TEGUCIGALPA, HONDURAS. - De principio a fin, la estafa que culminó con la compra sobrevalorada de siete camiones para el Cuerpo de Bomberos, estuvo bien orquestada por un grupo de exfuncionarios de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización.
Bastó una sola reunión en la oficina del exministro Leonel Ayala con las autoridades del Cuerpo de Bomberos y las amenazas y presiones de dos exasesores de Ayala para que el Estado fuera víctima, una vez más, de un vergonzoso saqueo
De acuerdo con el requerimiento fiscal al que tuvo acceso exclusivo EL HERALDO, los imputados se valieron del Decreto Ejecutivo PCM-002-2020, que autorizó al Cuerpo de Bomberos a realizar compras directas de unidades contra incendios, unidades de combate de incendios forestales y herramientas manuales (bombas, mochilas, matafuegos, rastrillos, entre otros) para realizar la millonaria estafa al Estado.
Sospechosamente, los acusados realizaron “acciones engañosas” con “astucia para la consumación de la estafa millonaria”.
“En una reunión preparatoria convocada por el secretario de Estado, Héctor Leonel Ayala, para la compra de los camiones de Bomberos, estuvieron presentes sus asesores Guilfredo Cerrato Santos y Héctor Martín Cerrato, en confabulación con Kerin Francisco Maldonado, como representante en Honduras de la empresa B Safe Security, quien fue presentado por Leonel Ayala como proveedor experto en equipo de bomberos de última generación”, expone la acusación.
Revela que estuvieron presentes, como parte del Cuerpo de Bomberos, José Manuel Zelaya, el gerente administrativo Jhony Francisco Velásquez y la asesora legal Indira Murillo, entre otras personas.
En esa reunión, “Kerin Francisco Maldonado presentó una oferta engañosa, haciendo creer que lo que entregaría al Estado de Honduras serían camiones contra incendios completamente nuevos, de la marca alemana MAN, con tecnología actualizada y de última generación, y con las condiciones necesarias para el combate de incendios en Honduras”.
Sin embargo, el gerente administrativo del Cuerpo de Bomberos, Jhony Francisco Velásquez, les expresó que, pese a tener desde hace mucho tiempo la necesidad de adquirir esos suministros, no contaban con presupuesto para realizar una compra millonaria.
El imputado Leonel Ayala manifestó que “era una decisión del Poder Ejecutivo establecer relaciones comerciales directamente con la empresa B Safe Security y que tenía como propósito ampliar y afianzar las relaciones de amistad con la República de Israel, por lo que debía ejecutarse lo más pronto posible”.
Asesores de Ayala amenazaron a las autoridades del Cuerpo de Bomberos
Para asegurar la estafa, de acuerdo con el Ministerio Público, los asesores y el representante de la empresa israelí, por órdenes de Leonel Ayala, se presentaron en diferentes ocasiones al Cuartel General del Cuerpo de Bomberos de Honduras para ejercer presión para que se iniciaran los trámites administrativos para la compra de los siete camiones.
Los imputados exigieron a José Manuel Zelaya y Jhony Francisco Velásquez identificar fondos y emitir un estudio económico factible para la compra de las unidades, pese a que, desde la primera reunión, los imputados ya habían sido informados de que no se contaba con recursos para la mencionada compra.
No obstante, su insistencia persistía y amenazaron con que, en caso de no cumplirse con la compra a la empresa elegida unilateralmente, serían despedidos.
Para asegurar su plan de estafa, realizaron gestiones para que las alcaldías del Distrito Central y San Pedro Sula realizaran las transferencias de la tasa municipal a las cuentas del Cuerpo de Bomberos, ingresos que hace varios años no les eran transferidos.
La Fiscalía aseguró que los imputados aseguraron su plan defraudatorio “valiéndose de artificios”.
Los Bomberos no se percataron del engaño
El comandante del Cuerpo de Bomberos, José Manuel Zelaya, convencido de que los imputados habían realizado gestiones para que las corporaciones municipales hicieran las transferencias de fondos para ejecutar la compra, y existiendo desde hace mucho tiempo la necesidad de adquirir más vehículos y otros suministros para el combate de incendios, propuso la compra con especificaciones técnicas que ya tenían previamente elaboradas, procediéndose a la firma del contrato millonario.
Zelaya, según el requerimiento, “no se percató de la astucia y engaño con el que venían actuando el proveedor y los exfuncionarios para estafar al Estado de Honduras en $3,300,415.62, equivalente en lempiras a 81,010,658.28”.
Además, “el estafador ofreció, según el contrato, que los suministros serían nuevos, fabricados con material de alta calidad, y otro de los engaños fue que ofreció reponer sin costo alguno cualquier suministro defectuoso o que se dañara prematuramente dentro del período de garantía”.
La estafa fue materializada al entregar los suministros al Estado, ya que no prestaron ningún servicio.
Los siete camiones fueron distribuidos en Francisco Morazán y San Pedro Sula para que prestaran el servicio por el cual habían sido adquiridos, lo cual fue incierto porque presentaron una serie de fallas mecánicas y técnicas, según los informes de los diferentes cuarteles de bomberos donde fueron asignados estos camiones.
Peritaje del Laboratorio de Marcas y Patrones
El engaño fue constatado por el Laboratorio de Marcas y Patrones de la Dirección de Medicina Forense, mediante análisis de las series de chasis, motor y estructura física, es que la carrocería no es de la Marca MAN, como el proveedor ofreció según las ofertas, así como irregularidades en cuanto al estampado de la serie de motores.
“Las fallas e inconsistencias que no han permitido que los camiones presten el servicio cuando el Estado lo requiere en casos de calamidad de incendio evidencian que el plan orquestado por los exfuncionarios y el proveedor únicamente fue con la intención de estafar al Estado y obtener un provecho propio; pese a que el Estado erogó a la empresa israelí B Safe Security la totalidad del pago pactado en el contrato, una cantidad de 81,010,658.28 lempiras”, establece la acusación.
Como parte del plan defraudatorio y engañoso del proveedor, en contubernio con los exfuncionarios imputados, el Ministerio Público constató que la empresa B Safe Security no tiene domicilio en Honduras, no cuenta con permiso de operaciones en ninguna de las alcaldías, ni está inscrita en la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, ni adscrita a la Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
