Tegucigalpa, Honduras.- El director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Carlos Hernández, cuestionó que hasta fecha todavía el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) aún no da señales sobre las auditorias a los millonarios fondos entregados a los diputados bajo el concepto de subvenciones en el Congreso Nacional.
“No hay informes, nadie da informes y el Tribunal Superior de Cuentas yo voy a esperar a ver que me dice su informe de este año, tienen que jugar un rol porque son un ente contralor del Estado hay que fortalecerlo”, cuestionó.
Hernández señaló que “en el reciente pasado el tribunal recibió mucha asistencia internacional, fue uno de los entes que más asistencia recibió, pero eso debería de verse materializado en una opción para prevenir la corrupción, para prevenir el gasto excesivo y también para poder hacer propuestas para mejorar este Congreso”.
El titular de la ASJ, recordó que desde la sociedad civil ya se ha hecho publicaciones respecto al actuar del TSC, donde dentro de los hallazgos se develo que el ente contralor se tardaba hasta siete años para resolver un expediente.
“Allí necesitamos tecnificarlos, hay gente buena allí de carrera yo creo que sí pero cuando hablamos con ellos dicen que el informe está, pero si no ha sido aprobado por el pleno no pasa”, asimismo, Hernández lamentó que instituciones como el TSC sea manejadas por partidos políticos y no por personal independiente tecnificado.
El actual Congreso Nacional dirigido por Luis Redondo han entregado solamente en este año (de enero a agosto) por concepto de ayudas sociales y a ONG´s según su portal de transparencia (no ha sido actualizado los últimos tres meses) L177.8 millones a los diputados de los cuales hasta la fecha no existe registro de ninguna liquidación.
Durante este fin de semana, Redondo justifico la entrega discrecional de los jugosos cheques a los diputados, argumentando que su gestión ha pagado a ningún congresista por prestar sus votos o aprobar leyes.
La entrega los bonos bajo la figura de subvenciones a los parlamentarios ha sido fuertemente cuestionada debido a que no existe ninguna ley que regule la entrega, manejo y manera de cómo deben de ser liquidados los fondos, por lo que desde la óptica de diversos sectores esta practica es ilegal y abona a actos desapegados de la ley.
