Al inaugurar la audiencia, la presidenta de la CIDH, Antonia Urrejola Noguera, dijo que 'el hemisferio se encuentra en un punto de inflexión caracterizado por el deterioro generalizado del debate público'. Al cierre, el relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Pedro Vaca, retomó el tema del debate público y agregó la alfabetización digital y moderación de contenidos en el internet, como parte de la agenda a futuro.
En la audiencia ' Moderación de contenidos en internet y libertad de expresión en las Américas', Jorge Canahuati, presidente de la SIP, expresó que la organización es partidaria 'de la autorregulación de las empresas informativas privadas y, por extensión, también de las plataformas digitales'; sin embargo, indicó que estas 'deben crear mecanismos más eficientes de rendición de cuentas sobre moderación de contenidos, cancelaciones y buenas prácticas'.
Respecto a la cancelación de contenidos del expresidente Donald Trump en redes sociales, caso que motivó el debate público, Canahuati reiteró que la SIP consideró que se trató de 'un abuso de privilegio por parte de las plataformas, que hayan bloqueado en forma indefinida las expresiones de una persona pública'.
Añadió que 'presuponer delitos o faltas que todavía no ocurrieron, sin considerar el principio de responsabilidad ulterior, es censura previa'.
Subrayó que 'como parte de una política de autorregulación a la que nos exhorta la Declaración de Salta de la SIP, esas políticas, buenas prácticas, criterios de curación y otras normas comunitarias deben cumplir con estándares internacionales de derechos humanos; deben ser claros, transparentes, inteligibles y abiertamente comunicados a todos los usuarios, así como promovidos en campañas permanentes de alfabetización digital'.
Canahuati, presidente de Grupo Opsa, de Honduras, fue acompañado en la audiencia por el presidente de la Comisión de Libertad de prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet. Alertó del peligro sobre 'el movimiento de legisladores en varios países' que buscan 'regular a las redes sociales' o que los gobiernos incentiven mecanismos supranacionales, 'ya que suelen embarrarse en discusiones entre países democráticos y autoritarios', tras las cuales, se 'termina por establecer restricciones a la libre expresión'.
Durante la exposición de Canahuati, la SIP recomendó el siguiente camino: 'autorregulación antes que regulaciones estatales; que dicha autorregulación sea sobre la base de estándares internacionales de derechos humanos, garantizando transparencia, debido proceso, derecho a defensa y apelación en etapa administrativa y judicial, y rendición de cuentas; que las normas de comunidad (por su carácter de reglas de adhesión) sean sometidas a control previo de cumplimiento de los referidos estándares de derechos humanos, y que se habiliten vías rápidas en los sistemas judiciales para agilizar el derecho de defensa'.
Por último, en el marco de otros temas que afectan el ecosistema digital y la sustentabilidad de los medios de comunicación en una democracia, y a la luz de una ley en Australia que obliga a las plataformas digitales a pagar a los medios por los contenidos periodísticos que difunden, Canahuati exhortó a la CIDH a seguir buscando un equilibrio entre plataformas y medios de comunicación sobre derechos de autor. Pidió a la CIDH solicitar a la Corte Interamericana una opinión consultiva sobre el tema.
