TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Por considerarlo en estado de crisis, ya sea por términos administrativos, financieros u otros aspectos, el Instituto Nacional para la Atención de Menores Infractores (INAMI) pasa a manos de la Policía Nacional mediante el decreto PCM-03-2022.
Según el decreto aprobado por el Poder Ejecutivo y publicado en La Gaceta recientemente, el Sistema Penitenciario Nacional se encuentra en estado de emergencia, por lo que se requiere una intervención inmediata.
“Declarar estado de emergencia en el Sistema Penitenciario Nacional, con el objeto inmediato de desmilitarizarlo, reformarlo y modernizarlo de manera gradual y progresiva, garantizando el respeto de los derechos de las personas privadas de libertad”, cita el PCM.
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Lo anterior se debe a que en 2019, a través del decreto PCM-068-2019, se autorizó intervenir con carácter militar los institutos penitenciarios a nivel nacional, dejando suspendidas a las autoridades superiores de estos centros de reclusión.
De acuerdo con los expertos, esta determinación dio como resultado el incremento en las tasas de violencia, delincuencia y crímenes dentro de los centros penales.
“Que a partir de la militarización del Sistema Penitenciario del país se han incrementado los niveles de violencia dentro de los centros penales, la delincuencia organizada ha incidido para que grupos delictivos adopten métodos y apliquen modalidades y características del crimen organizado”, dice el acuerdo.
El INAMI tiene bajo su tutela a más de 1,500 niños en conflicto con la ley.
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Crisis en el INAMI
Días después de la entrada en vigencia del decreto, el abogado Felipe Morales fue removido del cargo como director ejecutivo del INAMI, dejando su puesto en completa disposición para Persi Zaldívar, subcomisionada de la Policía Nacional (PN).
El secretario de Gobernación, Justicia y Descentralización, Tomás Vaquero, fue el encargado de otorgar la dirección de esta institución a Zaldívar el pasado 8 de septiembre.
Ante la decisión engorrosa por parte del Poder Ejecutivo de destituir a Morales del INAMI, EL HERALDO lo contactó y aseveró que esta resolución no debe considerarse dentro de los parámetros legales, porque la Policía no cumple con las asignaciones para defender los derechos de la niñez, sino más bien para reprimir los delitos cometidos.
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“El INAMI es para rehabilitar y reinsertar a los jóvenes que están en conflicto con la ley. Por lo que considero que hay una especie de contradicción por parte del Ejecutivo”, señaló Morales.
Agregó que colocar a personas aisladas de los intereses verdaderos que protegen y favorecen a los menores en conflicto con la ley puede ser perjudicial para la institución. “Los cooperantes que han estado ayudándonos están preocupados porque aún hay proyectos en común. Estábamos trabajando en políticas, servicios y un sistema de seguimiento electrónico de expediente dentro de los juzgados; pero al parecer estas personas quieren hacer las cosas a un lado y a su manera”, dijo.
En cuanto a la incorporación del INAMI en el estado de emergencia, Morales manifestó que fue un error absoluto, debido a que la institución estuvo bajo su cargo en completa solvencia tanto administrativa como financiera.
“Los centros penales notoriamente están en una crisis, pero en el caso nuestro no; superamos todos los problemas que veníamos arrastrando a inicios de año”, aclaró.
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La determinación de pasar la administración del INAMI a la Policía no fue la mejor, coinciden analistas, que recomiendan designar al ente armado a asuntos de seguridad ciudadana.
A criterio de Héctor Espinal, vocero de UNICEF, “de ninguna manera los niños pueden ser expuestos a inseguridades, por cualquier cosa el Estado es el responsable de garantizar sus derechos. La Policía Nacional puede auxiliar, pero no es su mandato constitucional”.En marzo pasado, el INAMI se declaró en crisis financiera a causa de un pago de 66 millones de lempiras que le adeudaba el Patronato Nacional de la Infancia (Pani).
Por su parte, Persi Zaldívar expresó que es inaudito cuestionar su gestión a escasos días de haber tomado la batuta, agregando que por los momentos su cargo tiene vigencia de un año en la institución.
“El PCM es de un año. En este tiempo se van a fortalecer los proyectos establecidos. La extensión de mi cargo dependerá del Consejo de Ministros”, afirmó a EL HERALDO.
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