El tiempo pasa, pero las tragedias en los centros penales siguen ahí, acechando de millares de reos. Las cárceles hondureñas no han dejado de ser bombas de tiempo. La historia lo demuestra.
Desde 2003 hasta la fecha, 547 privados de libertad son los que han fallecido producto de incendios y revueltas en las cárceles hondureñas. A este motín que hasta ayer reportaba el saldo oficial de 13 personas fallecidas hay que sumarle tres más que se han presentado en el transcurso de los últimos nueve años.
El Porvenir
La primera tragedia en registrarse en la historia reciente fue la ocurrida el 5 de abril de 2003 en la granja penal de El Porvenir, Atlántida, donde fallecieron 66 reclusos producto de una matanza que finalizó en un siniestro. Según las investigaciones, el hecho fue producto de una riña entre reos comunes y prisioneros miembros de pandillas.
Cabe destacar que por esta tragedia los 21 implicados cumplen condenas que van desde los tres hasta los 1,035 años de reclusión. También hay que recordar que el Estado de Honduras ha sido obligado a pagar indemnizaciones por la desgracia ocurrida. El segundo siniestro más reciente fue el ocurrido el 17 de mayo de 2004, es decir, un poco más de un año después de el primer percance.
En esta oportunidad fallecieron quemados 107 reos en el penal de San Pedro Sula.
La última matanza en el penal sampedrano producto de un enfrentamiento entre reclusos fue el 14 de octubre de 2011 que dejó un saldo de nueve víctimas y tres heridos.
Penal de Comayagua
Pero la más grande tragedia en un penal, incluso a nivel latinoamericano, ha sido la reportada el pasado 14 de febrero en Comayagua. En este incendio fallecieron 361 privados de libertad. Según las investigaciones preliminares, este siniestro fue provocado de manera accidental producto de una “llama abierta”, tal y como lo explica un informe elaborado por los expertos del Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos (ATF, por sus siglas en inglés). Debido a la magnitud de la tragedia, fue necesaria la ayuda internacional.
Diferentes equipos de expertos forenses provenientes de Guatemala, El Salvador, México, Chile y Perú, entre otros países, ayudaron con el proceso de investigación. Estos expertos se hicieron presentes al país debido a que en muchos de los casos se volvió difícil la identificación de cadáveres. Muchos de ellos requirieron análisis de ADN.
Hasta la fecha hay alrededor de 60 cadáveres que no han sido entregados a sus familiares porque no ha concluido el proceso de identificación. Cabe destacar que en este último caso tanto las autoridades del centro penal como de la Dirección General de Servicios Especiales Preventivos fueron sus pendidos de sus cargos.
