TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Ante la posibilidad de una derogación total de la Ley de Privación del Dominio de Bienes de Origen Ilícito, abogados versados en derecho penal son del criterio que sería un error abolirla, sin embargo, están de acuerdo en que sean reformados varios de sus artículos.
Según Juan Carlos Berganza, “esa ley tiene algunos problemas que tienen que ver con la Constitución de la República, no todo el articulado de la ley, pero sí hay algunos artículos que contravienen a la Constitución de la República. La ley sí debe de existir, pero conforme a los principios que establece la Constitución de la República”.
Entre esas cosas que no están del todo bien, de acuerdo con el abogado Berganza, es que una vez que el Ministerio Público (MP) hace la solicitud de la privación de dominio y el juez la admite, “no tienen posibilidad las partes afectadas de recurrir esa decisión, sin embargo, cuando el juez la deniega, el único que puede recurrir es el Ministerio Público; eso violenta el derecho a la defensa”.
Entre tanto, Luis Romero apunta que “es una ley que a lo largo de la historia ha dejado mucho que desear, sin embargo, que desaparezca la privación de dominio de bienes de origen ilícito, creo que es lesivo para el Estado de derecho”.
Romero recomienda: “Lo que habría que hacer es reformarla para que sea una ley justa y que aglomere los intereses de la mayoría de los hondureños.”.
Este especialista en materia penal considera que la actual Ley de Privación de Dominio es “selectiva, es bastante injusta, incluso es inconstitucional, porque invierte la carga de la prueba y atenta contra el estado de inocencia”.
Otro de los aspectos negativos de este precepto es que los ciudadanos acusados tienen que ir a probar ante los tribunales el origen lícito de sus propiedades, cuando debería de ser el Estado el llamado a corroborar esa procedencia legal o ilegal.
En el mismo sentido, se refiere Salomón Amador, al expresar que “lo mejor sería hacerle cambios, pero no derogarla, reglamentarla, verificar qué bienes podrían ser objeto de privación o de aseguramiento; muchas familias han quedado en la calle cuando les han quitado su casa”.
En los últimos días, trascendió la intención de anular esta ley de forma definitiva desde el Congreso Nacional, acción que no sería correcta coinciden los expertos en esta materia.
