Tegucigalpa, Honduras
Los operadores de seguridad y justicia ultiman detalles sobre la elaboración del reglamento que regulará el uso de los grilletes electrónicos en privados de libertad de baja peligrosidad.
Así lo confirmó a EL HERALDO el subdirector del Instituto Nacional Penitenciario (INP), German McNeil.
Sin entrar en detalles, el funcionario aseguró que en este momento las autoridades del INP y del Consejo de Defensa y Seguridad se encuentran trabajando en la elaboración de esta herramienta legal.
Hasta ahora, lo que se conoce es que este reglamento establecerá el perfil de los imputados que podrán optar a la pulsera electrónica.
Asimismo, indicará bajo qué estamentos jurídicos legales un juez podrá imponer esta medida a un reo.
Pese a ello, el Poder Ejecutivo todavía no ha sancionado esta reforma al Código Procesal Penal, lo que impide conocer detalles de lo que precisa el reglamento.
Con la puesta en marcha e implementación de los grilletes electrónicos se permitirá descongestionar algunas cárceles que actualmente se encuentran copadas de privados de libertad.
Alquiler
EL HERALDO reveló ayer que serán los privados de libertad los encargados de pagar entre 60 y 600 lempiras por el uso de la pulsera.
Sin embargo, esta determinación ya comienza a generar dudas entre los defensores de los derechos humanos.
Para el caso, Orle Solís, comisionado del Comité Nacional contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (Conaprev), dijo que tiene que ser el Estado como tal quien tiene que hacer la inversión.
“Nosotros hemos recomendado que es una inversión que va hacer el Estado, por asuntos de seguridad, en consecuencia, todas estas disposiciones deben ir encaminados a que el Estado es el contralor directo de la medida”, dijo Solís a EL HERALDO.
Sin embargo, indicó que cuando un juez señala la medida de libertad condicional a un imputado o de preliberación y en algunos casos el pago de conmuta es el privado de libertad quien realiza un gasto.
“En este caso debe ser del Estado en sí, con una participación de la persona que va a recibir este beneficio, todo implica inversión”, dijo.
Una pulsera electrónica en el mercado internacional cuesta más de 40 mil lempiras, y se pretende que 3,500 privados de libertad puedan ser beneficiados con esta medida.
