Las autoridades del Hospital Mario Mendoza se ponen a la disposición para que la Fiscalía realice una investigación.
“El hospital tiene las puertas abiertas para cualquier investigación que haga e l Ministerio Público (MP)”, declaró ayer a EL HERALDO la directora del centro asistencial para pacientes con problemas psiquiátricos, América Chirinos.
Lo anterior se desprende luego de que en un informe de la Fiscalía se revelara que existió una sobrevaloración en compras de insumos médicos y medicamentos en los 18 departamentos del territorio nacional.
Según pesquisas, funcionarios y empresas farmacéuticas montaron una presunta estructura de corrupción para agenciarse más de 110 millones de lempiras producto de las compras sobrevaloradas.
En la Región Metropolitana de Salud de Francisco Morazán se señala a tres hospitales públicos.
Más de 65.5 millones de lempiras se adjudicaron el Instituto Nacional Cardiopulmonar, mejor conocido como Hospital del Tórax, el Hospital General San Felipe y el Hospital Mario Mendoza.
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El perjuicio contra el Estado, producto de las compras sobrevaloradas, comprende del período 2008 a 2015.
La galena expresó que no estuvo al frente del centro asistencial durante el período señalado ya que asumió a finales de 2015.
Chirinos manifestó que no brindará más declaraciones al respecto para no entorpecer las investigaciones que realice el órgano investigativo.
A su vez, indicó que el hospital no compra medicamentos directamente sino que eso es responsabilidad de la Secretaría de Salud.
También informó que en los últimos tiempos el hospital ha estado sometido a constantes auditorías por parte de las autoridades. Según Chirinos, será la Fiscalía la encargada de deducir responsabilidades en caso de encontrar indicios y proceder conforme a la ley.
La investigación en poder del MP, a la que tuvo acceso EL HERALDO, también establece la presunta participación de unos 600 funcionarios públicos que se desempeñaron cargos en hospitales, regiones departamentales y metropolitanas del país.
Solo en Francisco Morazán se identificó un perjuicio de más de 10.8 millones de lempiras en los procesos irregulares.
