TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Luego de más de dos años de investigación, la Fiscalía de Honduras acusó al exministro de Gobernación, Justicia y Descentralización, Héctor Leonel Ayala, de fraguar una estafa en la compra irregular de siete camiones para el Cuerpo de Bomberos.
Un Juzgado de Letras Penal de Criminalidad Organizada y Corrupción emitió una orden de captura en su contra, la cual no ha sido materializada, por lo que el funcionario se encuentra en condición de prófugo de la justicia.
Las pesquisas revelan que Ayala no fue encontrado en su residencia en San Pedro Sula durante un operativo ejecutado la mañana de este martes por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y la Policía.
El cuerpo de fiscales sospecha que Ayala está fuera del país, por lo que fue emitida una alerta roja internacional para que la Interpol ayude a ubicarlo y capturarlo.
En noviembre de 2023, mientras la investigación estaba en curso, el exministro posteó en sus redes sociales: “Viajé como normalmente lo hago, por pocos días, por asuntos estrictamente personales. Pronto estaré de regreso”.
Los siete camiones para el Cuerpo de Bomberos fueron comprados a la empresa israelí B Safe Security.
Sin embargo, ninguno de los camiones funcionó.
Leonel Ayala será juzgado con el antiguo Código Penal
El exfuncionario enfrenta cargos por estafa, figura delictiva estipulada en el artículo 240 del antiguo Código Penal (decreto 144-83), en virtud de que la compra de los siete camiones de bomberos se materializó antes de que entrara en vigor el actual Código Penal.
Esa norma penal señala que “comete el delito de estafa quien, con nombre supuesto, falsos títulos, influencia o calidad simulada, abuso de confianza, fingiéndose dueño de bienes, créditos, empresas o negociación o valiéndose de cualquier artificio, astucia o engaño, indujere a otro en error, defraudándolo en provecho propio o ajeno”.
El artículo 241 de la normativa indica que será sancionado con dos a cinco años de reclusión cuando el valor de lo estafado no exceda de 5,000 lempiras, y con cuatro a siete años de reclusión si la cuantía supera los 5,000 lempiras y no excede de 100,000 lempiras.
También castiga con seis a nueve años de reclusión si la cuantía excede los 100,000 lempiras. Además, el acusado será sancionado con una multa igual al 10 por ciento del valor defraudado.
La estafa por la que es acusado Leonel Ayala sobrepasa los 81 millones de lempiras.
En el mismo requerimiento fiscal figuran los señores Guilfredo Cerrato Santos, un exasesor de Leonel Ayala, quien es señalado de complicidad en el delito de estafa.
Asimismo, Kerin Francisco Maldonado, supuesto representante legal en Honduras de la empresa israelí B Safe Security, enfrenta cargos por estafa a título de autor y uso de documento falso.
Ambos fueron detenidos este martes en Tegucigalpa y presentados ante un juez.
Al filo de las 5:30 de la tarde, el Juzgado en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción dictó la medida de detención judicial para los detenidos. La audiencia inicial, en la que se evacuarán las pruebas de la Fiscalía, se desarrollará este viernes 16 de agosto a las 9:00 de la mañana.
En este caso también está prófugo de la justicia el señor Héctor Martín Cerrato Velásquez, quien también fue asesor de Ayala.
