Las autoridades del Registro Nacional de las Personas (RNP) argumentan tener la capacidad jurídica y política para sacudirse la negativa influencia del Congreso Nacional en relación al tema de la renovación de la tarjeta de identidad.
Constitucionalmente, le toca al Congreso aprobar el presupuesto asignado al RNP, tanto el ordinario como el político, pero la Carta Magna no le faculta para interferir cuándo, dónde y cómo ejecutar un proyecto de identificación.
Extrañamente, y a seis meses de las elecciones primarias, el Congreso Nacional aún no aprueba la partida para renovar la tarjeta de identidad, cuya vigencia ha tenido que ser prolongada por tres ocasiones.
Desde hace dos años, el RNP planteó al Poder Legislativo la necesidad de renovar el documento, que data desde hace 16 años, pero el proyecto fue engavetado.
En varias ocasiones, el directorio del RNP -formado por Jorge Reina García, Manuel Sagastume y Gerardo Martínez- fue citado al Congreso para explicar los alcances del Proyecto de Modernización Tecnológica, pero los diputados nunca tomaron decisiones.
Intereses y conjeturas
El dejar pasar deliberadamente el tiempo ha provocado una serie de conjeturas que van desde los calificativos de irresponsabilidad, por parte del Congreso, hasta el interés de asfixiar económicamente al RNP.
La estrategia iría encaminada a que, días antes de las elecciones, el RNP se declare incapaz de documentar a 1.5 millones de hondureños por el mal estado de la maquinaria.
Consecuentemente, las elecciones (programadas para el 18 de noviembre) no tendrían los alcances de una afluencia masiva de votantes.
El no tener su tarjeta de identidad a tiempo afectaría a los nuevos votantes y a quienes han tramitado reposición. Entre los dos sumarían 1.5 millones de electores, según el RNP.
La renovación
Pero el Proyecto de Renovación Tecnológica, que no solo incluye la renovación de la identidad, es otro caso.
EL RNP apuesta a cambiar el diseño de la actual tarjeta, hecha a base de un material llamado teslin (de menor calidad) por el de policarbonato, que ofrece mejores condiciones de seguridad.
Con este proyecto el Congreso Nacional que preside Juan Orlando Hernández pretendió aprobar un “negoción” de 700 millones de lempiras.
Fueron las bancadas opositoras las que lograron que el “negoción” no se aprobara.
Según el proyecto del RNP, para este trámite únicamente se requieren 400 millones de lempiras.
Si bien es cierto el Congreso aprueba la partida financiera, el Directorio del RNP es libre para tomar decisiones respecto a la forma de ejecución del proyecto, cuándo, dónde y cómo.
El artículo 1 de la Ley del RNP dice: “El Registro Nacional de las Personas es una institución autónoma con personalidad jurídica, técnica e independiente...”
Ya teniendo la partida en sus manos, ¿está en capacidad el Directorio del RNP de tomar sus propias decisiones sin la influencia del Congreso?, se le preguntó al director Jorge Reina García.
“Nosotros somos una institución autónoma, independiente y de seguridad nacional. Tenemos toda la autonomía para nuestro manejo administrativo, para procesos de cualquier tipo”, dijo.
Según Reina, la principal limitación que tiene el RNP es que está ligado al Congreso por razones presupuestarias.
Si tuviera los recursos a su disposición ni siquiera visitarían a los diputados.
Lamentó el funcionario que el Congreso Nacional no le haya dado la importancia debida al proyecto de renovación desde que fue presentado hace dos años.
Manuel Sagastume, subdirector administrativo, recordó a los diputados que pretenden meter las manos en el proyecto de renovación que “somos un ente autónomo y todo lo que es autónomo sobrepasa lo independiente”.
“El Registro tiene un marco legal que le garantiza tanto a sus autoridades como a sus empleados, cómo es su funcionamiento”, añadió Sagastume, que pertenece a la Democracia Cristiana.
“Lo decimos a los cuatro vientos que somos una institución independiente, de seguridad nacional y registral”, añadió.
El proyecto de renovación procura, además de la sustitución de la tarjeta de identidad, dotar de la suficiente tecnología a las 310 oficinas que tiene la entidad a nivel nacional.
Vencidas 3.5 millones de tarjetas de identidad
Alrededor de 3.5 millones de tarjetas de identidad, emitidas entre 1996 y 2002, están vencidas. Los hondureños portan, en su gran mayoría, una identidad cuyo fotografía dista mucho de los rasgos físicos actuales.
En el año 2007 el Congreso Nacional prorrogó por dos años la vigencia de las identidades emitidas en 1996. La razón: falta de presupuesto.
Al terminar las elecciones de 2009, era necesario impulsar el proyecto de renovación que ya tenía diseñado el Directorio del RNP, pero nuevamente el Congreso prolongó la vigencia.
El Directorio del RNP, al concluir la vigencia aprobada por el CN a mediados del año pasado, aprobó por su cuenta una nueva vigencia que venció en diciembre de ese mismo año.
Por ahora, la identidad no está vigente aunque circula legalmente, según las autoridades del RNP. En ese sentido, son aproximadamente 3.5 millones de tarjetas las que no están legales.
El Congreso aprobó un nuevo decreto de prórroga pero no fue publicado en La Gaceta.
