TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) otorgó un recurso de amparo en favor de la exministra de Finanzas, Rocío Tábora, quien pasará a defenderse en libertad en el proceso legal en su contra.
La defensa legal de Tábora había presentado un amparo solicitando la suspensión reclamado en favor de la exfuncionaria debido a su delicado estado de salud.
Rocío Tábora un proceso legal por la compra de siete hospitales móviles durante la pandemia del covid-19, pero que tras las investigaciones se determinó que además de que durante el proceso de compra no se siguieron las normas establecidas, el equipo adquirido fue sobrevalorado y estaba en malas condiciones, constituyendo entonces un acto de corrupción de gran magnitud.
Estos hospitales móviles, que tuvieron un valor de 47,512,564.00 de dólares (más de mil millones de lempiras), fueron comprados a través de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), que era dirigida por Marco Bográn y cuyo gerente administrativo era Alex Moraes.
Luego de que emitieran una orden de captura en su contra, Rocío Tábora se entregó a la justicia hondureña el 10 de mayo para comparecer por la compra fraudulenta de los hospitales móviles.
Problemas de salud
El día en que se presentó para comparecer ante las autoridades, Rocío Tábora llegó acompañada de una enfermera y en silla de ruedas.
Debido a ello, la exfuncionaria se sometió a una evaluación médica en donde tras conocerse los resultados se le concedieron medidas distintas a la prisión preventiva.
La medida de defenderse en libertad que se le había dictado a la exministra de Finanzas, Rocío Tábora, fue revocada desde el pasado -22 de marzo- y nuevamente volvió a prisión.
Cabe recordar que el pasado -16 de enero- un juez del Juzgado de Criminalidad Organizada y Corrupción otorgó el cambio de prisión preventiva a medidas sustitutivas, por lo que Tábora salió de la Penitenciaria Femenina de Adaptación Social (PNFAS) donde se encontraba recluida.
Desde el Instituto Penitenciario Nacional (INP) ordenaron practicarle los cuidados necesarios a favor de Tabora, con el fin que reciba de manera “constante y a tiempo” los medicamentos recomendados para que goce de un buen estado de salud.
Sin embargo, fue hasta el pasado 10 de mayo que tras conocer que se había emitido una segunda orden de captura en su contra por desacato, la exsecretaria de Finanzas, Rocío Tábora, se entregó voluntariamente para comparecer ante los Juzgados donde se le notificó el cambio de sus medidas.
Tábora había permanecido recluida en la Penitenciaría Femenina de Adaptación Social (PNFAS).
Caso hospitales móviles
El caso data del 19 de marzo de 2020, cuando inició la grave crisis sanitaria del covid. En esa fecha, Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) formalizó un contrato para adquirir el primer hospital móvil de los siete planeados para hacer frente a la pandemia.
El costo total de los siete centros médicos ascendió a 1,174 millones de lempiras (aproximadamente 48 millones de dólares), con la expectativa de aliviar urgentemente la saturación hospitalaria pronosticada para los meses siguientes, cosa que nunca se logró con los hospitales móviles porque además de llegar tardíamente no eran adecuados.
La adquisición de estos hospitales se consideraba vital, tomando como referencia el desbordamiento sanitario en otros países más preparados. Bajo la premisa de la emergencia, se realizaron las compras, sin embargo, resultó que no solo no cumplirían su función prevista, sino que también se sobrevaloraron.
