro, Santa Bárbara y Choluteca, la sociedad civil está pidiendo que se busque el mecanismo de elección por distritos, recordó también Navarro.

Sobre el control del financiamiento de los partidos, sostuvo que eso dependerá de la voluntad de la dirigencia de los entes políticos para reducir el tiempo de campaña electoral y reducir los gastos. En Honduras la campaña electoral dura 15 meses y en España sólo 58 días desde la convocatoria a elecciones, reflexionó.

Según Carlos Umaña, diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH), esta entidad política ha propuesto la ciudadanización de las mesas, la elección de los diputados por distrito, el voto electrónico y la no reelección indefinida de los diputados y alcaldes, pero no hay voluntad para aprobar esos cambios.

Lamentó que la Junta Directiva del Congreso Nacional no incluya en agenda la discusión de las reformas, más bien han adoptado la conducta de los partidos tradicionales y lo que antes era malo ahora es bueno. Los de Libre, que al parecer tienen un pacto de impunidad con los otros dos partidos tradicionales, salieron alumnos aventajados, superaron a su maestro Juan Orlando Hernández, criticó Umaña.

Denunció que en estos momentos, cuando el financiamiento del narcotráfico en las campañas electorales es conocido, la Unidad de Política Limpia, en vez de transparentar de dónde sacaron el dinero para su anterior campaña electoral los partidos Nacional, Liberal y Libre, más bien ponga sus informes en secretividad.

Por su parte, la diputada nacionalista Johana Bermúdez expresó que la elección de diputados por distrito, la ciudadanización de las mesas y la segunda vuelta son actividades que ella viene también impulsando, “pero desgraciadamente la bancada oficialista, que debería ser la principal interesada en los cambios para garantizar elecciones participativas, transparentes, que generen confianza, no muestra voluntad”.

No han mostrado un ápice de interés en impulsar estas reformas. No creo que en esta legislatura se aprueben. “Estamos dispuestas a votar a favor de los cambios en el sistema electoral. Estamos a favor de una segunda vuelta en este momento de la historia, porque ante tanta reacción negativa de la gente que no tiene partido político y dadas las acciones de este gobierno, en las próximas elecciones va a ser difícil que un partido político gane sin hacer una alianza”, declaró Bermúdez.

Aunque el ministro de Finanzas, Marlon Ochoa, por el momento puede emitir opiniones sobre las aspiraciones presidenciales de Jorge Cálix, “éticamente” no debería hacerlo, sostuvo Augusto Aguilar, asesor del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Recientemente, vía redes sociales, Ochoa -quien en septiembre próximo asumirá la representación del partido Libertad y Refundación (Libre) ante el CNE- atacó a su compañero Cálix, acusándolo de “vocero de los sectores que dieron el golpe de Estado de 2009”.

Esto es una cuestión más que todo de ética porque él no ha tomado posesión de su cargo, o sea que todavía no está en funciones. Legalmente no está inhabilitado para emitir esas opiniones contrariando a aspirantes presidenciales, analizó Aguilar.

El asesor del CNE es del criterio que lo más prudente de una persona que va a asumir este cargo es mantenerse alejado de ese tipo de discusiones, aunque legalmente lo puede hacer, éticamente no debe incurrir en ellas.

Cuando entre en funciones en el CNE, el comportamiento de Ochoa tiene que cambiar porque tendrá que apegarse a la ley, la cual establece una serie de prohibiciones que van desde no pronunciarse a favor o en contra de un partido o de un candidato.

Asimismo, no podrá ni felicitar a funcionarios de cualquier partido, ni emitir opiniones sobre asuntos que él debe de conocer como consejero; igualmente no podrá desempeñar otro cargo, excepto la docencia, explicó Aguilar.