Roberto Ordóñez
Roberto Ordóñez, exdirector del Instituto Central Vicente Cáceres, fue protagonista de varios enfrentamientos con el secretario de Educación, Marlon Escoto, poniendo en precario la formación de decenas de estudiantes.
Ordóñez fue despedido y expulsado del sistema educativo por negarse a acatar las instrucciones emanadas por la Secretaría de Educación, que determinó su separación por reincidir en una serie de faltas.
El exdirector del Central fue obligado a abandonar el cargo por no haber respetado el calendario escolar y haber negado a sus estudiantes la posibilidad de participar en los desfiles del 15 de septiembre, en lo que pareció más bien una actitud con tinte político, pues éste es un simpatizante de Libre.
Sus faltas motivaron a las autoridades de la Secretaría de Educación a iniciar un proceso de intervención del Instituto Central Vicente Cáceres, que alberga alrededor de 8,000 estudiantes de ciclo común y diversificado.
El pasado 13 de noviembre, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inadmisible un recurso de amparo que interpuso contra su despido.
La resolución judicial dejó en firme su destitución, emitida por Secretaría de Educación, a través de la Dirección Departamental de Francisco Morazán, el pasado 4 de octubre. Actualmente, el Instituto Central funciona bajo la administración de una comisión interventora, encabezada por Gloria Arita.
María Elena Fonseca
María Elena Fonseca fue suspendida del Poder Judicial el pasado 26 de noviembre tras haber ordenado la liberación del supuesto narcotraficante, Alex Adán Montes Bobadilla.
La determinación fue tomada por el Consejo de la Judicatura mediante una resolución en la que se argumenta que la jueza, con jurisdicción nacional, no tenía la potestad de conocer del caso sino que los Juzgados de Ejecución de la ciudad de Trujillo, Colón, al norte de Honduras. Según las autoridades,
Fonseca Cruz violentó el artículo 2 de la Ley Especial para personas privadas de libertad con enfermedades en fase terminal y enfermedades degenerativas del sistema nervioso.
Según el Consejo de la Judicatura, la jueza, “tomó la decisión en contra de los dictámenes del Ministerio Público que establecen que el recluso no se encuentra en fase terminal, como se argumentó en primera instancia por parte de la jueza con los representantes legales del presunto narco” hondureño.
Roxana Araujo
En julio pasado, el presidente Porfirio Lobo destituyó a la exministra de Salud, Roxana Araujo, y nombró en el cargo al doctor Salvador Pineda.
La exfuncionaria fue separada luego que EL HERALDO publicara un informe de Auditoría Interna de Salud, que detectó la falta de documentación sobre el destino de más de 50 millones de lempiras, que se asignaron al Programa Nacional de Dengue que dirigía anteriormente Araujo.
Tras la separación, Araujo dio a entender que dejaba la Secretaría de Salud porque había intereses de parte de familiares del presidente Porfirio Lobo, que no identificó, en que ella saliera de esa cartera ministerial.
Al oficializar su separación el gobernante dijo que la exministra no logró cumplir con las instrucciones que se le habían girado, las cuales tenían que ver con garantizar el abastecimiento de medicamentos en los diferentes centros hospitalarios del país.
Curiosamente, tras la separación, Araujo fue contratada para fungir como nueva jefa de la Sala de Emergencias del Hospital Escuela Universitario.
Blas Ramos
El director General de Transporte, Blas Ramos, fue protagonista de un escándalo por supuesta corrupción y negligencia estatal que fue ventilado en la sesión de Consejo de Ministros en julio pasado.
Ramos informó al presidente Porfirio Lobo que un equipo de básculas móviles adquiridas para controlar el peso de rastras y camiones fue extraviado al interior de la Secretaría de Obras Públicas Transporte y Vivienda (Soptravi).
El funcionario informó sobre la pérdida de esta maquinaria tomando por sorpresa al presidente Porfirio Lobo, quien no salía del asombro ante la denuncia del extravío.
La revelación despertó el asombro del mandatario quien, incluso, hizo a su funcionario que repitiera varias veces la denuncia y seguidamente lo cuestionó por no haber informado antes sobre el robo a la Presidencia de la República. De inmediato el mandatario ordenó a la Policía investigar, logrando recuperar algunas de las básculas.
Edwin Oliva
Edwin Oliva, presidente del Colegio Profesional Superación Magisterial de Honduras (Colprosumah), dejó de formar parte como docente del sistema educativo público.
El dirigente magisterial fue expulsado del sistema en mayo pasado. Oliva fue separado como maestro del sistema educativo luego de haberse negado a incorporarse a las aulas de clases por instrucciones del secretario de Educación, Marlon Escoto, que determinó suspender las licencias a varios dirigentes que durante años han venido gozando de las mismas.
Su destitución fue oficializada mediante la publicación en el diario La Gaceta del decreto 21-2013, que desliga al dirigente magisterial de cualquier vínculo o relación laboral con la Secretaría de Educación.
Al igual que Oliva existen otros dirigentes magisteriales que actualmente enfrentan un proceso por negarse a impartir clases.
Porfirio Lobo Sosa
En el último año de gobierno los hondureños cifraron las esperanzas de que el presidente Porfirio Lobo cumpliera las promesas de su campaña y garantizara la seguridad y el empleo que demandan las mayorías.
Sin embargo, el mandatario dejará la Presidencia de la República el próximo 27 de enero sin haber cumplido con dos planteamientos fundamentales para los hondureños que a diario demandan oportunidades para ganarse la vida y, además, que prevalezca la paz y la tranquilidad a lo largo y ancho de la nación.
La esperanzas se cifraron en el último año de gobierno, considerando que las dificultades bajo las cuales Lobo Sosa asumió la Presidencia de la República, luego de la crisis política generada el 28 de junio de 2009.
En el caso de la seguridad, se estima que la tasa de homicidios llegue a 80 por cada 100 mil habitantes.
Carlos Rodríguez
En enero pasado, la Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó la separación del exembajador de Honduras en Colombia, Carlos Humberto Rodríguez Andino.
El exdiplomático fue destituido del servicio exterior por un escándalo que protagonizó uno de sus empleados de confianza en la embajada hondureña en Bogotá.
Y es que la sede Honduras fue saqueada la noche del 20 de diciembre, luego que el empleado de confianza del embajador montara en la sede diplomática una borrachera con amigos y prostitutas.
De acuerdo a informes exclusivos obtenidos por EL HERALDO, en la sede diplomática se organizó una fiesta que terminó en un saqueo y actos de depravación, poniendo en riesgo documentos de seguridad nacional.
El bochornoso acto puso en entredicho la seguridad de la representación diplomática, clave en la relación con Bogotá, no solo por los asuntos de cooperación sino que de lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico.
La francachela fue realizada por un hondureño de nombre Jorge Mendoza, empleado personal del embajador Carlos Humberto Rodríguez. Según los informes, los amigos y las servidoras del sexo que Mendoza introdujo a la sede que representa al Estado de Honduras se robaron varias cosas y hasta hicieron sus necesidades fisiológicas en una oficina.
Dulce María Zavala
Dulce María Zavala dejó en septiembre pasado la coordinación del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) tras un intento fallido en la búsqueda de su reelección en el organismo.
Zavala no logró la reelección ante la profunda crisis en la que entró el CNA durante su administración, fuertemente cuestionada por varios sectores. Tras su salida de la institución, la asamblea del CNA decidió integrar un comité técnico ejecutivo para que se encargue de rescatar el organismo.
La medida se adoptó ante la preocupación por la profunda crisis del CNA, órgano que quedó hundido en el descrédito, politización, autoritarismo, despidos ilegales, acoso laboral y sexual, y pobres resultados en la lucha contra el flagelo de la corrupción.
El comité técnico quedó integrado por los representantes de las iglesias Católica y Evangélica: Carlos Rubio y Alberto Solórzano, respectivamente, y el representante de la Federación de Organizaciones Privadas de Desarrollo (Foprideh), Arnaldo Bueso.
En septiembre de 2011, en una misteriosa sesión, la asamblea general del CNA escogió a Dulce María Zavala como coordinadora de ese organismo. Se mencionó que la exfuncionaria fue designada en el cargo en aquel entonces por el presidente Porfirio Lobo.
César Ham
El pasado 24 de mayo, César Ham abandonó la administración de gobierno para buscar una diputación por el departamento de Yoro a través del partido Unificación Democrática (UD).
Ham se desempeñó durante más de tres años como director del Instituto Nacional Agrario (INA), quedando en deuda con el proceso de distribución de la tierra.
A su salida el exfuncionario de gobierno dijo que encontró el INA en “cuidados intensivos”, por la corrupción de algunos dirigentes campesinos y por malos trabajadores, entre otros problemas. Seguidamente aseguró que la dejaba fortalecida, equipada y con recurso humano que ahora atiende a los campesinos hondureños.
Sin embargo, su paso por el INA quedó marcado por la confrontación que motivó entre los campesinos y la empresa privada ante las masivas invasiones de tierras, específicamente, en el departamento de Colón, en donde la lucha por el acceso a la tierra desencadenó la pérdida de vidas de decenas de hondureños.
En su momento, el empresario Miguel Facussé acusó al exdirector del Instituto Nacional Agrario de ser el causante de toda la desgracia en el Bajo Aguán, al norte de Honduras, en donde el gobierno intervino mediante un proceso de distribución de la tierra. Las muertes siguen ocurriendo en el sector del Aguán.
Miguel Ángel Gámez
Miguel Ángel Gámez fue designado en 2012 por el presidente Porfirio Lobo como secretario de Obras Públicas Transporte y Vivienda (Soptravi).
Su paso por la institución fue sin pena ni gloria, en virtud que no logró estimular el desarrollo y mejoramiento de la red vial de Honduras, al extremo que ni el anillo periférico de la capital fue mejorado en su administración.
Gámez tampoco logró frenar la excesiva burocracia y el paracaidismo que impera en la Secretaría de Obras Públicas Transporte y Vivienda, donde se diluyen millones tras millones en pagos de salarios a empleados que no tienen tareas asignadas.
En mayo pasado se vio obligado a dejar el cargo de ministro de Soptravi para buscar la reelección como diputado del Congreso Nacional (CN) por el departamento de Intibucá. Sin embargo, su labor como congresista y funcionario de gobierno lo dejaron al margen de una diputación en las pasadas elecciones generales celebradas el 24 de noviembre.
El exfuncionario se había comprometido a mejorar las condiciones de las carreteras del país y eficientar el manejo de los recursos de Soptravi, pero la situación financiera de la institución continúa siendo deficitaria.
