Según la ASJ, la reforma constitucional en las que se otorgó autonomía de las ZEDE, “violentan postulados constitucionales elementales relativos a la soberanía y forma de gobierno, así como principios fundamentales relativos a la igualdad y el debido proceso entre otros”
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El pronunciamiento reza que “todos los hondureños somos iguales ante la Ley. Esta igualdad es el principio fundamental del Derecho, que va íntimamente ligado al principio de justicia. Otorgar beneficios sociales, económicos, jurídicos, educativos, sanitarios, laborales y culturales mediante las ZEDE constituye privilegios y ventajas en beneficio de algunos y en perjuicio de otros. Esto es inaceptable”.
La ONG recordó que la soberanía se ejerce por tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, que son complementarios e independientes, sin relaciones de subordinación.
Sin embargo, identificó que en el marco legal de las ZEDE, los tres poderes del Estado ceden sus facultades, situación que no es acorde con los postulados constitucionales.
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Además taxativamente irrumpe la independencia del Poder Judicial, pues otorga facultades a órganos administrativos ajenos al Poder Judicial en su quehacer de administración de justicia.
Asimismo, señala que al crear las Zonas sus propios órganos de seguridad interna, incluyendo su propia policía, órganos de investigación del delito, inteligencia y persecución penal, se transgrede el principio de unidad de actuación de la Policía Nacional en todo el territorio nacional y además la independencia del Misterio Público en cuanto a la potestad de representar los intereses generales de toda la sociedad hondureña, en el ejercicio de la acción penal pública.
La representación de la sociedad civil identificó que con las ciudades modelos, el derecho a la propiedad privada se ve claramente amenazado con la posibilidad de expropiación fuera de los parámetros constitucionales y constituye una amenaza para los pueblos indígenas.
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“ Es necesario el respeto a lo establecido en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el respeto de los derechos de los pueblos indígenas y tribales de mantener y fortalecer sus culturas, formas de vida e instituciones propias, así como participar de manera efectiva en las decisiones que les afectan”, indica el comunicado.
Instó a los poderes Ejecutivo y Legislativo para escuchar a la sociedad hondureña y dar marcha atrás a iniciativas que lesionan los intereses de la ciudadanía, procediendo a la derogatoria inmediata de las reformas constitucionales realizadas a los artículos 294, 303 y 329 de la Constitución de la República, así como la Ley Orgánica de las ZEDE y en su lugar promover un proceso participativo de dialogo que permita estructurar mecanismos adecuados de generación de empleo y desarrollo, y fomentar un clima apropiado de negocios y estímulo a la inversión donde todos alcancemos mejores niveles de convivencia y seguridad ciudadana.
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