TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Un equipo de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), biomédicos y fiscales del Ministerio Público (MP) iniciarán este miércoles con la inspección del hospital móvil instalado en Choluteca.
Yuri Mora, portavoz del Ministerio Público, detalló que los fiscales estuvieron el martes revisando la documentación del hospital móvil para proceder este miércoles a la inspección de los contenedores, pues buscan constatar en qué condiciones se encuentra y si “en realidad sirve a pacientes con covid-19, así como el equipo e instalaciones”.
El hospital está en funcionamiento, pero para la atención de pacientes ingresados en la sala de medicina interna y no para covid-19, como era su finalidad.
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La acción es similar a la que el órgano acusador ejecutó en los hospitales instalados en San Pedro Sula y Tegucigalpa, donde constató las incongruencias que existen en los contenedores que finalmente Salud admitió no son aptos para la atención de casos de coronavirus.
En espera
Sobre el proceso contra el exdirector ejecutivo de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), Marco Bográn, y el exgerente administrativo, Alex Moraes, Mora indicó que esperan calendarizar el juicio oral y público.
No obstante, primero tienen que esperar que el circuito de Juzgados en Materia de Corrupción resuelva el recurso de apelación presentado por los abogados defensores de los encausados.
Los exfuncionarios son acusados de dos delitos de fraude y dos de violación de los deberes de los funcionarios, según el Ministerio Público, por su participación en la polémica compra de los siete hospitales móviles en casi 48 millones de dólares (1,174 millones de lempiras).
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Otras acciones
Mora detalló que los fiscales tomaron las declaraciones a dos funcionarios de Invest-H, los cuales se encuentran en “condición de investigados”. “Nos referimos a Roxana Rodríguez, quien verificó y dio paso a la aprobación de uno de los pagos a los hospitales móviles y obvió los procedimientos internos. También Carlos Mondragón”, detalló.
El Ministerio Público no descartó la posibilidad de que los investigados sean incluidos en una ampliación del requerimiento fiscal.
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