Tegucigalpa, Honduras
Aunque los límites para las campañas de los candidatos a un cargo de elección popular ya fueron definidos, expertos consultados por EL HERALDO consideran que los montos son muy altos y van en detrimento de la realidad socioeconómica que afronta el país.
El reto para velar por su cumplimiento está en manos de los comisionados de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos.
Hace una semana, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) emitió el acuerdo 007-2017, en el cual se establecieron los topes para los gastos de campaña electoral de conformidad a disposiciones de la conocida como Ley de Política Limpia.
El artículo 14 de esta normativa ordena al órgano electoral que diez días después de la convocatoria a los comicios primarios y generales -en este caso- deberán de determinarse los límites de gastos de campaña en los niveles de manera diferenciada por tipo de elección.
Obtención de techos
De casi 470 millones de lempiras es el techo fijado para los presidenciables, valor que se obtiene de multiplicar la carga del Censo Nacional Electoral (5,961,017 de personas habilitadas para ejercer el sufragio) por el doble del costo del voto, es decir, 78.78 lempiras.
Lo anterior implica que por los nueve candidatos a la primera magistratura del país que se postularán para la justa democrática del próximo 26 de noviembre se permitiría una inversión total de 4,230 millones de lempiras.
Esa exorbitante cantidad podría emplearse para proyectos sociales como construcción de hospitales, escuelas en lugar de gastarlos en política, sostienen analistas.
Entretanto, cada uno de los candidatos que buscan diputaciones no podrán gastar más de cinco millones de lempiras y el tope varía conforme al departamento al cual se postulan.
Colón es el que posee el techo más elevado, donde cada aspirante podrá invertir más de 4.5 millones de lempiras, contrario a los 2.8 millones estipulados como tope para Santa Bárbara.
La fórmula es diferente para calcular el límite en este nivel, ya que no solo se deberá multiplicar el doble del costo del voto por el Censo Nacional departamental, sino que el resultado de esta operación matemática también se dividirá entre el número de diputados a elegir en cada uno de los 18 lugares del país.
En el caso del tope para las alcaldías se obtiene multiplicando la carga electoral municipal y la cantidad de 78.78, siendo el del Distrito Central -66.1 millones de lempiras- y el de San Pedro Sula -40.1 millones de lempiras- los límites más altos definidos para campañas políticas.
Un total de 661 millones de lempiras sería el gasto que podrían realizar los diez aspirantes a la comuna capitalina, otra cantidad de dinero que podría tener un mejor destino en áreas que requieren la atención del Estado.
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Procesos caros
“Son procesos electorales que son caros para un país que tiene otras prioridades y son impresionantes los techos que ahora han sido legalizados”, afirmó el analista político, Filadelfo Martínez.
De su lado, el experto en temas político-electorales Miguel Cálix mencionó que estos montos fijados fueron objeto de negociaciones previo a la aprobación de la Ley de Política Limpia.
“Hay todo un sistema de controles de provisión de servicios que van a facilitar que la Unidad Fiscalizadora pueda en el mediano plazo verificar si los datos que los candidatos proveyeron se atuvieron a los límites establecidos”, resaltó.
El comisionado de la Unidad de Política Limpia, Javier Franco, precisó que todos los sujetos obligados, entre ellos los candidatos y sus partidos, tendrán el derecho y la obligación de tener dos tipos de cuentas bancarias.
En la de índole público deberán tener todos los fondos de la deuda política, mientras que en la privada lo que se refiere a financiamiento de figuras jurídicas o naturales, detalló.
Luego de las pasadas elecciones primarias, el exasesor presidencial Marvin Ponce cuestionó el enorme gasto en sus campañas proselitistas de diputados nacionalistas que buscan la reelección.
Si bien es cierto un diputado propietario gana 55 mil lempiras mensuales en la actualidad -que se traduce en 6.6 millones de lempiras anuales-, algunos son del criterio que en sus campañas recurren a fondos obtenidos a través de otras vías de financiamiento.
Sin embargo, ahora esos recursos serán fiscalizados para evitar la utilización de dinero proveniente de actividades ilícitas
